La primera medida que Keir Starmer anunció tras su aplastante victoria electoral en 2024 fue la cancelación del plan del anterior gobierno conservador que pretendía mandar a Ruanda a los solicitantes de asilo. Poco más de un año después, el Ejecutivo laborista apuesta por un programa mucho más radical, inspirado en el hostil sistema migratorio de Dinamarca, uno de los más estrictos de Europa. Siguiendo la estela de Donald Trump, también prohibirá la entrada de los ciudadanos de aquellos países que se nieguen a readmitir a inmigrantes irregulares. Y a fin de evitar que los tribunales se interpongan en su camino, habrá una reforma legal para reinterpretar el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), del que es firmante.
¿Pero cómo un metódico abogado como Keir Starmer —que prometía «acabar con el caos» y traer la tranquilidad de la legalidad a Reino Unido— ha acabado dando la vuelta a todas sus pretensiones? Miedo. Su mayoría absoluta de 164 escaños no se traduce en liderazgo, sino en reaccionar a los mensajes de quien realmente lleva la batuta de la narrativa política en el país: Nigel Farage, con solo cuatro asientos. Y aunque las elecciones generales no son hasta la friolera de 2029, las encuestas y el momentum social hace que muchos analistas vean como un escenario cada vez más plausible su irrupción en Downing Street.
El paquete migratorio anunciado el lunes por el Ejecutivo endurece el régimen de asilo en prácticamente todos sus ángulos. «El Gobierno no ha mostrado hasta ahora la firmeza necesaria», defendió la titular de Interior, Shabana Mahmood, hija de inmigrantes pakistaníes.
Representante del llamado Blue Labour (sector más conservador dentro del laborismo), la ministra aboga porque el estatus de asilo se otorgue únicamente de forma temporal y esté sujeto a revisión periódica cada dos años y medio, lo que significa que los asilados podrían ser devueltos a su país de origen si éste se pasa a considerarse seguro. Los solicitantes de asilo solo podrán presentar una apelación, que de ser denegada conllevará su deportación. Y quienes obtengan asilo deberán además esperar 20 años -en lugar de los cinco actuales- para solicitar la residencia permanente.
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Paralelamente, Reino Unido amenaza con dejar de otorgar visados a personas de tres países africanos (Angola, Namibia y la República Democrática del Congo) si sus gobiernos no mejoran la cooperación en la expulsión de inmigrantes irregulares. Es de suponer que la amenaza podría ampliarse a otros países que «no colaboren».
Los cambios se introducirán en un nuevo proyecto de ley de asilo e inmigración el próximo año, para corregir lo que Mahmood describió como un sistema «obsoleto y deficiente» que ofrece a los migrantes una «generosidad excesiva«. Anticipándose a las críticas, negó haber creado un «entorno hostil» y defendió que el paquete es una respuesta «ética y necesaria» para recuperar la confianza pública. Aseguró, además, que el Gobierno aumentará las rutas seguras y legales para refugiados, intentando equilibrar el giro de timón con un mensaje de responsabilidad humanitaria.
Pero el trasfondo político pesa más que la letra técnica. Nadie en Westminster duda de que Farage está marcando la agenda.
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La presión del líder de Reform UK está afectando a cuestiones que parecían intocables. En circunstancias normales, sería impensable imaginar a un Gobierno laborista planteándose reconfigurar el marco del CEDH —que incorporó a su legislación en 1998 y que sirve como última garantía para las apelaciones basadas en los derechos humanos-. Pero no vivimos en tiempos normales. Reform UK ya ha anunciado que, entre sus propuestas de campaña para 2029, está la promesa de abandonar el CEDH.
De momento, Starmer evita ese titular y habla simplemente de una «reinterpretación«.
El Gobierno quiere modificar la aplicación del artículo 3 —que prohíbe la tortura o los tratos degradantes— para evitar que «delincuentes peligrosos» bloqueen deportaciones apelando a condiciones penitenciarias deficientes en sus países de origen. También se redefinirá qué se considera «vida familiar» según el artículo 8, restringiéndolo a la familia núcleo, para facilitar expulsiones.
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El precedente del Brexit planea sobre toda la discusión. La creciente influencia de Farage en los sondeos recuerda a los meses previos al referéndum de 2016, cuando su presión empujó a los tories a convocar una consulta que transformó por completo el país. Nadie descarta que algo parecido pueda ocurrir con el CEDH si Reform UK sigue creciendo.
Los defensores del convenio alertan de que salirse no frenaría la llegada de pateras —la cara más visible del aumento de solicitudes de asilo— y que, en cambio, debilitaría las protecciones de los ciudadanos británicos y dañaría la reputación internacional de Reino Unido. Aun así, los altos funcionarios ya trabajan en contramensajes, conscientes de los paralelismos inquietantes entre el referéndum europeo y el clima político actual.
La reforma de Mahmood se inspira explícitamente en el modelo danés, donde las solicitudes de asilo han caído al nivel más bajo en cuatro décadas y las deportaciones de candidatos rechazados alcanzaron el 95% el año pasado. Pero la eficacia real de ese sistema es discutida. Los permisos temporales obligan a los refugiados a renovar su solicitud cada uno o dos años. De los 30.000 sirios que recibieron asilo desde 2015, solo 1.200 casos han sido reevaluados y apenas unos cientos revocados. Y aun así, no se ha expulsado a ningún sirio. Muchos refugiados de otros países con permisos revocados viven en un limbo legal, que no les permite trabajar ni recibir ayudas, pero tampoco pueden ser deportados.
Opinión
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Un estudio del instituto neerlandés Clingendael subraya que el modelo danés está «rodeado de incertidumbres legales y prácticas«. El paquete británico podría enfrentarse a obstáculos similares, además de a la resistencia de diputados laboristas del ala izquierda, preocupados por el giro del partido en plena escalada populista.
Los datos muestran la magnitud del desafío: desde 2021, más de 400.000 personas han solicitado asilo en Reino Unido. En el mismo intervalo en la década anterior fueron unas 150.000. Este año, el 39% llegó en pequeñas embarcaciones, pero un 37% entró legalmente con visado antes de pedir asilo, y unos 15.000 lo hicieron por otras vías. El fenómeno va mucho más allá de las imágenes de pateras en el canal de la Mancha.
La primera medida que Keir Starmer anunció tras su aplastante victoria electoral en 2024 fue la cancelación del plan del anterior gobierno conservador que pretendía mandar a Ruanda a los solicitantes de asilo. Poco más de un año después, el Ejecutivo laborista apuesta por un programa mucho más radical, inspirado en el hostil sistema migratorio de Dinamarca, uno de los más estrictos de Europa. Siguiendo la estela de Donald Trump, también prohibirá la entrada de los ciudadanos de aquellos países que se nieguen a readmitir a inmigrantes irregulares. Y a fin de evitar que los tribunales se interpongan en su camino, habrá una reforma legal para reinterpretar el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), del que es firmante.