Fátima del Reino Iniesta
La atención sanitaria a las víctimas de violencia de género sigue siendo uno de los mayores retos de salud pública en Europa. Según el informe Care, Courage and Change de la Organización Mundial de la Salud (OMS), un 32% de los países europeos obliga a los profesionales sanitarios a denunciar los casos de violencia de género, incluso sin el consentimiento de la víctima adulta.
Esta práctica contraviene las directrices de la OMS, que promueven un enfoque centrado en la autonomía, la confidencialidad y el respeto a los derechos de las mujeres. La OMS señala que esta obligación no solo vulnera la privacidad de las víctimas, sino que también las disuade de buscar atención médica por miedo a que las expongan o revictimicen.
Más de 123 millones de mujeres y niñas en Europa han sufrido violencia física y/o sexual a lo largo de su vida, lo que refleja una crisis de salud pública urgente
En este contexto, la OMS ha identificado que más de 123 millones de mujeres y niñas en Europa han sufrido violencia física y/o sexual a lo largo de su vida, lo que refleja una crisis de salud pública urgente. Este dato pone de manifiesto la necesidad de mejorar la respuesta sanitaria a las víctimas y garantizar que los sistemas de salud sean seguros y accesibles para todas.
En España, la obligación de denunciar sin consentimiento fue eliminada en 2022. Esta medida, que había estado vigente en el país hasta ese momento, fue modificada para situar la autonomía y la confidencialidad de las mujeres en el centro de la atención sanitaria, alineándose con las recomendaciones internacionales de la OMS.
España ha logrado integrar la violencia de género como un problema de salud pública, convirtiéndose en un ejemplo para otros Estados miembros de la OMS
Gema Maldonado Cantero, jefa de sección en iSanidad
Mónica García, ministra de Sanidad, ha destacado durante la jornada ¡Yo te creo!, presentada por Gema Maldonado Cantero, jefa de sección en iSanidad, que España ha hecho grandes avances en la atención sanitaria a las víctimas de violencia de género, especialmente en lo relacionado con el respeto a los derechos fundamentales de las mujeres. Además, ha subrayado que la modificación legislativa permitió que el sistema sanitario español se alineara con las mejores prácticas internacionales.
Una llamada a la acción
La OMS ha alertado de que esta obligación de denuncia obligatoria sin el consentimiento de la víctima perjudica la confianza de las mujeres en el sistema sanitario. En palabras de Hans Kluge, director regional de la OMS en Europa, «obligar a los profesionales sanitarios a denunciar sin el consentimiento de la víctima acaba con la confidencialidad y viola la independencia de las supervivientes, lo que puede evitar que busquen la ayuda que necesitan». Esta medida, según Kluge, pone en riesgo la salud y seguridad de las mujeres, ya que muchas de ellas temen ser expuestas o revictimizadas en un proceso judicial.
La OMS ha alertado de que esta obligación de denuncia obligatoria sin el consentimiento de la víctima perjudica la confianza de las mujeres en el sistema sanitario
El informe de la OMS revela que el 28% de las mujeres y niñas mayores de 15 años en Europa han sufrido violencia física o sexual en algún momento de sus vidas. Sin embargo, el sistema sanitario de muchos países no ha generalizado el acceso a los servicios recomendados por la OMS para atender a las víctimas, tales como la atención médica de urgencia, la anticoncepción de emergencia, la profilaxis postexposición al VIH, la asistencia psicológica y el acceso seguro al aborto.
España como modelo en la lucha contra la violencia de género
España, en cambio, ha desarrollado políticas sanitarias que integran la violencia de género dentro del sistema de salud pública y ha implementado protocolos claros para la atención de las víctimas desde la atención primaria. Estos protocolos permiten la detección precoz de casos de violencia y garantizan que todas las víctimas reciban una atención integral. Además, la formación obligatoria para los profesionales sanitarios, como médicos, enfermeras, pediatras y trabajadoras sociales, se ha convertido en una herramienta clave para garantizar una respuesta efectiva y respetuosa frente a estas situaciones.
La ministra García ha destacado que la reforma en España no solo fue legislativa, sino que también ha implicado un compromiso con la empatía y el respeto hacia las mujeres que sufren violencia.«Lo primero es la empatía y esa seguridad que necesitan, lo segundo es la formación continua de nuestros profesionales», ha subrayado la ministra.
Deficiencias críticas en la atención sanitaria en Europa
Aunque España ha logrado avances significativos, el informe de la OMS señala que en un tercio de los países europeos la obligatoriedad de denunciar sin consentimiento sigue vigente. En este sentido, Kluge hizo un llamamiento a los países miembros para que revisen sus normativas y eliminen aquellas que obligan a los sanitarios a realizar denuncias sin el consentimiento de las víctimas.
Solo un 13% de los países garantiza el acceso al aborto seguro como parte de la atención sanitaria a las víctimas de violencia sexual
Además, la OMS insta a todos los países a implementar un paquete completo de servicios esenciales para la atención a las víctimas de violencia de género, que incluye anticoncepción de emergencia, profilaxis para infecciones de transmisión sexual y acceso seguro a servicios de salud mental, elementos fundamentales para abordar de manera integral las secuelas físicas y emocionales de las víctimas. El informe también resalta que solo un 13% de los países garantiza el acceso al aborto seguro como parte de la atención sanitaria a las víctimas de violencia sexual, lo que subraya la grave omisión en la cobertura de los servicios esenciales recomendados por la OMS.
Avances y desafíos pendientes para España
En cuanto a los avances en España, el informe resalta que el país ha desarrollado espacios seguros dentro del sistema sanitario, facilitando el primer contacto de las víctimas con profesionales de referencia. Además, España ha creado un sistema de derivación a servicios especializados de salud mental, lo que permite una recuperación más completa de las víctimas. El Plan de Acción 2025-2027, que reconoce a las víctimas de violencia de género como un colectivo prioritario, refuerza la capacidad del sistema para tratar las secuelas psicológicas derivadas de la violencia.
El informe también destaca que España ha logrado integrar la violencia de género como un problema de salud pública, incorporando guías clínicas y protocolos dentro del sistema sanitario, lo que convierte al país en un ejemplo para otros Estados miembros de la OMS.