«Destaca sobremanera la inexistencia de avisos como consecuencia del ascenso exponencial desde las 16.15 horas» del caudal del Poyo durante la tarde del 29 de octubre. Así de contundente se ha pronunciado la Guardia Civil en su informe de 220 páginas sobre la gestión de la dana.
En particular, sobre la controvertida falta de comunicaciones directas entre la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), entidad estatal responsable de controlar los barrancos, y la Generalitat Valenciana, competente en materia de Emergencias.
En el documento, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Valencia señala directamente a la CHJ. Pone de manifiesto la falta de avisos del organismo de cuenca hasta que el caudal alcanzó un dato «extraordinario».
El escrito subraya sobre el organismo, presidido por el socialista Miguel Polo, que, durante ese «ascenso exponencial» del caudal en la rambla del Poyo desde las 16:15 horas, la CHJ no realizó «comunicación alguna» hasta las 18:43 horas, cuando el caudal alcanzó los 1.683 metros cúbicos por segundo.
«Cabría preguntar a los responsables de la CHJ cuál fue el motivo por el que no se llevaron a cabo los avisos de superación de los umbrales preceptivos por parte de las personas que tenían encomendadas estas funciones durante la tarde del día 29 de octubre», reza el documento.
«Sin duda, denotaron una aparente ausencia del control sobre el dispositivo de registro de la rambla del Poyo, justo en el peor momento«, aseguran de manera contundente.
Antes y después
El pronunciamiento de la Guardia Civil puede suponer un antes y un después en la investigación que lleva a cabo el juzgado de Catarroja. Por primera vez, un organismo estatal se alinea con la tesis de la Generalitat (PP), que afea desde el inicio la ausencia de avisos por parte del Gobierno (PSOE).
El Ejecutivo central ha defendido desde el principio que eran suficientes para la Generalitat los datos «cincominutales» sobre el estado de las cuencas que se subían de forma automática a la web de la CHJ, disponibles online para cualquier persona.
La propia jueza, en múltiples autos, había asumido hasta ahora ese mismo planteamiento. De hecho, tan solo ha citado como investigados a la exconsellera titular de Emergencias, Salomé Pradas, y al ex secretario autonómico del ramo, Emilio Argüeso, ambos dirigentes de la Generalitat.
En cambio, el Gobierno autonómico denuncia desde hace nueve meses que la CHJ obvió los llamados «mensajes redundantes», que ahora la Guardia Civil denomina como «avisos de superación de los umbrales preceptivos».
Se trata de correos electrónicos que se deben enviar cuando se superan, en el caso del medidor de Riba-roja de la cuenca del Poyo, los 150 metros cúbicos por segundo.
15 omisiones
Tal y como informó EL ESPAÑOL, dicho umbral fue rebasado hasta en 15 de las mediciones desde las 16:15 horas sin que la CHJ enviara el correo electrónico a la Generalitat hasta las 18:43 horas.
Para entonces el destrozo ocasionado en esa rambla ya era letal. Dicho desbordamiento, como informó EL ESPAÑOL, fue el que ocasionó el 86,5% de las muertes de la trágica tarde del 29 de octubre.
Era la única de las tres cuencas de las que sufrió la dana que carecía de obras hidráulicas que protegieran a la población.
Además de la ausencia de avisos mediante correo electrónico, la crecida del Poyo no fue comunicada durante la reunión del Cecopi, en la que estaba presente el propio Miguel Polo.