Telefónica ha presentado a los sindicatos un dossier con al menos 5.319 puestos excedentarios en Telefónica España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones. A esta cifra se une una relación de áreas no excedentarias, sin que se conozca su impacto laboral. Inicialmente, CC.OO. ha informado de que «dará respuesta el próximo miércoles 26 de noviembre», siempre con el objetivo de defender unas condiciones de Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en las que se priorice el carácter voluntario de las bajas, las buenas condiciones económicas y sociales, además de su enlace con la jubilación para los empleados afectados con más de 55 años. En concreto, la afectación en Telefónica de España alcanza a 3.649 puestos ( el 41% de una plantilla de 8.892 personas), en Telefónica Móviles otros 1.134 empleos (31,3% de una plantilla de 3.587 puestos), en Telefónica Soluciones un total de 267 empleos (el 23,9%, de un total de 1.118 empleos) y en Movistar+ otros 279 empleados, casi un tercio de la plantilla (32,45% de un total de 860 personas).

UGT ha recalcado, a través de un comunicado, su exigencia de que «cualquier medida que se adopte se articule como un proceso estrictamente voluntario basado en prejubilaciones, en coherencia con lo firmado en el acta del ERE de 2024. Asimismo, UGT ha señalado que resultará imposible alcanzar un acuerdo global si no avanzan de forma satisfactoria las negociaciones para prorrogar el actual CEV hasta 2030». Dicha prórroga, añade la misma central, «permitiría extender las garantías y mejorar las condiciones socio-laborales de una plantilla llamada a asumir los retos derivados del Plan Estratégico presentado el pasado 4 de noviembre».

Telefónica ha mantenido este lunes un encuentro con los representantes de los sindicatos mayoritarios de la filial española (UGT, CCOO y Sumados-Fetico) para informar sobre los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) correspondientes a Telefónica España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones. Las tres sociedades también afectadas por el ajuste masivo de personal (Telefónica S.A., Telefónica Innovación Digital y Telefónica Global Solutions) prevén mantener un primer contacto con la empresa a lo largo de la jornada del martes.

Fuentes del sector estiman que el impacto inicial de las siete empresas oscilará entre los 6.000 y 7.000 profesionales, cifra que será objeto de negociación durante las próximas semanas. De esa forma, el ajuste podría reducirse entre 1.000 y 2.000 puestos para así concretar el ERE en el entorno de las 5.000 bajas. Dicho tijeretazo está contemplado implícitamente en el plan estratégico que la teleco presentó el pasado 4 de noviembre, donde se contemplan unos ahorros de costes de alrededor de 2.300 millones de euros para 2028 y 3.000 millones de euros para 2030, unas cifras en las que se incluyen partidas ligadas a los gastos de personal.

El sindicato UGT ya informó hace justo siete días de que, «tras recibir la comunicación formal que activa el plazo de una semana para constituir las comisiones negociadoras, cumpliremos con el mandato legal del Estatuto de los Trabajadores y negociaremos de buena fe, desde el diálogo y el consenso, pero con la firmeza que otorga su posición mayoritaria en el grupo». El último ERE que realizó Telefónica se saldó con la salida de casi 3.400 trabajadores de la empresa (un 33% menos que las 5.124 bajas planteadas al comienzo de las negociaciones) y el acuerdo con los sindicatos se cerró en enero de 2024. El coste del despido colectivo de 2024 se situó en alrededor de 1.300 millones de euros (antes de impuestos) para la compañía, que abonó una media de unos 380.000 euros por trabajador, una cifra esta última inferior a la de los planes de salida acometidos por la compañía en los últimos años. No obstante, el ahorro promedio para la empresa a raíz del ERE se sitúa en unos 285 millones de euros anuales, según informa la agencia Ep.

En este contexto, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, defendió la semana pasada que el ERE deberá desarrollarse en el marco de un proceso de acuerdo con la representación de los trabajadores. «Puedo indicar que la posición del Gobierno va a ser muy clara. Lo que ocurra tiene que ser siempre con acuerdo de los sindicatos», subrayó el ministro, cuyo gobierno posee un 10% de Telefónica a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

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