El primer fiscal general del Estado que se ha sentado en el banquillo de los acusados y el primer fiscal general del Estado condenado en la historia de la democracia. Apenas siete días –los transcurridos desde el visto para sentencia– han sido suficientes para que … el tribunal que juzgó a Álvaro García Ortiz le haya considerado autor de un delito de revelación de secretos. Pese al histórico varapalo del Tribunal Supremo y que el Gobierno ya le ha dejado caer, al cierre de esta edición el condenado seguía aferrado a su cargo.

Por una amplia mayoría –cinco magistrados frente a dos– el Tribunal Supremo adelantaba ayer su fallo a la espera de la sentencia y condenaba a García Ortiz a dos años de inhabilitación, 7.200 euros de multa y el pago de una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador, pareja de la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso. El motivo, la filtración de un correo reservado entre abogado y fiscal en el marco de una negociación de conformidad en la que el letrado de González Amador reconoció dos delitos fiscales con el fin de evitar el juicio. El fallo específica que la inhabilitación especial es para el ejercicio del cargo como fiscal general.

Dar a conocer la autoinculpación laminó cualquier posibilidad de defensa de la pareja de la presidenta madrileña, una actuación exponencialmente más reprochable y dañina por venir de la mano de la cabeza del Ministerio Público, conocedor del carácter reservado de ese tipo de conversaciones y de quien solo se espera la defensa de la legalidad.

A la espera de que la sentencia sea notificada a las partes, la Sala Segunda anticipaba ayer el fallo adelantándose a la posible filtración de lo que implicaba el hecho de que Susana Polo, la ponente inicial, hubiera renunciado a la redacción de la resolución para formular un voto particular discrepante con la condena. A ella se unió la también progresista Ana Ferrer, para quien García Ortiz tenía que ser absuelto. Por contra, los otros cinco magistrados –Andrés Martínez-Arrieta (presidente y ahora también ponente), Manuel Marchena, Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo y Carmen Lamela– eran favorables a la condena.

Tan pronto como la sentencia sea notificada a las partes, lo que no se espera que ocurra hasta dentro «de unas dos semanas», según fuentes jurídicas, García Ortiz será apartado de su cargo como fiscal general. Por el camino queda laminada la credibilidad de la institución en la que el condenado se ha refugiado para eludir su responsabilidad personal en los hechos.

Porque la tuvo. Esa es la conclusión a la que han llegado los magistrados después de seis intensas sesiones de juicio y 40 declaraciones testificales, entre ellas la de los agentes de la UCO que participaron en los registros en los despachos del acusado y de su subordinada, la jefa de la Fiscalía provincial de Madrid Pilar Rodríguez. En sus informes finales las acusaciones concluyeron que había quedado claro el papel preeminente del fiscal general en la filtración del correo con el que se quiso desmentir que no era la Fiscalía la que había ofrecido un acuerdo al novio de Ayuso, sino que había sido al revés.

Un borrado significativo

Para la acusación particular, que ejerce el propio novio de Ayuso, esa filtración mermó el derecho de defensa del acusado (de ahí que se personara el Colegio de la Abogacía de Madrid), algo que la propia víctima corroboró en su declaración en el juicio. A la espera de la sentencia, la secuencia en la que se sucedieron los hechos denunciados (tanto la propia filtración a la Cadena Ser, cinco minutos después de que García Ortiz recibiera el último de los correos electrónicos como la elaboración de la nota informativa del día siguiente), sumado al significativo borrado de los mensajes de su móvil apenas cinco horas después de que el Supremo le abriera causa penal o el cambio de dispositivo una semana después, parecen haber resultado determinantes para el tribunal a efectos de la condena que deja a García Ortiz fuera de la carrera fiscal.

Ni el supuesto protocolo de borrado al que se aferró la Abogacía del Estado para justificar la eliminación de pruebas por parte del fiscal general ni la coartada de los periodistas que dijeron que disponían del correo electrónico antes de que el hoy condenado lo difundiera han conseguido desvirtuar la contundencia de testimonios como el de los agentes de la UCO que calificaron de «voluntario e intencionado» el borrado ni el de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, que además de corroborar que el comunicado del 14 de marzo de 2014 se fraguó a espaldas de la Fiscalía de Madrid, ratificó ante el tribunal que sospechó de García Ortiz desde el primer momento y que así se lo hizo saber al propio acusado cuando éste le apremió aquella mañana para que sacara la nota de prensa con el sello de su fiscalía. «Álvaro, ¿lo has filtrado tú?». «Eso ahora no importa», le habría contestado él. Para el letrado de González Amador, que pedía 300.000 euros para su cliente por los daños personales y profesionales que esta filtración le ha ocasionado, el interés personal de García Ortiz en este caso tenía un único fin: sellar la filtración con una nota de prensa que diera cobertura, que acompasara, el discurso político de «defraudador confeso» que ya se había puesto en marcha desde Moncloa. Ahí se enmarca la decena de llamadas y wassap a Lastra, para que sacara esa nota informativa que, según la propia Lastra, excedía con mucho lo que debía haber si haber sido una simple aclaración por parte de Fiscalía.

Como informó ABC aunque este comunicado parecía haber quedado fuera del juicio, el relato de hechos y la activa participación del fiscal general en su redacción –tras encargarse personalmente de recopilar la cadena de correos–, cuestiones ambas probadas durante el juicio, aventuraban que para el tribunal no iba a ser fácil separar la filtración del contenido del correo y la posterior difusión de la nota.

Una situación «indecorosa»

En Fiscalía General imperaba ayer el silencio, sobre todo en los fiscales más afines a García Ortiz, temerosos de pronunciarse antes de que haya fallo. No así entre fiscales de la mayoritaria AF, que lamentaban que el fiscal general haya hecho pasar a la institución por este trance. En declaraciones a ABC, la presidenta de la AF, Cristina Dexeus, insistía ayer en que García Ortiz se tendría que haber apartado a tiempo, como de forma reiterada pidió su asociación. «Era innecesario someter a la institución a un juicio en el que la estrategia de defensa ha sido el choque del fiscal general del Estado contra el Tribunal Supremo desfilando compañeros, declarando, testificando. Era innecesario. Si hubiera dimitido del cargo, nos hubiéramos ahorrado una situación tan indecorosa y que ha devaluado a la institución».