La sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha rechazado la querella de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contra la líder de Podemos y exministra, Ione Belarra. Belarra dijo que «la señora Ayuso debería estar en la cárcel por la gestión homicida que ha hecho de la pandemia y por todas esas personas que fallecieron de manera absolutamente evitable», en alusión a la gestión de las residencias de mayores.
El auto del alto tribunal que firma el magistrado, Pablo Llarena, considera que esas palabras están protegidas por el derecho a la libertad de expresión. Dice Llarena que «las declaraciones objeto de la querella constituyen una crítica política asentada en la convicción, percepción o interés político de quien las hizo, para, desde su discurso disidente, censurar la gestión de un gobierno autonómico presidido por la querellante».
El auto recuerda que la libertad de expresión «no solo ampara la crítica ordinaria, sino también la severa o exacerbada, particularmente en supuestos en los que se suscita e introduce en el debate político de una sociedad democrática».