Santa Eugènia es un pequeño municipio del interior de Mallorca con algo más de dos mil habitantes, rodeado de campos de viñedos y caminos rurales. Vive al margen del turismo, algo poco habitual en la isla. Esa apariencia tranquila contrasta con una realidad inquietante: al recorrer el centro del pueblo, es posible observar decenas de dispositivos de videovigilancia instalados a baja altura en farolas, postes de alumbrado y fachadas, orientados hacia calles, plazas e, incluso, terrazas de bares.
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Han sido los propios trabajadores y vecinos del pueblo quienes, en los últimos años, han alertado de la proliferación de cámaras. elDiario.es ha podido localizar sobre el terreno más de medio centenar de dispositivos activos y visibles, muchos de ellos sin señalización, que conforman un sistema de vigilancia sin precedentes en un municipio de estas dimensiones. El despliegue se habría llevado a cabo de forma paulatina y sin constar en expedientes públicos, lo que sugiere una expansión silenciosa y sin control administrativo.
Sorprende que todas las calles y accesos a Santa Eugènia estén bajo vigilancia constante, según ha podido comprobar elDiario.es tras su recorrido por el municipio. Esta cobertura garantiza que rostros y matrículas puedan ser identificados en prácticamente cualquier desplazamiento dentro o hacia el núcleo urbano. Otro detalle significativo es que las terrazas de los tres bares del pueblo —Can Topa, S’Estació i L’Escargot— también se encuentran videovigiladas, con cámaras apuntando directamente a las mesas y zonas de reunión. En apenas cuatro calles —carrer Major, carrer Bisbe Sastre, carrer de S’Aljub, carrer de Ses Escoles y carrer de l’Església— hay 25 cámaras.
Los dispositivos se alimentan directamente de la red de alumbrado público. Por otra parte, muchos de ellos carecen de cualquier cartel de señalización que advierta de su presencia y los pocos que lo exhiben resultan estar completamente obsoletos: remiten a leyes derogadas, omiten la identificación de la Policía Local como destinataria de las imágenes y no especifican el plazo de conservación, entre otras informaciones relevantes.
El alcalde y su ‘ventana indiscreta’
Según fuentes solventes y conocedoras del sistema, el alcalde tendría acceso directo a las grabaciones desde su ordenador personal, un extremo que el primer edil no ha querido confirmar ni negar. Esas mismas voces apuntan que la infraestructura permitiría la visualización multipantalla en tiempo real, aunque solo un análisis forense de sus equipos podría determinar si esta función está activa y si también se ha habilitado la captación de audio. De confirmarse, los terminales que permiten visualizar las imágenes no estarían bajo la custodia exclusiva de la Policía Local, como exige la ley.
Las 50 cámaras ilegales instaladas en Santa Eugènia
Camí llogaret de Ses Alqueries
Camí llogaret de Ses Olleries
Las 50 cámaras ilegales instaladas
en Santa Eugènia
Camí llogaret de Ses Alqueries
Camí llogaret de Ses Olleries
Todo apunta a que la red de videovigilancia desplegada en el corazón de Mallorca opera de forma claramente desproporcionada, hasta el punto de haber convertido este pequeño municipio en uno de los lugares más vigilados de Europa. Según las comparaciones disponibles, la densidad de cámaras en esta localidad es excepcional incluso a escala internacional. Con un mínimo 50 terminales para poco más de 2.000 habitantes, el municipio alcanza una ratio aproximada de 21 por cada mil vecinos. En Madrid la cifra ronda las 4,4, en Londres, 13, en Moscú, 19 y en Seúl, 24, según el estudio The World’s Most Surveilled Cities, publicado por Comparitech en 2023.
Delegación del Gobierno no las ha autorizado
El Consell de Mallorca ha aclarado a elDiario.es que esta institución no tiene ninguna cámara en el casco urbano del pueblo. Por su parte, Delegación del Gobierno ha confirmado a este medio que no consta ninguna autorización ni supervisión sobre el sistema de videovigilancia de Santa Eugènia en los últimos ocho años. “No hemos tenido ninguna solicitud de renovación ni de instalación de cámaras del Ayuntamiento”, señalan desde el organismo.
La Ley Orgánica 4/1997, que regula el uso de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en espacios públicos, establece que la instalación de cámaras fijas requiere autorización de Delegación del Gobierno. La validación depende del informe previo de la Comisión de Garantías, presidida por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears y compuesta por el fiscal superior, la Abogacía del Estado y un representante del Ministerio del Interior. Los ayuntamientos deben presentar la solicitud con informes policiales que justifiquen la necesidad; la comisión evalúa y el delegado del Gobierno resuelve.
La aprobación en 2021 de una nueva ley de prevención de infracciones penales abrió el debate sobre si esta norma dejaba sin efecto la regulación de 1997. En territorios como Balears, la interpretación jurídica fue que la ley de 2021 sustituía a la anterior, lo que trasladó la competencia a los ayuntamientos. “El juicio de proporcionalidad correspondía al Consistorio y no era necesario pasar por Delegación”, explican las mismas fuentes.
En febrero de 2025, la Abogacía del Estado aclara en un informe que la ley de 1997 sigue vigente y que la instalación de cámaras fijas continúa dependiendo de la validación de Delegación del Gobierno. Tras esa conclusión, el organismo en las Illes Balears comunica en agosto a los ayuntamientos que todas las cámaras instaladas entre 2021 y 2025 deben ser regularizadas. “Cuando se aprueba en pleno o por decreto de alcaldía la instalación de cámaras, la autorización dura un año. Al vencer ese plazo, tienen que pedir renovación”, recuerdan desde Delegación.
Un mes después, el Ayuntamiento de Santa Eugènia envió un correo electrónico para preguntar cómo podían adecuar las cámaras. “Dijeron que remitirían un informe, pero lo que llega es una nota informativa. Es un documento que cita normativas y lista ubicaciones con una justificación mínima. Les explicamos que eso no puede sostener la renovación de cámaras fijas y detallamos cómo deben proceder, con ejemplos de otros ayuntamientos. Desde entonces, no hemos recibido más comunicaciones ni han presentado nada al registro”, señalan las mismas fuentes.
El Ayuntamiento, dirigido por el socialista Pep Lluís Urraca, rechaza hacer declaraciones y remite cualquier respuesta a la empresa GrupoX3, con la que tiene contratado el servicio de delegado de protección de datos. La compañía, consultada por elDiario.es, se limita a citar la Ley 19/2013 de transparencia, que fija un plazo mínimo de un mes para responder, pese a que la consulta realizada no se ajusta a una petición de información sometida a ese procedimiento.
Sin concurso público
El sistema de videovigilancia municipal está formado por una decena de zonas de grabación, con varios dispositivos por emplazamiento, lo que elevaría el total a más de cincuenta terminales conectadas a un panel de control presuntamente alojado en los ordenadores del Ayuntamiento. Aunque el acceso debería estar restringido a los equipos de la Policía Local, en este caso también se habría habilitado acceso desde el ordenador personal del alcalde, como sostienen estas tres fuentes de solvencia.
La contratación de la empresa encargada de la instalación de las cámaras ha sido realizada sin que conste concurso público. En el Portal de Transparencia municipal no figura ninguna referencia a licitaciones, contratos o resoluciones relacionadas con la red de videovigilancia ni con sus costes de instalación o mantenimiento. Aunque no se han hecho públicos los costes oficiales, fuentes del sector estiman que cada dispositivo tendría un precio aproximado de 1.600 euros, en función del proveedor y las características técnicas del modelo.
En este caso, solo consta un acuerdo oficial —aprobado el 8 de enero de 2020 en el pleno municipal— relativo a la instalación de tres cámaras de tráfico con fines de control de acceso y seguridad vial. Desde entonces no se ha registrado ninguna mención a la ampliación del sistema. Tampoco figuran contratos ni adjudicaciones en el Portal de Transparencia que justifiquen la expansión de la red.
Las actas del pleno no recogen debates sobre la instalación, supervisión o ampliación del modelo municipal de control audiovisual, ni informes técnicos o jurídicos que avalen su funcionamiento. Esta ausencia de deliberación política y administrativa contrasta con la dimensión del despliegue, que se extiende por prácticamente todo el núcleo urbano.
“No es un cheque en blanco”
La legislación española en materia de captación de imágenes por parte de las administraciones públicas es clara y restrictiva. Cualquier ayuntamiento que desee colocar cámaras en la vía pública debe obtener autorización previa del delegado del Gobierno. La norma obliga a justificar la necesidad del sistema, su proporcionalidad y su impacto sobre los derechos fundamentales. Ningún punto de vigilancia puede activarse sin ese permiso expreso y con un fin debidamente acreditado.
El procedimiento legal exige, además, varios pasos previos: la elaboración de un informe técnico por parte de la Policía Local, un dictamen jurídico municipal que respalde la legalidad del tratamiento de imágenes y la evaluación de la Comisión de Garantías de Videovigilancia de Balears, encargada de verificar que el proyecto respeta la intimidad de las personas y los principios del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Solo tras completar esas fases puede emitirse la autorización administrativa y proceder a la instalación.
Elena Gil, abogada de derecho digital, fundadora de Data Guardians abogados, aclara que, incluso en aquellas cámaras en las que no existe grabación y solo se permite el visionado en tiempo real, los dispositivos están sometidos a la normativa de protección de datos. “La autorización de Delegación del Gobierno tiene una duración de un año y se va renovando, no es un cheque en blanco”, añade. La abogada aclara que estas cámaras deben estar instaladas en espacios públicos y que no están pensadas para “grabar sonidos”.
Una vez instaladas, los ayuntamientos deben contar con ciertas obligaciones documentales, en las cuales deben “analizar” y “dejar por escrito cuál es el riesgo que se pretende cubrir y cuál es el impacto”. “Las cámaras en la calle suelen tratar datos a gran escala y ser una observación sistemática. Esto hace que sean especialmente sensibles y, por ello, tienen que estar especialmente justificados los motivos por los que tú quieres llenar un sitio de cámaras. Además, las zonas videovigiladas tienen que estar marcadas”, explica Gil.
¿Qué pasa después con esta grabación? Según la experta, las imágenes deben ser suprimidas en el plazo de un mes, salvo que las autoridades tengan constancia de que existe un hecho en concreto que necesite ser vigilado o supervisado. En este caso, es posible aumentar la duración, pero “con la única finalidad de la vigilancia y únicamente para el envío a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o a jueces y tribunales”.
Poder político y control digital
Pep Lluís Urraca (Madrid, 1969) representa a una nueva generación de alcaldes socialistas en la Part Forana de Mallorca. En 2015 se incorporó al Ayuntamiento de Santa Eugènia como concejal del PSOE y, cuatro años después, se convirtió en el primer alcalde socialista del municipio gracias a un pacto con la agrupación local FEIM-Santa Eugènia.
En 2023 obtuvo mayoría absoluta —con seis regidores frente a tres del PP— y fue investido alcalde por segunda vez, ya sin necesidad de pactos. Desde marzo de 2025 compagina la alcaldía con la Secretaría de Política Municipal del PSIB-PSOE, un cargo que lo sitúa en la dirección autonómica del partido, muy próximo al entorno de Francina Armengol.
“Es una red desproporcionada”
El mantenimiento de esta macro red de cámaras está vigente bajo el mandato de Urraca, a pesar de que el alcalde niega tener ningún tipo de información al respecto. En base a la información publicada por elDiario.es, la abogada Gil observa “una desproporción” en el pueblo y apunta que “no se han seguido los mecanismos para autorizar las cámaras y considerar que son proporcionales y justas”. Además, apunta que los dispositivos tienen que estar señalizados y que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) tiene modelos de carteles.
Más allá del caso concreto de este municipio, Gil lamenta que los ciudadanos puedan llegan a aceptar una “vigilancia masiva”: “Es un problema que se va agravando poco a poco. Empezamos a normalizar estar vigilados en distintos ámbitos, tanto por empresas como por el Estado, lo cual atenta a todo tipo de principios. Debemos tener muchísimo cuidado con generalizar este tipo de prácticas”.
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Mientras tanto, la vida en Santa Eugènia discurre con la calma de siempre, entre campos de viñedos, calles estrechas, plazas soleadas y rutinas que apenas cambian. Pero, bajo esa apariencia de sosiego, un pueblo entero podría estar siendo observado desde un despacho municipal, a través de un sistema de videovigilancia inédito en España.