La concejala del gobierno de Carolina Darias, edil de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Inmaculada Medina (PSOE), ha renunciado a su acta tras ser imputada dentro de la investigación del caso Valka por una … presunta malversación de caudales públicos.

En una comparecencia, Medina renunciaba al cargo «por responsabilidad y, sobre todo, por respeto a esta institución, a este grupo de Gobierno, al Partido Socialista y a los ciudadanos de la capital que durante todos estos años me han otorgado su confianza», como ha expresado ante los medios.

Arropada por varios de los concejales municipales, Medina ha asegurado que «las circunstancias actuales le exigen dar un paso al lado, matizando que lo hace para no perjudicar ni al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ni al PSOE». Aunque ha matizad que aún no le han sido notificados los hechos que se le imputan, no debe «seguir desempeñando sus funciones».

«Quiero disponer de plena libertad para que, una vez reciba la notificación, poder dedicarme a mi defensa. Confío en la Justicia y sé que hará su trabajo con todas las garantías», ha dicho.

A Inmaculada Medina se la investiga dentro de una presunta trama de corrupción en el Área de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria desde 2015 y 2022. Se le vinculan, junto al jefe de la unidad técnica de Parques y Jardines delitos de prevaricación administrativa, prevaricación urbanística, tráfico de influencias, entre otros.

Ambos están investigados como supuestos autores de delitos de malversación de caudales públicos agravado por perjuicio superior a 250.000 euros, en concurso medial con delito de falsedad en documento público, delito de prevaricación administrativa y delito de fraude a la administración.

La trama emitía facturas falsas y sobrecostes superiores al 70% del consumo real en agua, sin verificación técnica ni control material del suministro, además de un modus operandi donde la manipulación de los pliegos de prescripciones técnicas permitió crear un marco contractual artificial que legitimaba la facturación «inflada» por parte de la empresa adjudicataria, eliminando en la práctica los controles técnicos exigidos por la Ley de Contratos del Sector Público, para encubrir la desviación sistemática de fondos públicos, con la connivencia de los responsables técnicos y políticos municipales, según apunta el juzgado.

En el punto de mira en otra investigación

La concejala Inmaculada Medina, miembro del Consejo de Administración de Sociedad Mercantil Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, está también en el punto de mira de la investigación que estudia la adjudicación a tres sociedades administradas por una misma persona de 34 contratos a dedo por valor total de 354.517,04 euros del ayuntamiento socialista de Las Palmas de Gran Canaria.

La investigación, a cargo de la Fiscalía Anticorrupción, apunta a la «existencia de prácticas potencialmente contrarias a la normativa de contratación pública y a los principios de transparencia, libre concurrencia, igualdad de trato y eficiencia», tal y como informó ABC el pasado mes de agosto.