La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, está por la labor de que el próximo sistema de financiación autonómica penalice a las comunidades autónomas cuyos gobiernos hayan optado por bajar impuestos. Su argumento es el siguiente: «La relación entre el Estado … y las comunidades autónomas no puede basarse en que es gratis pedir y es reprochable no dar. Si uno necesita más tiene que estar dispuesto a apoyar al que toma medidas para que tenga más», ha dicho este lunes Montero, que consideró una anomalía que haya comunidades autónomas con más recursos que decidan bajar impuestos arrastrando, supuestamente, a otras que no los tienen a hacerlo también para no perder competitividad y recordó que si el Gobierno hubiera deflactado el IRPF como exige el PP e hicieron algunas comunidades autónomas el dinero que estarían recibiendo estas de las entregas a cuenta sería menor.
La realidad es que pese a la insistencia de la vicepresidenta en sugerir que las rebajas de impuestos «le salen gratis» a las comunidades autónomas que las ejecutan eso no es así, ya que, como recuerda a ABC el inspector de Hacienda y coautor de ‘La factura del cupo catalán’, Francisco de la Torre, las autonomías que deciden bajar impuestos «se quedan sin esos menores ingresos, cuyo impacto soportan íntegramente con sus recursos presupuestarios, de modo que cada euro de rebaja de impuestos es un euro menos para la hacienda autonómica». Además, la rebaja de su capacidad fiscal respecto a los ingresos que deberían percibir en ausencia de esas medidas penaliza a las autonomías más ricas, que reciben recursos del Fondo de Competitividad.
Montero desgranó esta argumentación poco después de decir que el aumento de la corresponsabilidad fiscal será una de las «vigas maestras» que sostendrá su propuesta de nuevo sistema de financiación autonómica, que Hacienda ya tiene perfilada, como avanzó ABC a finales de agosto, y que Montero planea presentar en un plazo no superior a tres meses, «entre enero y febrero», dijo ayer. La ministra entiende que ese es el plazo razonable para ajustar las grandes cifras que garantizarán que, como prometió ayer, todas las comunidades autónomas salgan beneficiadas y todas reciban más recursos de los que reciben a día de hoy.
Evitó, no obstante, comprometerse de forma explícita, tanto ante los gobiernos autonómicos como después antes los medios de comunicación, con la cifra de 16.000 millones de euros que estimó como infrafinanciación demostrada de las comunidades autónomas con el actual sistema cuando era consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía.
Más IRPF e IVA para las CC.AA.
Lo que sí confirmó es que el modelo en que está trabajando prevé aumentar el actual régimen de cesión de impuestos a las CC.AA. A día de hoy, el sistema de financiación autonómica prevé la transferencia a las comunidades autónomas del 50% de la recaudación del IRPF y del IVA, y entre el 58% y el 100% de los impuestos especiales. Montero no ha especificado los porcentajes pero sí ha admitido que la propuesta de Hacienda prevé una mayor participación de las comunidades autónomas en esos grandes impuestos y también el ensanchamiento de esa cesta con impuestos cuya recaudación ya reciben las autonomías pero que no forman parte del sistema en la actualidad.
Montero ha descartado que se vayan a crear nuevos impuestos para mejorar los ingresos del sistema, pero sí ha sugerido la posible incorporación al mismo del impuesto a la banca, si bien según varios consejeros en la reunión a puerta cerrada ha reconocido que la actual distribución de la recaudación de este -acordada in extremis en su día con Junts para sacar adelante el último paquete fiscal del Gobierno- no le termina de convencer.
A la salida de la reunión los consejeros del PP cargaron particularmente contra el esquema de negociación por el que Hacienda ha optado para dar los últimos toques a su propuesta de nuevo sistema de financiación, que según avanzó la ministra «reconocerá las singularidades y particularidades de los territorios», lo que responde a las ambiciones de Cataluña, y que además se negociará con las autonomías afectadas de forma bilateral. Por contra, la propuesta no se someterá al Consejo de Política Fiscal y Financiera hasta que ya esté totalmente perfilada en esa negociación bilateral, lo que indignó sobremanera a los gobiernos del PP que consideran que se les ha excluido del diseño de un sistema de financiación que afectará a todas.
Un déficit de una décima
El Consejo de Política Fiscal y Financiera de este lunes ha servido también para aprobar el objetivo de estabilidad que se exigirá a las comunidades autónomas en los próximos tres años, que será de un déficit del 0,1% del PIB. Exactamente el mismo objetivo que se había planteado hace un año y uno mucho más liviano del que resultaría de la aplicación estricta de la regla de gasto prevista en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que obligaría a la mayoría de las regiones a presentar superávit como recalcó la Autoridad Fiscal.
El objetivo salió adelante con el único apoyo del Estado que lo presentó y las comunidades autónomas gobernadas por los socialistas.