La sentencia dictada en 2018 por la Audiencia de Baleares condenando a Antonio Muñoz Cano, cuñado del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, por delitos de amenazas en el ámbito familiar, daños y amenazas leves, refleja en su relato de hechos probados que … ya entonces quedaba claro que había que tener mucho «cuidado» con él, pues sus propias palabras, incluso reconocidas por el aludido, iban precisamente en ese sentido.
Todo un preludio quizá, porque según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, no lo olvidemos, Antonio Muñoz Cano estuvo contratado entre septiembre de 2019 y diciembre de 2022 por Servinabar, la mercantil navarra que utilizaba presuntamente la trama de Santos Cerdán para generar comisiones por obras públicas del Ministerio de Transportes, como «peón especialista» en una actuación asociada al proyecto de sustitución de los tirantes del puente del Centenario de Sevilla capital y su ampliación con un carril más.
El citado proyecto, así, no deja de dar de hablar, no sólo por los retrasos y sobrecostes que arrastra tras su contratación en 2021, sino por figurar en la investigación de la mencionada red de comisiones ilegales.
Al detalle, en esta sentencia de fecha 21 de noviembre de 2018, la Sección Segunda de la Audiencia de Baleares declara probado, por expreso reconocimiento de Antonio Muñoz Cano como acusado, que «el 14 de noviembre de 2016, con ocasión de un ingreso hospitalario a consecuencia de un incidente relacionado con unas cuentas corrientes de su suegra, profirió a su mujer, con la que llevaba casado unos 13 años, en presencia de su hermano; y a fin de amedrentarlos», la expresión «no me hagáis una putada que ya veis siendo bueno las cosas malas que hago, siendo malo imaginad lo que os puedo hacer, me doy miedo a mí mismo de lo que puedo hacer, id con cuidado porque os puedo hacer mucho daño».
La sentencia declara además probado que el 20 de noviembre de 2016, la esposa del acusado le planteó su decisión de separarse de él, extremo que el inculpado «nunca llegó a asimilar del todo», marco este en el cual el día 25 de ese mes habría amedrentado al hermano de su pareja con las palabras de «te voy a matar, a arrancar la cabeza, te voy a ver vestido de luto».
La sentencia añade que la madrugada del 30 de noviembre de ese año, el acusado se dirigió a la vivienda de su suegra, a la que su mujer «se había trasladado a vivir junto con los dos hijos menores comunes del matrimonio de 7 y 11 años de edad, este último con una diversidad funcional que le impide caminar» y «a sabiendas de que los mismos estarían durmiendo en su interior, accedió al interior escalando la pared, abrió la puerta de la cochera con llave que estaba puesta en la cerradura, (…) cogió varios objetos y los dispuso junto a las ruedas del automóvil, les prendió fuego y abandonó el lugar, dejando abierta la puerta por donde había entrado, lo que provocó la propagación del incendio en dirección a las estancias de la vivienda, donde se encontraban pernoctando su suegra, esposa y dos hijos».
Todo «a sabiendas»
Ello, «poniendo en riesgo así la integridad física y la vida no sólo de sus familiares, sino de los moradores de la vivienda colindante, que igualmente quedó levemente afectada, a sabiendas del peligro inherente a su acción o asumiendo que podría producirse», según se declara probado por reconocimiento del inculpado.
Dado el caso, Antonio Muñoz Cano aceptaba en esta sentencia en la que reconoce la autoría de tales hechos el cumplimiento de 56 días de trabajo en beneficio de la comunidad por un delito de amenazas en el ámbito familiar, tres años de cárcel por un delito de daños y multa de 540 euros por un delito leve de amenazas, así como diez años de prohibición de acercarse a su expareja o comunicarse con ella y seis meses de dicha prohibición con relación al hermano de la misma. Igualmente, la condena asumida incluía la obligación de abonar más de 34.000 euros en concepto de indemnizaciones.
Cuando esta sentencia condenatoria fue dictada el 21 de noviembre de 2018, por cierto, el inculpado llevaba en prisión provisional casi dos años, en concreto desde el 1 de diciembre de 2016, día siguiente al mencionado incendio intencionado.
Obras del puente del Centenario
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Retrasos y sobrecostes en la obra del Centenario
Las obras del puente del Centenario fueron contratadas en 2021 por importe inicial de 86,4 millones de euros, si bien su coste se eleva ya a casi 137 millones de euros y los retrasos rondan ya los dos años. El proyecto fue adjudicado a Acciona Construcción, en UTE con Tecade y Freyssinet; y figura como es sabido en la investigación por presuntas mordidas en proyectos del Ministerio de Transportes cuando el mismo era dirigido por el socialista José Luis Ábalos, antecesor de Cerdán en la Secretaría de Organización del PSOE.
Según los investigadores de la UCO, Muñoz estuvo ligado a una obra de emergencia para el acceso al Puerto de Sevilla en el marco de dicho gran proyecto de obra pública, El Ministerio de Transportes le expidió un certificado para poder burlar las restricciones Covid a fin de «facilitar su incorporación como peón especialista», como indica la UCO.
Habría sido, de hecho, el único empleado que tenía Servinabar en esta obra y por su papel en la misma habría cobrado 69 transferencias por un valor conjunto de 53.130 euros, según los investigadores. Su contratación, además, habría comenzado cuando aún pesaba sobre él la mencionada pena de cárcel impuesta por la Audiencia de Baleares y aceptada por él mismo.
La tesis de la UCO radica en que Servinabar recibía «el dos por ciento neto» de las adjudicaciones que consiguió con Acciona Construcción de las contrataciones del Ministerio, obteniendo casi dos millones de euros por el proyecto del puente del Centenario, unas obras que siguen pendientes de su finalización, como también sigue abierta la investigación de estas presuntas comisiones ilegales.