La Fiscalía de Menores de Sevilla ha vivido este lunes una nueva jornada de interrogatorios por el presunto caso de bullying de Sandra en el entorno escolar de las Irlandesas de Loreto, donde estudiaba. Hoy le ha tocado el turno a las … tres presuntas acosadoras de la niña de 14 años que el pasado mes de octubre se quitaba la vida tras precipitarse desde la azotea de su casa en la calle Rafael Laffón, ubicada junto al propio centro educativo.
Poco ha trascendido de las declaraciones de las tres menores, que han permanecido por cuatro horas en las dependencias del Ministerio Público, que sigue adelante con las tres causas abiertas: el presunto caso de bullying, la actuación del centro ante los episodios denunciados y el acoso en las redes a estas tres menores. Estaban citadas a las 9.30 horas y han salido del garaje de la Fiscalía, ubicada en la avenida de la Buhaira, sobre la una y media.
La cita de este lunes se produce después de que la semana pasada comparecieran ante la Fiscalía en calidad de testigos perjudicados los padres de Sandra, en un encuentro que también se prolongó durante cuatro horas en el que pidieron una sanción «contundente y ejemplarizante» para el colegio en el que estudiaba, las Irladensas de Loreto. Ese día, además, estaban citados el director del colegio, Francisco Suárez, la jefa de estudios, la orientadora y la tutora. Todos ellos, al igual que los padres de la menor, rehusaron entonces hacer declaraciones a los medios.
Sí habló a los periodistas el tío de la menor y portavoz de la familia, Isaac Villar, quien manifestó que los progenitores habían asistido «con la tranquilidad de que contarán la verdad; también con malestar, por tener que volver a revivirlo todo» e indicó que la familia «se ha sentido siempre muy arropada por la Junta de Andalucía, por la Consejería -Desarrollo Formativo y Formación Profesional-, y muy especialmente por el Defensor del Pueblo», por lo que confiaban «plenamente en que la Junta esté a la altura y sea contundente a la hora de tomar esta decisión en la comisión de conciliación para el tema de la sanción administrativa».
En opinión de la familia, «no puede haber otra sanción que no sea la más alta, porque los errores que se han cometido en el centro escolar han provocado la decisión que tomó mi sobrina de quitarse la vida: es la lucha nuestra o el hecho de estar aquí también, que es para que esto no se repita».
La investigación del caso sigue abierta tras la entrega por parte de la Policía Nacional a la Fiscalía de Menores del informe sobre acoso escolar que, supuestamente, sufrió la joven sevillana en el centro en el que cursaba sus estudios.