La Moncloa, Madrid
El ministro Carlos Cuerpo, las ministras María Jesús Montero y Pilar Alegría, y el ministro Ángel Víctor Torres, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. (Pool Moncloa/José Manuel Álvarez)
El Consejo de Ministros ha aprobado el límite de gasto no financiero de los Presupuestos Generales del Estado para 2026, así como los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el conjunto de las administraciones públicas en el período 2026-2028.
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha destacado que el Ejecutivo cumple así con el «primer hito fundamental» del proyecto de Presupuestos que, «como hemos dicho en reiteradas ocasiones, vamos a presentar porque van a ser buenos para el conjunto de la ciudadanía».
Esos Presupuestos -ha añadido- serán «expansivos y responsables»: seguirán reforzando el estado del bienestar y los servicios públicos para abordar problemas como el del acceso a la vivienda y, a la vez, cumplirán con las reglas fiscales para continuar reduciendo la deuda y el déficit públicos. La vicepresidenta ha asegurado que se trata de la misma «hoja de ruta» de las cuentas públicas anteriores, que han convertido a España en motor de la economía europea, han posibilitado medidas como la revalorización de las pensiones, el incremento del SMI y el despliegue de un «escudo social» frente al impacto de la pandemia y la guerra de Ucrania y se han basado en una política fiscal «progresista y redistributiva».
El límite de gasto no financiero crece un 8,5%
El techo de gasto nacional, es decir, sin los fondos europeos, se fija en 212.026 millones de euros, un 8,5% más que en el año 2025. «Se trata de un incremento significativo, pero también prudente, acorde con el cumplimiento de las reglas fiscales y la reducción de déficit comprometida», ha señalado la ministra de Hacienda. Incluyendo los fondos europeos, el límite de gasto no financiero alcanza los 216.177 millones, también un 8,5% más.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/José Manuel Álvarez
María Jesús Montero ha remarcado que 2026 va a ser el último año en que los Presupuestos incorporen recursos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, «una herramienta fundamental para transformar nuestro modelo productivo». En total, España ha recibido ya 5 desembolsos de estos fondos, lo que supone más de 55.000 millones de euros en transferencias. Esta cantidad representa en torno al 70% del total previsto y sitúa a España como el primer país de la UE en volumen de fondos no reembolsables obtenidos.
La vicepresidenta ha apuntado también que el techo de gasto incluye una transferencia de 22.881 millones de euros a la Seguridad Social para cumplir con las recomendaciones máximas del Pacto de Toledo. «Se trata de una muestra más del compromiso del Gobierno con la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones», ha manifestado.
Menos déficit público y más capacidad de gasto para las comunidades autónomas
El objetivo de déficit del conjunto de las administraciones públicas para el próximo año se fija en el 2,1% del Producto Interior Bruto (PIB), 4 décimas menos que la previsión de déficit para 2025. Para los dos años siguientes, el objetivo se establece en el 1,8% y el 1,6%. Montero ha recalcado que, desde que se alcanzó el pico de déficit en la pandemia, el Ejecutivo lo ha reducido en un 70%. «En este momento tenemos un déficit inferior al de países como Francia o Italia», ha señalado. Y según las últimas previsiones de la Comisión Europea, España cerrará este año con un déficit menor al de Alemania, algo que no ocurría desde hace 20 años.
La vicepresidenta ha detallado que el peso de la reducción del déficit recae sobre todo en la Administración Central. De hecho, la mayor parte de ese déficit corresponde a la transferencia a la Seguridad Social y a la distribución a las comunidades autónomas de la recaudación del impuesto a la banca.
Las comunidades autónomas, por su parte, mantienen el mismo objetivo de déficit para todo el período 2026-2028: un 0,1% del PIB. «Teniendo en cuenta que recibirán los mayores ingresos de su historia del sistema de financiación, tendrán en la práctica más capacidad de gasto y mayor margen fiscal», ha sostenido. Las entidades locales mantendrán equilibrio presupuestario durante todo el período, y en 2026 recibirán las mayores entregas a cuenta de la historia. Por último, el objetivo de déficit de la Seguridad Social será de 2 décimas en los años 2026 y 2027 y de una décima en 2028.
La vicepresidenta primera ha recordado que, si el Congreso de los Diputados rechaza esta senda de estabilidad, los gobiernos autonómicos perderán 5.485 millones de euros en los próximos 3 años.
En cuanto al objetivo de deuda pública para el conjunto de las administraciones públicas, se situará en el 100,9% del PIB en el año 2026, en el 100% en el 2027 y en el 99,1% en 2028. Montero ha subrayado que la deuda pública se ha reducido en 22 puntos desde el primer trimestre de 2021, mejorando las previsiones, lo que se refleja en la valoración de las agencias de calificación.
Revisión al alza de la previsión de crecimiento económico
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, durante su comparecencia en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/José Manuel Álvarez
El titular de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha presentado en el Consejo de Ministros la actualización del cuadro macroeconómico, que eleva hasta el 2,9% las previsiones de crecimiento para este año, mantiene en el 2,2% la del 2026 y en el 2,1% la de 2027 y la de 2028.
El ministro ha argumentado que «a pesar del incierto contexto internacional y de la situación de desaceleración de los principales socios europeos, España mantiene un crecimiento dinámico y resiliente gracias a un modelo equilibrado y responsable», y ha recordado que la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y otras entidades como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal también han actualizado al alza sus previsiones y las mantienen por encima del 2% a medio plazo.
Carlos Cuerpo ha apuntado que España está en una situación de liderazgo entre las grandes economías europeas y mundiales, seguirá liderando el crecimiento este año y se prevé que doble la tasa de crecimiento de la zona euro en el año 2026.
Durante su intervención, el ministro ha destacado el protagonismo del consumo privado y de la inversión como elementos que determinan las previsiones de crecimiento. Respecto al consumo privado ha señalado su fortaleza, que se asienta sobre un mercado laboral fuerte no sólo en términos de aumento del empleo, sino también de recuperación progresiva del poder adquisitivo de los trabajadores. Además, ha recalcado el papel de la inversión productiva en materia de innovación y de construcción, siendo esta última clave «para ir recomponiendo la oferta pública de vivienda en condiciones asequibles».
Asimismo, Carlos Cuerpo ha indicado que el aumento del empleo ha estado acompañado de una mejora de la productividad: «En el periodo 2019-2024, la productividad por hora creció un 40% más que en el periodo 2013-2018».
El ministro también se ha referido al dinamismo del mercado de trabajo y a las proyecciones del Gobierno de crear 450.000 puestos de trabajo de media al año, lo que se traducirá en una reducción de la tasa de paro hasta el 9% en 2028. La mayor productividad y el crecimiento del empleo supondrán, según Cuerpo, una caída de la desigualdad. Además, ha indicado que, con una tasa de desempleo juvenil similar a la existente en 2002, la tasa de abandono escolar se ha reducido al 12,6%.
Indicadores de pobreza y desigualdad
La principal novedad del cuadro macroeconómico, que pasa a denominarse cuadro económico, es que incorpora por primera vez proyecciones de reducción de la desigualdad y la pobreza, ha subrayado Cuerpo: «Gracias a este crecimiento equilibrado pasamos de la macro a la micro, siendo conscientes de que queda camino por recorrer».
En concreto, estas previsiones permiten relacionar cómo afecta el crecimiento del PIB, la productividad o la reducción del desempleo a la distribución de la renta y al bienestar de los ciudadanos.
Los indicadores de referencia son el índice Gini, que es un índice agregado de desigualdad de la distribución de ingresos; el indicador de desigualdad 80/20, que representa la diferencia de renta entre el 20% de la población más rica y el 20% más pobre; y la tasa de riesgo de pobreza, que es el número de personas que está por debajo del 60% de los ingresos de la mediana.
Carlos Cuerpo ha trasladado que España ha reducido la tasa de riesgo de pobreza en 1,8 puntos entre 2018 y 2024, siendo el tercer país de la zona euro que más la reduce. Las previsiones hasta 2028 apuntan a que la brecha se siga cerrando hasta llegar a la mitad de la existente en 2018. Asimismo, ha resaltado que tanto la intensidad como la severidad de la pobreza han caído.
En la misma línea, España ha sido el país de la zona euro donde más ha caído la desigualdad entre 2028 y 2024, medida según el indicador 80/20. La brecha con respecto a esta zona se ha reducido en un 40% y, según ha señalado el ministro, el Gobierno prevé que se pueda reducir en otros 40 puntos porcentuales.
Retirada de elementos contrarios a la memoria democrática
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/José Manuel Álvarez
El Consejo de Ministros ha aprobado el procedimiento para la confección del catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, que son aquellos que exaltan la sublevación militar y la dictadura franquista.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha destacado que el Ejecutivo desarrolla de esta manera la Ley de Memoria Democrática y que el texto recoge las aportaciones de las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), así como el dictamen del Consejo de Estado. La norma crea, además, una comisión técnica integrada por 15 personas en la que habrá expertos y representantes de las comunidades autónomas y de la FEMP.
Podrán solicitar la retirada de esos símbolos y elementos las administraciones públicas, los particulares y las asociaciones memorialistas o de cualquier otra índole, siguiendo un procedimiento administrativo reglado. El texto también recoge los mecanismos aplicables para los vestigios con algún valor arquitectónico o que sean Bien de Interés Cultural. Ángel Víctor Torres ha subrayado que los elementos que deban ser eliminados no podrán exhibirse en ningún caso. «Y cabe la resignificación en aquellos vestigios que tengan un valor determinado, para que se sepa que enaltecían una guerra, una dictadura posterior y la ausencia de libertades», ha expuesto.
Una vez constituida la comisión, el catálogo se irá actualizando cada 15 días. El ministro ha estimado en unos 4.000 los vestigios franquistas que quedan en el conjunto del país, presentes en viviendas sociales, edificios religiosos y denominaciones de pueblos, entre otros ámbitos.
Recuperación y reconocimiento de las víctimas de la guerra y la dictadura
El titular de Política Territorial y Memoria Democrática ha presentado, por otra parte, un balance de los tres años de la Ley de Memoria Democrática. Torres ha subrayado que, gracias a ella, se han podido paralizar las iniciativas que pretendían derogar las normas autonómicas que habían desarrollado la ley estatal. El ministro ha recordado que los relatores de Naciones Unidas manifestaron con claridad que «las mal llamadas leyes de concordia» vulneraban los derechos humanos y el derecho internacional.
El balance de la Ley incluye la elaboración de dos planes cuatrienales de exhumaciones. Si según un estudio del año 2019 había unas 20.000 personas en fosas, cunetas y pozos susceptibles de ser recuperadas, durante estos años se ha podido exhumar a casi la mitad, unos 9.000 cuerpos. En el caso concreto del Valle de Cuelgamuros, se ha podido localizar 36 cajas y 458 restos de distintas personas y se ha identificado a 31 víctimas.
La norma se ha materializado, además, en la presentación de un mapa de fosas interactivo, múltiples homenajes de reparación y el hecho de que 1.614 familias han recibido la declaración de reconocimiento y de nulidad de los procesos judiciales que afectaron a víctimas de la represión y el totalitarismo.
El ministro ha remarcado, igualmente, la concesión de la nacionalidad a 54 hijos y 117 nietos de brigadistas internacionales que defendieron la República, Además, la Ley de Memoria Democrática ofrece la posibilidad de obtener la nacionalidad a los descendientes de exiliados españoles por causas políticas, sociales, económicas y de otras índoles: 237.000 personas ya constan como inscritas con la nacionalidad española y medio millón tiene ese derecho reconocido.
El Gobierno también ha llevado a cabo actividades educativas y actos conmemorativos y ha avanzado en la auditoría sobre bienes expoliados durante la guerra a partidos y a particulares y en la designación de «lugares de memoria», aquellos espacios donde hubo represión o defensa de la democracia y los derechos perdidos.
Ángel Víctor Torres ha remarcado, por último, la resignificación del Valle de Cuelgamuros, «que fue un mausoleo durante la dictadura y un centro de trabajo forzado y de muerte». La propuesta arquitectónica elegida por un jurado internacional tiene la voluntad de empezar las obras en la legislatura actual.
Día Internacional de los Derechos de la Infancia
La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/José Manuel Álvarez
La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha informado sobre la aprobación en el Consejo de Ministros de una declaración institucional con motivo del Día Internacional de los Derechos de la Infancia, que se conmemora cada 20 de noviembre.
En esta declaración el Gobierno reafirma su compromiso con los derechos de los niños y las niñas españoles, recordando las medidas que el Ejecutivo ha puesto en marcha en este ámbito para proteger su bienestar y garantizarles «una vida libre de violencia, discriminación y desigualdades». Este compromiso, ha asegurado Alegría, «no es sólo una obligación constitucional, sino también un proyecto de país para todos».
Asuntos de actualidad: visita del presidente de Ucrania
La portavoz del Ejecutivo ha comenzado su intervención refiriéndose a la visita a España esta semana del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. De acuerdo con Pilar Alegría, la tercera visita del líder ucraniano refleja, de nuevo, el «fuerte compromiso que España ha tenido y sigue teniendo con el pueblo ucraniano», un compromiso a largo plazo «con la soberanía, la integridad territorial y la defensa del pueblo y del Gobierno de Ucrania mientras dure la agresión rusa».
Pilar Alegría, que ha recordado que los presidentes Sánchez y Zelenski abordarán en La Moncloa cuestiones de interés común, ha reiterado en este punto que la guerra contra Ucrania «atenta contra la seguridad y contra los valores europeos» y ha subrayado que, por ello, la posición española es colocarse al lado de Ucrania «el tiempo que haga falta».