¿Quién puede oponerse a una norma que pretende mejorar la calidad universitaria, evitar los chiringuitos, que existen se pongan algunos como se pongan, y que respaldan los rectores –también de muchas privadas ya existentes–, los sindicatos, las asociaciones de estudiantes y (casi) todos los partidos? Lo habéis adivinado.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid anunció la semana pasada que ha interpuesto ante el Supremo (tiene motivos para ser optimista con ese tribunal) un recurso contra el real decreto de creación, reconocimiento y autorización de centros universitarios del Ministerio de Universidades. A Ayuso le parece mal que el Gobierno pretenda poner algo de orden en un sector descontrolado, donde se aprueban universidades aunque las administraciones digan que los proyectos son muy malos. Pero no está sola la presidenta madrileña: su homóloga balear, Marga Prohens, va de la mano de Ayuso en este asunto.
El Gobierno quiere que si la agencia de calidad correspondiente dice que la universidad no es buena, sea vinculante. Que las privadas gasten en investigación. Que tengan un mínimo de profesorado doctor, un mínimo de alumnado, oferta académica diversa… Unos mínimos que hagan que las cosas a las que llamamos universidades se parezcan efectivamente a universidades.
Ayuso dice que es una “imposición” que no se ha negociado (exactamente la misma acusación que le hacen a ella con la ley universitaria), que es “arbitraria” y que genera “inseguridad jurídica”. Prohens añade que “pone palos en las ruedas” de la expansión privada y el clásico argumento de la “libertad”, que sirve para todo. Como comentaba, solo en el PP ven todo esto.
Para Ayuso y la Comunidad de Madrid es una cuestión de modelo, de manera de entender la vida. Llevan años demostrándolo y aplicándolo con gran éxito según el modelo buscado: la universidad pública peor financiada y más cara del país y una gran presencia de universidades privadas. Prohens debe querer lo mismo para Baleares. De momento están gestionando proyectos de universidad e incluso tramitan como “proyecto de especial interés estratégico” una petición de centro universitario asociado al CEU.
En Madrid precisamente esta es una semana importante en las universidades públicas madrileñas: el miércoles y el jueves hay huelga en los seis campus públicos de la región contra la asfixia, la infrafinanciación, contra la futura ley universitaria y sus recortes y ataques a la autonomía de los rectorados. Los convocantes, las plataformas de cada universidad, llevan semanas de arduo trabajo y esperan que la huelga tenga un gran impacto. El jueves saldremos de dudas.
Hemos hablado mucho de la huelga, os hago al tanto. Pero, por si acaso, dejo un par de enlaces que, creo, explican bien la situación de la universidad madrileña:
–Diez datos que sitúan a Madrid como la comunidad que peor trata a su universidad pública.
–La ley de Ayuso provocará un agujero en la universidad madrileña de 200 millones de euros.
Esta semana hemos hablado de…
- El coste (y no solo en euros) de que no haya plazas en la FP. África estudió un ciclo de grado medio de Auxiliar de Enfermería de FP en lo público. Hasta ahí todo bien. Pero cuando quiso pasarse al superior se topó con la realidad madrileña: no hay plazas y le ha tocado matricularse en uno privado a razón de 561 euros al mes. “Es una vergüenza”, opina. Ella al menos tiene suerte y sus padres se lo pueden pagar. Pero seguro que entre los más de 62.000 rechazados este año en el sistema público hay otras realidades menos afortunadas. El problema va a más cada año.
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