El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha vuelto a incidir en que la crisis de la vivienda en España se puede enquistar y convertir en un «problema social de primer orden». «La banca financia de manera sana con créditos razonable, pero hay más demanda que oferta y es necesario reequilibrar el mercado con más vivienda«, ha comentado el directivo durante un acto organizado por Nueva Economía Fórum. Alerta así de que la situación puede agravarse si el número de viviendas disponibles no aumenta, ante lo que pide consenso de país para brindar soluciones a esta problemática, dado que hasta ahora se ha «hecho poco» para atajar la situación.
«El riesgo de tensión de los precios y el deterioro de la accesibilidad está pasando», ha dicho, tras apelar al CIS, que lo recoge como la principal preocupación, sobre todo, entre los colectivos más jóvenes, que cuenta con peores condiciones de acceso. El primer ejecutivo del banco ha puesto como ejemplo la brecha de patrimonio medio entre los mayores de 74 años con respecto a los menores de 35 años, diferencial que se ha multiplicado por once durante las últimas dos décadas, diferencia que insta a solucionar.
«Construir viviendas no es tan complicado. Ya lo hicimos hace quince años y demasiado (…). Si no lo arreglamos va a transformarse en un cuello de botella para el crecimiento económico», ha alertado mientras destaca que las entidades están financiando el crédito destinado a vivienda de manera sana y con las condiciones más competitivas de Europa, a pesar de que el número de hogares de nueva creación supera el de casas en el mercado. «Existe un problema de coordinación de las administraciones», ha expresado para poner el foco en la necesidad de liberalizar los proceso de suelo para promotores.
Asimismo, Gortázar se ha pronunciado sobre la participación del Estado español en el capital del banco, del que controla alrededor de un 18% a través del FROB, para recordar que depende de ellos la venta de su participación, cuyo valor se ha multiplicado por siete en los últimos cinco años, pasando de los 2.000 a los 14.000 millones. «El Estado debe decidir cómo y cuándo saldrán», ha aseverado mientras señala que la normativa le obliga a desinvertir dentro de dos años. «Tenemos dos accionistas de distinta naturaleza. CriteriaCaixa, que por su carácter fundacional tiene vocación de permanencia; y el FROB, que debe salir en 2027″, ha expuesto. El Gobierno español ha prorrogado hasta en cinco ocasiones su presencia en el capital. La última extensión del plazo fue aprobada el pasado febrero por un periodo de dos años.
Al ser preguntado por la consolidación bancaria, Gortázar ha sacado pecho de la fusión acometida con Bankia, como un ejemplo de que las integraciones generan valor y se puede hacer de forma amistosa, al tiempo que ha descartado participar en otra fusión. «Realizar una gran operación de integración es posible, se puede hacer bien, se puede hacer de buenas maneras y sin consecuencias negativas para la sociedad en el corto plazo, porque hicimos un proceso ordenado de salida de personas; todas ellas salieron voluntariamente y, a la vez, generando un valor y un posicionamiento de una entidad como la nuestra, que es la primera con mucha diferencia en España», ha argumentado.
Si bien ha esquivado comentar la OPA fallida de BBVA sobre Banco Sabadell, ha incidido en la existencia de una tendencia general hacia la concentración, aunque no todas deban protagonizar un proceso de estas características. «La tendencia estructural de fondo hacia la consolidación va a seguir presente, aunque no creo que necesariamente la veamos manifestarse en el corto plazo», ha añadido, razón que escuda en el momento positivo que atraviesa el sector bancario.
Por último, ha abordado el impuesto al sector bancario, que ha supuesto el pago de 600 millones a CaixaBank, montante que, según comenta, se ha traducido en 200 millones de dividendos menos para que la Fundación La Caixa impulse iniciativas de Obra Social, y 125 millones menos para el FROB. En este sentido, Gortázar ha criticado la progresividad de dicho impuesto, que reduce la contribución de bancos medianos y pequeños, a la vez que eleva el coste para otros como CaixaBank a pesar de ser el banco «más social».