La ministra de Sanidad, Mónica García, interviene en la inauguración de las jornadas ‘¡Yo te creo! Construir sistemas de salud que pongan en el centro a las mujeres y niñas supervivientes’.
La ministra de Sanidad, Mónica García, y el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Europa, Hans Kluge, han inaugurado las jornadas ‘¡Yo te creo! Construir sistemas de salud que pongan en el centro a las mujeres y niñas supervivientes’. Durante el acto se ha presentado el informe ‘Care, courage, change: health sector leadership in ending violence against women and girls’, elaborado por la Oficina Regional para Europa de la OMS.
El documento pone de manifiesto que la atención sanitaria a mujeres y niñas víctimas de violencia de género es gravemente insuficiente en la mayoría de los 53 Estados miembros de la Región Europea.
Según los datos recogidos, un 28,6% de las mujeres y niñas mayores de 15 años en Europa ha sufrido violencia física y/o sexual a lo largo de su vida. No obstante, los sistemas sanitarios nacionales no han generalizado el acceso a los servicios recomendados por la OMS, tales como atención médica de urgencia, anticoncepción de emergencia, profilaxis para infecciones de transmisión sexual, asistencia psicológica y acceso seguro a la interrupción voluntaria del embarazo.
Durante su intervención, la ministra de Sanidad subrayó que «la violencia machista sigue siendo una de las mayores emergencias de salud pública» y que «España está comprometida con un sistema sanitario que detecta, protege y acompaña, que no reproduce el daño, sino que lo repara».
Datos principales del Informe de la OMS
Un 32% de los países obliga al personal sanitario a reportar los casos de violencia incluso sin el consentimiento de la víctima adulta, contraviniendo las directrices de la OMS, que promueven un enfoque centrado en la autonomía, la confidencialidad y el respeto a los derechos de las mujeres. Esta obligación no solo vulnera la privacidad de las víctimas, sino que, según advierte el informe, las disuade de buscar atención médica por temor a ser expuestas o revictimizadas.
Apenas 17 países (32%) garantizan en sus políticas sanitarias el acceso tanto a la anticoncepción de emergencia como a la profilaxis postexposición al VIH, elementos considerados fundamentales para la atención inmediata tras una agresión sexual. La ausencia de estos servicios compromete la capacidad de respuesta del sistema sanitario y expone a las víctimas a riesgos evitables.
20 países (38%) han incorporado en sus normativas la provisión de profilaxis frente a infecciones de transmisión sexual (ITS), así como la evaluación en salud mental, dos componentes esenciales para una atención centrada en la recuperación física y emocional de las víctimas. No disponer de estos recursos limita el abordaje integral del daño sufrido y perpetúa brechas en la calidad de la atención.
Solo 23 países (43%) incluyen en sus políticas mecanismos claros de derivación hacia servicios especializados de salud mental, lo cual dificulta el acceso a apoyo psicológico adecuado y oportuno para las mujeres afectadas.
Esta carencia reduce las posibilidades de recuperación emocional y puede agravar el impacto del trauma a largo plazo.
Solo 7 países (13%) contemplan el acceso al aborto seguro como parte de la atención sanitaria a las supervivientes de violencia sexual, lo que evidencia una grave omisión en la cobertura de los servicios esenciales recomendados por la OMS. La falta de este recurso impide a muchas mujeres ejercer su derecho a una atención integral en contextos de violencia, con consecuencias directas sobre su salud física, mental y reproductiva.
El informe subraya que, aunque se observan avances como la inclusión de protocolos de atención inicial en dos tercios de los países y programas de formación para profesionales sanitarios en el 75%, estos logros resultan insuficientes sin una implementación plena del paquete de servicios esenciales.
Situación de España según el informe de la OMS
1.- Servicios ofrecidos: El informe resalta que España ha incorporado medidas clave para reforzar la atención sanitaria a mujeres y niñas víctimas de violencia, entre las que destacan:
- Acceso a derivaciones a servicios especializados de salud mental, facilitando un abordaje integral y continuado.
- Protocolos de actuación en atención primaria que permiten la detección precoz de situaciones de violencia, favoreciendo la intervención temprana.
- Formación obligatoria para profesionales sanitarios, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta del sistema y garantizar una atención centrada en la persona.
- Inclusión de guías clínicas y marcos normativos que reconocen la violencia contra las mujeres como un problema de salud pública y establecen procedimientos específicos para su atención.
- Desarrollo de espacios seguros dentro del sistema sanitario para facilitar el primer contacto de las víctimas con profesionales de referencia.
2.- Reconocimiento normativo: España cuenta con políticas sanitarias que abordan la violencia contra las mujeres, incluyendo guías clínicas y protocolos dentro del sistema de salud. Es uno de los países que ha avanzado en integrar la atención a las víctimas dentro del ámbito sanitario.
3.- Enfoque en primera línea: Se señala que España ha desarrollado medidas para fortalecer la respuesta sanitaria en el primer contacto, incluyendo la creación de espacios seguros para mujeres dentro del sistema de salud.
4.- Buena práctica destacada: España aparece como ejemplo de prácticas interinstitucionales, donde el sistema sanitario colabora con servicios sociales, fuerzas de seguridad y el sistema judicial, contribuyendo a una respuesta coordinada.
5.- Desafíos pendientes: El informe también identifica que, aunque España ha realizado importantes avances legislativos y sanitarios, persiste una necesidad de asegurar una implementación homogénea en todo el territorio y de garantizar que los servicios estén adaptados a las necesidades de mujeres en situación de vulnerabilidad (migrantes, mayores, con discapacidad, etc.).
Llamamiento de la OMS
La OMS exhorta a los Estados miembros a adoptar de manera urgente y coordinada tres medidas prioritarias:
- Incorporar obligatoriamente en las políticas sanitarias nacionales el paquete completo de servicios esenciales para la atención a víctimas de violencia contra las mujeres, conforme a los estándares internacionales.
- Revisar y eliminar aquellas normativas que limiten una atención centrada en la persona, en particular las que imponen la denuncia obligatoria sin consentimiento, contraviniendo principios de confidencialidad y autonomía.
- Asignar recursos suficientes y sostenibles que garanticen la disponibilidad, accesibilidad y calidad de estos servicios en todo el territorio, sin desigualdades.
El Ministerio de Sanidad reitera su compromiso de seguir colaborando con la OMS y los organismos competentes para consolidar un sistema sanitario que actúe como primer espacio de apoyo, atención y protección frente a la violencia de género, garantizando una respuesta digna, respetuosa y universal para todas las mujeres y niñas.