La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil irrumpió en la Diputación de Almería este pasado martes. Al llegar el presidente, Javier Aureliano García, le comunicaron que estaba detenido. Lo mismo hicieron con Fernando Giménez, vicepresidente de la institución, aunque a este lo … detuvieron en su propio domicilio. La investigación se centró en el ente provincial por el rastreo de una comisión de 945.000 euros en un contrato de abastecimiento de material sanitario en plena pandemia. Esto llevó luego a una presunta trama de ‘mordidas’ en obras públicas.
El caso ‘mascarillas’ arrancó en 2020 con unas escuchas a una organización de narcos en Barcelona. Uno de los empresarios a los que se intervino el teléfono por parte de la UCO estaba de tratos con Óscar Liria, que era vicepresidente de la Diputación.
Según las investigaciones, el empresario era viejo amigo del político y su empresa, Azor Corporate Ibérica, se quedó con el contrato de compra de 500.000 mascarillas, 250.000 pares de guantes y 10.570 trajes de protección desechables. Ahí cazaron una serie de conversaciones de WhastApp entre Liria y Giménez, en las que podrían estar hablando de las ‘mordidas’ a cobrar por la compra de este material de un 10% o de un 20%.
La conversaciones son privadas entre ambos vicepresidentes, con el presidente Javier Aureliano García al margen. Como informa El Correo, el presidente solo interviene para en dos ocasiones sobre este asunto en un grupo de WhastApp llamado ‘Naranjito’. La primera para reprochar la que tienen liada con las mascarillas y luego para anunciar la compra de este material sanitario.
Con estas conversaciones, la acusación popular ejercida por el PSOE pidió que el presidente de la Diputación de Almería declarara en el caso ‘mascarillas’ como testigo. Sin embargo, la UCO seguía trabajando con todos los terminales incautados a los investigados, sobre todo los de Giménez y los del Rodrigo Sánchez, alcalde de Fines.
Es ahí de donde parte la nueva investigación. «Es una pieza separada de las mascarillas», apuntan fuentes cercanas a la investigación a ABC. Las conversaciones registradas en los terminales móviles de los investigados en mascarillas habrían descubierto una trama de comisiones con las adjudicaciones de obras públicas.
Por eso, este pasado martes, no solo se registró la Diputación de Almería o el Ayuntamiento de Fines, sino que se entró en el Área de Fomento del ente provincial. Buscando las evidencias de esos contratos bajos sospecha. Por medio cinco detenidos y tres investigados. Ya son ocho las personas que la UCO incluye en esta trama, que tiene una parte de blanqueo de capitales.
El auto de registro del Juzgado de Instrucción 1 de Almería deja claro que algunos de los presuntos implicados en esta trama corrupta están por lavar las supuestas ‘mordidas’ por adjudicar esas obras. «Por la posterior canalización de los fondos ilegales en el tráfico legal del dinero, lo que podría ser constitutivo de un delito de blanqueo de capitales».
Ya el caso ‘mascarillas’ tiene bajo investigación una presunta rama de blanqueo de capitales de Liria con adquisición de inmuebles, coches, como los BMW que supuestamente regaló a su novia y a su padre, y hasta con el traspaso a su favor de una administración de lotería en Adra. Tras estallar el caso, Liria fue cesado y estuvo en prisión preventiva. Sin embargo, Giménez siguió en el cargo, así como el alcalde de Fines, pese a estar investigados en la causa.
Este martes, los tres políticos detenidos fueron suspendidos de militancia en el PP y abandonaron sus cargos. El partido ha quedado en manos de Ramón Fernández-Pacheco, exalcalde de Almería y actual consejero de Aguas de la Junta de Andalucía. Por otro lado, Ángel Escobar es el presidente en funciones de la Diputación, que ha prometido total colaboración con la investigación.