«Corrupción cero: cero días sin un nuevo escándalo«. En la serie de sátira política Servidor del Pueblo este tipo de frases eran recurrentes. Las decía su protagonista Vasyl Holoborodko, un profesor de historia que se convertía en presidente de Ucrania. El actor que interpretaba ese papel, Volodímir Zelenski, convirtió esa ficción en una realidad al utilizar un humor muy parecido para su campaña a la presidencia. «¿Es posible llegar a ser presidente sin robar? Es una pregunta retórica, ya que nadie lo ha intentado hasta ahora», bromeaba antes de ganar las elecciones en 2019.
Las promesas de Zelenski de luchar contra la corrupción lo impulsaron a la presidencia y sustentaron una gran parte de sus políticas hasta la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022. Pero, mientras el país se prepara para uno de los inviernos más duros desde el inicio de la guerra, el mandatario está viviendo uno de sus mayores baches políticos.
Esta semana ha salido a la luz un escándalo de corrupción dentro del sector energético que ha alcanzado al círculo íntimo del presidente y que amenaza con poner en peligro el apoyo de los ucranianos a pocos meses de que se cumpla el cuarto aniversario del inicio de la invasión a gran escala.
Hasta el momento, cinco personas han sido arrestadas y otras siete están bajo sospecha. Además, dos ministros abandonaron sus puestos en el Gobierno a petición de Zelenski. El mandatario confirmaba este miércoles la salida del ministro de Justicia, German Galushchenko, y la titular de Energía, Svitlana Hrynchuk.
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Además, el líder ucraniano también anunció sanciones contra otras personas implicadas en la llamada Operación Midas. Uno de ellos es Timur Mindich, un empresario muy cercano a Zelenski y propietario de la productora Kvartal 95, propiedad del presidente. Según las investigaciones llevadas a cabo por la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO), Mindich es uno de los cabecillas de la trama de corrupción.
Las informaciones apuntan a que el empresario dirigía una red con la que malversó cerca de 100 millones de dólares a base de extorsiones a subcontratistas de la empresa Energoatom para seguir trabajando como proveedores. El lunes, Timur Mindich huyó del país antes de que las autoridades empezaran los operativos de búsqueda y los registros en los domicilios de los sospechosos.
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Volodímir Zelenski, según la investigación, no está implicado en el caso, pero su cercanía con los presuntos implicados ha sacudido el entorno político del país. «Algunos son sus amigos, y otras personas con las que se reunía incluso antes de convertirse en presidente, y también vinculadas a los negocios que tenía antes de llegar a la presidencia», explica Valeriia Radchenko, directora de comunicación de la ONG ucraniana Centro de Acción contra la Corrupción (ANTAC), en entrevista con El Confidencial. «Zelenski podría perder en las elecciones que se celebrarán después de la guerra, porque ahora no es posible celebrarlas. Pero todo depende de sus próximos pasos«, añade.
La trama de corrupción ha provocado un especial rechazo entre la población ucraniana porque las personas implicadas recibían sobornos de los contratistas que construían las defensas que protegen las instalaciones energéticas de Ucrania de los ataques rusos. «Una parte de este dinero ilícito fue sustraído de construcciones que debían proteger plantas energéticas, pero que no se construyeron a tiempo«, aclara Radchenko.
La indignación ucraniana
Este viernes, Rusia lanzó 430 drones y 18 misiles contra la capital, donde varios barrios se quedaron sin luz ni calefacción. Es el ataque más reciente por parte de las fuerzas del Kremlin dentro de una ofensiva contra la infraestructura que promete recrudecerse en los próximos meses. «La situación es extremadamente difícil para todos los ucranianos, que deben soportar apagones, ataques rusos y pérdidas humanas. Es absolutamente inaceptable que se produzcan fraudes en el sector energético», dijo Zelenski este miércoles.
En el ámbito político, la trama ha provocado una ola de indignación. «La magnitud del escándalo, la sensación de impunidad entre los implicados… todo eso es muy difícil de aceptar cuando hay gente muriendo en el frente. Al leer estas historias, no puedo evitar pensar que ese dinero podría haberse destinado a la defensa, a la infraestructura energética, a las fortificaciones», lamentó Inna Sovsun, diputada del partido opositor Holos y miembro de la comisión de energía del Parlamento ucraniano.
El momento en el que ha salido a la luz la investigación tampoco es el mejor para el presidente Zelenski. Además de los ataques contra la infraestructura energética, las fuerzas rusas están avanzando en frentes estratégicos del Donbás y están a punto de tomar zonas importantes como la ciudad de Pokrovsk.
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Por otro lado, la tensión está latente entre el Gobierno y las organizaciones de la sociedad civil. En julio pasado, Zelenski anunció que pondría fin a las agencias de anticorrupción NABU y SAPO, justificando la medida como necesaria para librarlas de la “influencia rusa”. La posterior aprobación de esta medida por parte del Parlamento provocó protestas masivas contra el gobierno —las primeras en Ucrania desde que Rusia inició la invasión a gran escala— y la condena de aliados internacionales, incluida la Unión Europea. Finalmente, el presidente decidió restablecer la autonomía de ambas agencias mediante la aprobación de una nueva ley.
Ahora, todos los ojos están puestos en cómo el mandatario actuará ante este nuevo escándalo. «Esta investigación representa una amenaza directa y arroja una sombra sobre todo el Gabinete. Zelenski comparte la responsabilidad de la situación por su cercanía con los implicados. Ahora se requiere una respuesta firme«, apunta Kateryna Ryzhenko, directora ejecutiva adjunta de Transparencia Internacional Ucrania, a este periódico.
Dentro de esa respuesta, subraya la necesidad de que todos los funcionarios que sean mencionados en la investigación sean destituidos, independientemente de su cargo dentro de la administración. Ryzhenko también incluye en esta lista el fin de la presión política o persecución contra activistas anticorrupción o medios independientes en relación con este u otros casos. Y hace referencia a la detención de algunos detectives por una presunta violación del procedimiento para exigir la liberación.
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Finalmente, pide que el Gobierno de Ucrania demuestre un progreso real en las recomendaciones sobre el Estado de derecho enviadas por la Unión Europea. En la misma línea se posicionó Valeriia Radchenko, que detalla en entrevista con este periódico la necesidad de garantizar «una competencia abierta para elegir al fiscal general, que es la figura principal en la aplicación de la ley»https://www.elconfidencial.com/mundo/2025-11-17/zelenski-acorralado-un-escandalo-corrupcion-sacude-circulo-intimo-presidente_4247678/.»Solo alguien en ese cargo puede garantizar que los casos futuros de corrupción y otros casos criminales se lleven a cabo con integridad y sin influencia política», sostiene.
La miembro del Centro de Acción contra la Corrupción (ANTAC) no cree que se repitan las manifestaciones de julio por este nuevo caso de corrupción, pero insiste en que todo depende de las próximas medidas del Gobierno ucraniano. «Zelenski tiene la oportunidad de demostrar a la gente que continúa en el camino hacia la UE y que realmente quiere hacer algo bueno por el país», destacó.
Sin temor a investigar
Uno de los desafíos que enfrenta la población de Ucrania es encontrar un punto medio entre la necesidad de justicia y rendición de cuentas política, y mantener una estabilidad interna en medio de una guerra. Varios analistas han apuntado en otras ocasiones que una crisis política incontrolable sería la peor noticia para el país, y por eso no se han celebrado todavía elecciones presidenciales.
Además de la seguridad y del gran número de refugiados que siguen residiendo en otros países, el miedo a un cambio de gestión después de casi 4 años de invasión han frenado las iniciativas para adelantar el proceso electoral.
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En esta última semana, Ucrania ha pasado de combatir a las fuerzas rusas a abrir un nuevo frente. Esta vez, provocado por sus propios funcionarios y personas con influencia política y económica. Kateryna Ryzhenko afirma a este periódico que la ‘Operación Midas’ ha dañado la cohesión social y la confianza del país hacia sus instituciones.
Pero también ha demostrado la eficacia y evolución de los organismos anticorrupción. «La gente ve que sus protestas de julio en apoyo de la independencia de las instituciones anticorrupción no fueron en vano. Resulta inspirador que Ucrania haya logrado crear instituciones que no temen investigar la corrupción, incluso al más alto nivel», concluye