El ERE masivo de Telefónica sobre más de 5.450 trabajadores no había despertado grandes críticas en el Gobierno de Pedro Sánchez. Hasta ahora. El Ministerio de Trabajo se desmarca del resto del Ejecutivo y señala que el hecho de que «una empresa … con beneficios y participada públicamente decida despedir a 5.000 personas es indecente», según fuentes oficiales consultadas por ABC.
Telefónica ha puesto sobre la mesa siete ERE en siete sociedades en España: Telefónica de España, Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones, Telefónica S.A., Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Movistar+. Hasta la fecha, la compañía ha transmitido a los sindicatos una afectación de 5.459 trabajadores pero esa cantidad será finalmente mayor ya que todavía quedan por desvelarse las cifras de despidos en dos de esas sociedades, con lo que el dato final podría acabar rondando los 6.000 empleados.
La propuesta de la compañía dirigida por Marc Murtra ha encendido a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ya ha mostrado su rechazo rotundo a una medida como esta que supondría al menos dar salida a un 21% de la plantilla de Telefónica en nuestro país. A juicio del ministerio, no se puede aceptar que «no pase nada» por un recorte de plantilla de estas características. Más aún cuando el Estado es accionista.
El Estado tiene un 10% de la operadora a través de la SEPI después de que el Gobierno de Pedro Sánchez decidiera regresar al capital de Telefónica tras el desembarco de los saudíes de STC. El argumento que dieron entonces fue para proteger las capacidades estratégicas de la compañía y la seguridad nacional. Posteriormente, La Moncloa forzó la salida del presidente José María Álvarez-Pallete para colocar a Marc Murtra como presidente y, asimismo, Carlos Ocaña es vicepresidente de la operadora en representación pública.
Ante esta situación, Trabajo confirma que le ha remitido una carta a la SEPI para expresar su rechazo a una medida como esta en una empresa donde el Estado es uno de los principales accionistas junto a Criteria Caixa y STC, ambos también con alrededor de un 10% cada uno.
Hasta la fecha, en el ministerio de Díaz habían mantenido cierto perfil bajo sobre los esperados despidos en la operadora de bandera española. Otros ministros sí que se habían pronunciado sobre la medida, pero en un tono más conciliador. El ministro de Transformación Digital, Óscar López, señaló hace escasas semanas que «la posición del Gobierno va a ser muy clara, y es que ocurra siempre con acuerdo de los sindicatos». También el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se pronunció ayer 24 de noviembre en un tono similar.
Cuerpo, en declaraciones a la prensa en Bruselas, señaló que vigilarán el ERE para que se haga todo negociado con los sindicatos. «Los sindicatos ya han dicho que van a analizar la oferta que ha puesto sobre la mesa Telefónica», dijo, para recordar que la voluntariedad es un elemento importante para los sindicatos, así como mejorar las condiciones de los anteriores procedimientos de despido. «Vamos a estar, por supuesto, encima y pendientes de que, como he dicho, esta evolución, estas condiciones, se den«, comentó Cuerpo, quien recalcó la necesidad de que el proceso »se lleve de la mano de los sindicatos».
Los pronunciamientos de López y Cuerpo iban en línea con la posición interna dentro de la propia Telefónica que había transmitido el Gobierno a través de su consejero en la operadora, Carlos Ocaña. Este ERE masivo está recogido en el reciente plan estratégico presentado por la compañía de telecomunicaciones y que, tal como se anunció, tiene el respaldo de los principales accionistas. Es decir, que el Ejecutivo avaló, dentro del plan estratégico, la salida masiva de trabajadores. En 2030, entre todos los conceptos, la operadora espera lograr unos ahorros de costes de 3.000 millones de euros, de los cuales buena parte saldrían de los menores gastos de personal.