El fiscal general del Estado ha presentado este lunes su dimisión al Gobierno. Álvaro García Ortiz ha enviado una carta al ministro de Justicia, Félix Bolaños, en la que pide que el Consejo de Ministros le cese. “Es un acto debido no solo al Ministerio Fiscal, sino a toda la ciudadanía española”, señala el escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS. García Ortiz ha dado este paso tras conocer, el pasado jueves, el fallo del Tribunal Supremo que le condena a dos años de inhabilitación para el cargo por un delito de revelación de secretos y le impone una multa de 7.200 euros y el pago de una indemnización de 10.000 euros al empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por fraude a Hacienda.
En la carta remitida a Bolaños, García Ortiz explica que su decisión de adelantar su salida antes de que el Supremo ejecute la inhabilitación se debe a su “profundo respeto” a las resoluciones judiciales y a su voluntad “siempre presente, de proteger a la Fiscalía española”. “Aunque mi determinación deriva directamente del fallo que me ha sido notificado, en mi haber tengo el convencimiento de haber servido fielmente a la institución a la que me honro en pertenecer, con una inequívoca vocación de servicio público, sentido del deber y lealtad institucional”.
El cese no se hará efectivo hasta que lo acepte el Consejo de Ministros, previsiblemente este martes, y se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE). García Ortiz podía haberse quedado en el cargo hasta que el Supremo notifique la sentencia con los argumentos que le han llevado a condenarle (por ahora solo ha hecho público el fallo), ya que será entonces cuando surta efecto la pena. Pero el fiscal general ha optado por anticipar su salida acogiéndose al artículo 31.1 a) del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), que contempla que el fiscal general del Estado puede cesar “a petición propia”.
Ahora será el Gobierno el que tenga que nombrar a un nuevo jefe del Ministerio Público, que será el cuarto, desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa en junio de 2018. Antes que García Ortiz estuvieron María José Segarra y Dolores Delgado, que también dimitió, aunque en su caso, por problemas de salud. Mientras tanto, las funciones del cargo de fiscal general serán asumidas por la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, número dos de la cúpula fiscal. Sánchez Conde ha sido quien, durante la instrucción y el juicio a García Ortiz, ha ejercido como fiscal del caso y ha pedido la absolución de quien hasta ahora ha sido su superior directo.
En su primera comparecencia pública tras la condena del Supremo, este domingo, el presidente del Gobierno aseguró que ya está en marcha el proceso para relevar a García Ortiz y, aunque no dio pistas claras sobre nombres, fuentes del Ejecutivo han señalado en los últimos días que será netamente progresista y una persona de perfil fuerte para enfrentarse a una situación muy delicada. “El gobierno siempre ha propuesto personas como García, con dilatada experiencia, con conocimiento importante de la materia. Reconocemos la labor que ha hecho Álvaro García, ha sido muy positivo”, dijo Sánchez, quien dejó claro su malestar con el fallo e incluso confió en que “otras instancias”, en referencia al Tribunal Constitucional o la justicia europea, “puedan dirimir aspectos de esta sentencia que puedan ser controvertidos”.
García Ortiz ha mantenido desde el principio su inocencia y ha rechazado haber filtrado el correo que se ha centrado la investigación. En el juicio, durante su declaración como investigado, el jefe del ministerio público aseguró que ni él ni nadie de su entorno había filtrado el correo. “La verdad no se filtra, la verdad se defiende”, dijo. El fiscal general se ha negado durante todo el proceso a dimitir, pero la pena de dos años de inhabilitación impuesta por el Supremo le obliga a dejar el cargo.
Contra esa sentencia no puede interponerse ningún recurso ordinario, solo un incidente de nulidad, un procedimiento extraordinario para reclamar la nulidad de una resolución judicial por vulneración de derechos fundamentales, pero sería el propio Supremo el que tendría que resolverlo y las posibilidades de que prospere son muy remotas. Agotadas las vías en el alto tribunal, la única opción que le quedaría a García Ortiz sería presentar un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional si considera vulnerados derechos constitucionales.
La pena impuesta por el Supremo es inferior a la que pedían las acusaciones, que reclamaban entre cuatro y seis años de prisión y hasta 12 de inhabilitación. El delito por el que ha sido condenado García Ortiz, el 417.1 del Código Penal, castiga a la autoridad o funcionario público “que revelase secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados”. La pena prevista para ese delito es de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años, pero en su forma agravada puede llegar a implicar pena de prisión de uno a tres años y de tres a cinco de inhabilitación. El tribunal ha optado por quedarse en la mitad de la horquilla del tipo básico para la pena de inhabilitación, dos años, y por la pena mínima para la multa (12 meses con una cuota diaria de 20 euros).