Madrid
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado su renuncia al Gobierno mediante una carta al ministro de Justicia, Félix Bolaños. En la misiva, García Ortiz reclama su cese a petición propia sin esperar a que se le notifique la sentencia del Tribunal Supremo que lo condena a dos años de inhabilitación.
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El titular de Justicia ya busca un perfil «incuestionable» y de orientación «progresista» para ejecutar el relevo al frente de la Fiscalía General del Estado. Félix Bolaños empezó a hacer llamadas y a convocar reuniones el pasado jueves, poco después de conocerse el fallo del Supremo que el Gobierno asegura que «acata y respeta», pero no comparte.
El propio presidente, Pedro Sánchez, aseguró este domingo desde Sudáfrica que sigue creyendo en la inocencia del todavía jefe del Ministerio Público, pese a que cinco de los siete magistrados de la Sala Segunda del Tribunal lo consideran culpable de un delito de revelación de datos reservados sobre el fraude fiscal cometido por el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, el empresario Alberto González Amador.
La intención del Ejecutivo es activar cuanto antes el proceso institucional para realizar el nombramiento. Las fuentes consultadas por la SER aseguran que estaban esperando a que García Ortiz comunicara su decisión antes de llevar la propuesta al Consejo de Ministros. El fiscal general ha guardado silencio desde su intervención en la vista oral, pero, con esta decisión, se adelanta a la ejecución de la sentencia del Supremo al pedir el cese voluntario al Gobierno, antes de conocer incluso la argumentación jurídica del tribunal que lo considera culpable. En el Gobierno han querido ser muy respetuosos con los tiempos que marque el fiscal.
Examen del Congreso y del Poder Judicial
En cualquier caso, el proceso para elegir al sucesor de García Ortiz no solo depende del Ejecutivo. La Constitución, en su artículo 124.2, establece que el fiscal general será nombrado por el rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial. Pero es el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal el que regula todo el procedimiento. El artículo 29 marca los requisitos del perfil: un jurista de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión.
Una vez el Consejo de Ministros haga la propuesta, el candidato tendrá que ser analizado por el CGPJ, que tendrá que elaborar un informe que no será vinculante en la designación. Después, el Congreso tendrá que acoger la comparecencia del aspirante en la comisión correspondiente para que los diputados valoren los méritos y la idoneidad antes de que jure o prometa su cargo ante el rey y tome posesión ante el pleno del Tribunal Supremo.