Hay quien aún cree que las grandes plataformas tecnológicas son simples espacios neutros para compartir memes y fotos de gatos. Pero la realidad es otra, y en España estamos asistiendo no solo a un acto de justicia, sino al principio de un ajuste de cuentas histórico con un modelo que lo ha corrompido prácticamente todo. Cuando un juzgado mercantil de Madrid ordena a Meta pagar 479 millones de euros por prácticas de competencia desleal y uso ilícito de datos personales, estamos ante algo más que una sanción: es un hito simbólico de que el poder digital empieza a no estar completamente fuera de control.
El expediente es claro: de mayo de 2018 (entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos, GDPR) hasta julio de 2023, la filial europea de Meta, en lugar de pedir permiso explícito a los usuarios para usar sus datos personales como exige la ley europea, decidió cambiar su justificación legal y afirmar que ese uso era «necesario para cumplir el contrato» que el usuario acepta al abrir una cuenta. Con esa excusa, trató enormes volúmenes de datos personales para personalizar la publicidad y maximizar sus ingresos, lo que según el tribunal le generó en España unos 5,300 millones de euros obtenidos de forma ilegal. La multa, en ese contexto, es extremadamente baja, y conlleva que Meta podría incluso sentir que el coste de violar la ley es asumible como simple «cost of doing business».
Simultáneamente, el gobierno español ha abierto una investigación que podría determinar que Meta usó mecanismos ocultos para rastrear la actividad web de usuarios de Android sin su consentimiento, violando la GDPR, la directiva e-privacy y los imperativos del Digital Markets Act (DMA) y el Digital Services Act (DSA).
La decisión española es rotunda y acertada por varios motivos. En primer lugar, porque Meta rompió el contrato social. Los usuarios en ningún momento aceptaron compartir su vida íntima con la empresa para que esta extrajera perfiles, los molestara con algoritmos y subastase su atención: Meta vendía esa atención al peso y sin pagar peaje alguno.
En segundo lugar, porque el daño no es solo individual, sino colectivo: los medios digitales españoles han sido desplazados porque el gran algoritmo-fábrica de Meta aprovechó datos obtenidos ilícitamente para hacerse más atractiva a los anunciantes, mientras los editores seguían cumpliendo la ley, como denunció la Asociación de Medios de Información (AMI) en la demanda.
Y en tercer lugar, porque el poder de una plataforma que acumula usuarios, contenido, datos y publicidad ha desembocado en una posición de dominio estructural que compromete la competencia, la democracia y hasta la dignidad humana: los algoritmos de Meta no solo venden cosas, también moldean hábitos, crean adicción y configuran mundos. Ya lo he escrito antes: el problema no es solo el capitalismo de vigilancia, es la psicopatía funcional de un modelo que trata a los humanos como meros perfiles monetizables hasta el infinito.
Para quienes como yo pensamos que Meta debería acabar disuelta y sus ejecutivos rendir cuentas en los tribunales (sí, no me basta con multas, creo que lo legítimo es pedir responsabilidades penales), esta sentencia española es un rayo de esperanza: una evidencia de que no todo está perdido y de que las corporaciones gigantes y abusivas como Meta que creen que pueden hacer lo que les dé la real gana pueden, finalmente, recibir un golpe serio.
No podemos ignorar que Meta seguirá apelando, que seguirá intentando negociar y que su lobby tecnológico aún tiene recursos infinitos. Pero el mensaje que lanza España es inequívoco: no más impunidad para los poderosos digitales que se comportan como mafias. De hecho, considero esta agresividad hacia Meta plenamente justificada, porque Meta ha violado los límites de lo ético, lo legal y lo humano. Desde usar algoritmos que crean cámaras de eco, a meter publicidad dirigida a menores, manipular contenidos políticos (como he señalado en mis artículos anteriores sobre su impacto en la democracia), hasta usar datos sin control real y diseñar un «monstruo de la atención» cuya rentabilidad viene de robar listas de deseos, conversaciones y latidos del pulso digital. Insisto: Mark Zuckerberg es el rostro visible de ese monstruo, y aunque el calificativo de «psicópata» sea un término fuerte, lo elijo con toda la intención: alguien que sistemáticamente infringe derechos y provoca daños importantísimos y no cuantificables sin ningún tipo de remordimiento.
La sentencia española abre además un nuevo paradigma europeo: el de que los estados nacionales pueden actuar con determinación ante plataformas globales. No es ya un mero aviso técnico o administrativo, es un golpe económico, simbólico y político. Y si España lo hace, otros países europeos y no europeos, sin duda, observarán. Porque el algoritmo que ha dominado nuestros días tiene una vulnerabilidad: la ley. Y cuando la ley finalmente actúa, el monstruo puede perder su poder.
El momento exige que la vigilancia tecnológica no se quede en declaraciones vacías y multas poco disuasorias. Que los reguladores exijan auditorías reales, que los usuarios recuperen soberanía, que los medios no sigan siendo presas del extractivismo de datos. Que se impida que Meta repita este modelo en otro país, o con otro producto. Porque si no lo frenamos aquí, será, una vez más, la democracia, la esperanza colectiva y la dignidad humana la que pague el precio.
España ha acertado al situarse del lado correcto de la historia. El resto del mundo debería mirar y aprender. Y mientras Meta aprieta sus defensas, conviene recordar que ya no está a salvo: la era de la impunidad digital podría estar llegando a su fin.
This article is also available in English on Medium, «Spain has just struck an important blow to end Meta’s impunity»