Lunes, 24 de noviembre 2025, 15:47
La guerra entre Belén Esteban y su exrepresentante Toño Sanchís ha vivido este lunes su último capítulo. La Audiencia de Madrid ha condenado a dos años de cárcel a Sanchís al considerar probado que el representante se apropió ilegalmente de 475.571 euros -cantidad fijada en la sentencia- que pertenecían a Belén Esteban. Según la resolución, a la que ha tenido acceso EFE, el acusado se valió de la «confianza plena» de la colaboradora televisiva para cobrarle durante años una comisión mayor a la estipulada. Concretamente «se llevaba el 30% o el 40%», incluso «el 85%», de los contratos firmados, lejos de percibir el 20% acordado entre las partes, según se publicó en la prensa del corazón hace ya una década cuando estalló el caso.
Antes de este proceso, la justicia ya había dado la razón a Belén en un proceso civil por el que Toño fue condenado a pagar 388.868 euros a su exrepresentada. Sin embargo, hasta el momento solo había abonado unos 50.000, lo que llevó a la colaboradora a acudir a la vía penal. En aquel proceso civil, Toño Sanchís le entregó una vivienda como parte del pago, valorada en 375.000 euros, con una hipoteca de más de 200.000. La colaboradora televisiva vendió después ese inmueble por lo que la Audiencia de Madrid considera que la cantidad con la que Sanchís debe indemnizar a Esteban debe ser modificada. A los 475.571 euros los 49.000 euros que Esteban ya cobró en un proceso civil anterior y el dinero realmente percibido por la adjudicación de la vivienda mencionada.
En la resolución publicada este lunes, los magistrados también condenan al expresentante de Esteban a una multa de 2.100 euros, poco más de la mitad de la cantidad que demandaba la Fiscalía. También los jueces han rebajado la petición de cárcel en 18 meses.
Queda probado que la empresa participada por Toño al 50%, Agencia de Servicios Lorant S.L., representaba a Belén de manera exclusiva para España y el mundo, por lo que recibía los pagos por los trabajos de su clienta. Luego, la empresa de Belén, Bem Imaging S.L., recibía el pago previa emisión de unas facturas que hacía el propio acusado «por la confianza existente entre las partes». Toño habría aprovechado esta situación para «obtener un ilícito enriquecimiento patrimonial».
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