El único acto institucional en el que el fiscal general del Estado se dejó ver en los siete días que pasaron entre el fin del juicio y la publicación del fallo que lo condena por revelación de secretos fue en Galicia. Álvaro García Ortiz … regresó por unas horas al lugar donde había sido profesionalmente feliz para investir a la nueva fiscal superior de Galicia, Carmen Eiró, con quien había trabajado codo con codo durante años en la Fiscalía gallega de Medio Ambiente. Porque fue en sus casi dos décadas en la Fiscalía de Santiago de Compostela donde forjó su carrera. Aunque el hombre que el lunes presidió la toma de posesión de su colega no parecía el mismo que hizo las maletas para irse a Madrid hace un lustro.
Su etapa como fiscal del área de Santiago de Compostela (2002-2020) es ampliamente reconocida por los abogados de la capital gallega, que lo trataron en innumerables ocasiones en los pasillos de los juzgados de Fontiñas. «Jurídicamente es un tipo muy bueno, muy sólido», se repite entre los letrados compostelanos. «Con él podías llegar a conformidades, y las discrepancias que pudieras tener eran exclusivamente en el ámbito jurídico», suscribe Evaristo Nogueira, exdecano de los abogados compostelanos. Otro histórico letrado como Luciano Prado, que lo trató mucho en esos años, coincide: «Tengo muy buena opinión sobre él. Siempre te recibía bien».
Era también un fiscal cercano con los medios, a los que no tenía inconveniente en conceder entrevistas. Lo demostró sobradamente como portavoz de la Unión Progresista de Fiscales. Era el rostro amable, el tono reposado, que contrasta con el García Ortiz que el lunes se vio en La Coruña, con su juicio finiquitado y visto para sentencia: sin mediar palabra y esquivando a los medios.
Tras licenciarse en Derecho en Valladolid, el primer destino de García Ortiz (Salamanca, 1967) fue Mahón (Menorca), donde estuvo dos años. Pero acabó en Galicia por amor. En la Escuela Fiscal había conocido a Pilar Fernández, ahora especializada en Violencia de Género, con un carácter mucho más rocoso en el trato que su marido. Hasta su marcha a Madrid, la familia residía en el barrio compostelano de San Lorenzo.
García Ortiz se especializó en cuestiones ambientales. En 2004 fue nombrado fiscal especial coordinador de incendios en Galicia; en 2007, fiscal delegado de Medio Ambiente del Tribunal Superior; y desde 2009 hasta su aterrizaje en la capital ejerció como fiscal delegado en este ámbito para toda la comunidad autónoma. Suyas son muchas de las investigaciones que negaron la existencia de tramas incendiarias en Galicia, en años en que desde la Xunta se hablaba abiertamente de «terrorismo» del fuego. García Ortiz siempre sostuvo que detrás de los incendios había, en realidad, motivaciones individuales. Pero, al tiempo que debilitaba el discurso oficial, también lo hacía con los que enarbolaba la oposición, como que el fuego buscaba la recalificación del suelo afectado o la venta de madera quemada.
Sin duda, su papel más reconocido entonces fue la asunción de la causa por el accidente del petrolero Prestige frente a las costas gallegas en noviembre de 2002. García Ortiz se incorporó tres años más tarde y ejerció la acusación pública durante la instrucción, elaborando el escrito de acusación, participando en la vista oral y en los recursos de casación, y en la ejecutoria de la sentencia. Su papel fue determinante para auxiliar al pequeño Juzgado de Instrucción nº 1 de Corcubión, que asumió el procedimiento y por el que fueron pasando varios jueces. En esa época conoció a algunos de los periodistas que proclamaron su inocencia en el juicio.
Ya en sus primeros años compostelanos compatibilizaba su labor profesional con la asociativa como portavoz de la sección noroeste de la Unión Progresista de Fiscales (UPF). En casi dos décadas de trayectoria en Galicia, su pertenencia a la UPF lo situaba en una órbita progresista, pero eso no parecía emborronar su hoja de servicios, en la que, sin embargo, sí había alguna mácula.
No guardan buen recuerdo de él algunos de los siete concejales del PP de Santiago de Compostela que sufrieron un interrogatorio de García Ortiz en el marco de una denuncia por una supuesta prevaricación en una decisión tomada por la Junta de gobierno y amparada por un informe del secretario municipal. «Fue terrible, durísimo, apenas nos dejaba hablar», recuerda uno de los concejales. Él no era el fiscal del caso —lo era su compañera Aránzazu San José— en un proceso que arrojó una condena en primera instancia, alimentando una cacería social y política contra estos ediles, pero a los que la Audiencia Provincial acabó absolviendo por no existir «prueba de cargo».
El siguiente borrón fue junto a un logo del PSOE. García Ortiz participó en 2019 en un acto de precampaña de los socialistas gallegos, un «laboratorio de ideas» sobre «la Galicia sostenible», que fue denunciado por el PP por poner en cuestión «la neutralidad de su cargo». A su lado en el acto, cosas de la vida, estaba Isabel Pardo de Vera, entonces presidenta de Adif y figura emergente en el PSdeG. El fiscal alegó que su presencia se había «malentendido» porque acudía como presidente de la UPF. Accedió a lo más alto de la UPF en 2013, cargo que desempeñó durante dos mandatos. Es entonces cuando entra en el círculo de Dolores Delgado, quien lo nombrará fiscal de sala de la Secretaría Técnica en la Fiscalía General tan pronto ella cruce el umbral del Palacio de Fontalba en 2020. García Ortiz ascendía a primera categoría.
La exministra de Justicia abandonará la Fiscalía General del Estado por motivos de salud en el verano de 2022, y el Gobierno le elegirá como su sucesor. El fiscal general de las primeras veces. La primera vez que esta designación recaiga sobre una persona declarada «no idónea» por la mayoría del pleno del CGPJ; que impulse el nombramiento de su antecesora en el cargo para un ascenso en la carrera y éste sea anulado por el Tribunal Supremo, acusándolo además de «desviación de poder»; que soliviante a la mayoría del Consejo Fiscal por impedir la publicación de informes sobre leyes tan relevantes como la amnistía, informe que negó al Senado; o que acabe sentado en un banquillo y condenado por el TS por revelación de secretos. Entre medias, su sonado enfrentamiento con los fiscales del ‘procés’, que se negaron a aplicar la amnistía a los líderes del 1-0. García Ortiz consiguió imponer su criterio y que fuera la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, la que respaldara la aplicación de la ley con la que el Gobierno se jugaba todo.
Detalles nada menores como la sobrerrepresentación de la UPF, premiada sistemáticamente con jefaturas – a pesar de que esta asociación representa menos del 10% del total de la carrera– han ido apuntalando también estos últimos años de caída.
Al frente de la nota
Al «lobo con piel de cordero» –definido así por sus propios compañeros– se le han visto las fauces en el caso del correo de González Amador.
De manera inédita, en las Salesas se ha escuchado cómo una jefa de prensa reconocía que el fiscal general le dictaba el contenido de un correo confidencial porque de otro modo «quedaba coja». Cómo el abogado del Estado reconocía que el comunicado en realidad lo redactó él porque, en palabras del propio fiscal general, «la verdad no se filtra; la verdad se defiende». Quedará como epitafio para quien quería, a toda costa, impedir que el entorno de Ayuso le ganara «el relato». Pero también el «eso ahora no importa» como respuesta a «Álvaro, ¿lo has filtrado tú?» que le reprochó la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, quien, junto a la UCO, terminó de poner la puntilla a este episodio tan deshonroso para la Fiscalía.
Con una condena que va a ser firme tan pronto se notifique la sentencia, García Ortiz, que no dudó en borrar los mensajes de su móvil a las cinco horas de que el Supremo le abriera una investigación, ha tocado fondo y es visto con una mezcla entre sorpresa y estupor por quienes lo trataron en sus años compostelanos. «Lo que ha hecho es de una incomprensión mayúscula», reconocen distintos operadores jurídicos, «no sé qué le pasó, si cambió mucho o es que al llegar a Madrid se rodeó de palmeros y destapó el tarro de sus esencias».
Al fiscal de los quevedos se le ha congelado la sonrisa, aunque lo más grave «es que ha destrozado la institución que representaba manteniéndose en el cargo».