Estados Unidos ha bautizado como «Lanza del Sur» la campaña militar que lleva a cabo desde el pasado verano en aguas del Caribe y el Pacífico oriental, una operación que, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, ha desencadenado una oleada de ataques contra embarcaciones procedentes de Venezuela y ha elevado la tensión regional.
El anuncio de la iniciativa lo realizó el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, en la red social X. Explicó que las acciones estarán coordinadas por un grupo de trabajo conjunto y el Comando Sur, responsable de las operaciones militares de Washington en América Central y del Sur. Aunque sin detallar la magnitud del operativo, el mensaje coincidió con la llegada al Caribe del portaaviones USS Gerald R. Ford, el mayor del Pentágono, acompañado de su grupo de ataque —más de 4.000 marineros y decenas de aeronaves—, además de buques de guerra, un submarino nuclear y cazabombarderos ya desplegados en la zona.
La escalada empezó el pasado 8 de agosto, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó el uso de la fuerza militar contra carteles latinoamericanos, designados por su Administración como organizaciones terroristas.
El primer ataque, el 2 de septiembre, habría tenido como blanco una lancha que transportaba a 11 miembros del Tren de Aragua —organización que EE.UU. considera terrorista—, supuestamente en ruta hacia el norte con cargamentos de cocaína. Ninguna de las afirmaciones ha sido acompañada de pruebas verificables, y las operaciones han sido calificadas por Caracas de «bombardeos extraterritoriales» contra civiles. EE.UU. también ha dirigido sus ataques en las últimas semanas contra el conocido como Cartel de los Soles, al que también planea declararlo organización terrorista
Desde entonces, se han acumulado los ataques, tanto en el mar del Caribe como en el Pacífico Oriental, principalmente en aguas internacionales y en varias ocasiones cerca de las costas de Venezuela.
La ofensiva tiene además un fuerte impacto diplomático. Al presidente de Colombia, Gustavo Petro —cuya política de sustitución de cultivos ilegales ha irritado a Washington—, se le retiró en septiembre el visado tras participar en un acto propalestino durante la Asamblea General de la ONU. Ese mismo mes, Estados Unidos excluyó a Colombia de su lista de países cooperantes en la lucha contra el narcotráfico, pese a ser el mayor productor mundial de cocaína. La medida fue interpretada como una señal de distanciamiento político respecto a Bogotá. Más tarde, en octubre, retiró a Colombia la ayuda financiera estadounidense.
Las tensiones se agravaron aún más cuando el Departamento de Guerra estadounidense envió el 10 de noviembre tropas terrestres a Panamá para realizar maniobras en la selva, algo inédito en décadas. Dos días después, Venezuela anunció una movilización de 200.000 militares en todo su territorio como parte de unos ejercicios destinados a «responder a las amenazas de Estados Unidos», y la escalada belicista aún subió otro escalón con las maniobras militares norteamericanas en Trinidad y Tobago, isla a 11 kilómetros de la costa venezolana.
El movimiento consolida el mayor despliegue militar estadounidense en el Caribe en décadas, comparable solo, según fuentes diplomáticas, con las operaciones navales de la primera guerra del Golfo (1990-1991). Washington sostiene que el objetivo es golpear las rutas marítimas del narcotráfico vinculadas, según su versión, al Gobierno de Nicolás Maduro, a quien acusa de encabezar el llamado Cartel de los Soles. La Administración Trump declaró en julio esa red como organización terrorista y mantiene una recompensa de 50 millones de dólares por la captura del presidente venezolano.