Los síntomas de agotamiento de la legislatura se agravan. Este jueves, mientras en el Tribunal Supremo se dirimía el futuro inmediato de José Luis Ábalos, con la sombra de la prisión provisional sobre su cabeza, el Congreso de los Diputados ha asestado un duro golpe … al Gobierno al tumbar la senda de estabilidad propuesta por el Ministerio de Hacienda para los próximos tres años. Los objetivos de déficit del Ejecutivo, paso previo a la tramitación de los presupuestos generales del Estado (PGE), han sido rechazados con el voto en contra de PP, Vox, Junts y UPN y la abstención de Podemos y la diputada de Compromís en el Grupo Mixto, Àgueda Micó.
El varapalo se daba ya por descontado, tras la ruptura de Junts con el Gobierno en octubre, pero no por ello es menor. De hecho, lo peor para el Ejecutivo de PSOE y Sumar es la certidumbre, por más que la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tratase de vender optimismo este jueves, de que las cuentas estatales para el año 2026 correrán la misma suerte que la senda de estabilidad. Los objetivos de déficit se volverán a votar dentro de un mes en la Cámara Baja, pero nada augura un cambio de rumbo. Tampoco para los presupuestos, que por tercer año consecutivo ni siquiera se han presentado pese a que lo mandata la Constitución.
Montero, en la defensa de su senda de estabilidad, ha pronunciado un discurso ajeno a la realidad, como si existiese la más mínima posibilidad de que este jueves su propuesta saliese victoriosa. Tras vender las bondades macroeconómicas ha defendido ese 0,1 por ciento de déficit que se planteaba para las comunidades autónomas porque, de aprobarse, se habría traducido en 5.484 millones de euros que se habrían puesto a disposición de las regiones «en detrimento» de la Administración General del Estado. A pesar de que Junts apoyó la investidura de Pedro Sánchez y de que hasta el mes pasado era catalogado como uno de sus socios, la pieza ‘sine qua non’ de la legislatura, la número dos del Gobierno dirigía sus súplicas a la bancada popular. Ni una sola palabra a los independentistas.
«Hay grupos que para provocar una derrota a este Gobierno votan que no tirándose piedras contra su propio tejado. El PP tendrá que explicar por qué las comunidades autónomas donde gobierna piden más recursos y a la hora de la verdad votan que no a que tengan más gasto», decía la titular de Hacienda mirando a su derecha. El popular Juan Bravo ha acusado a la ministra de incumplir la regla de gasto del 2024, la obligación de presentar un plan financiero y el compromiso de llevar uno presupuestario a la Unión Europea, y ha aseverado que la única forma de pagar el gasto que propone el Ejecutivo —eleva el techo de gasto, que no se vota, un 8,5 por ciento respecto al anterior— es «con más deuda y más impuestos».
El secretario general del Grupo Parlamentario Vox, José María Figaredo, ha elevado el tono y directamente ha acusado al Gobierno de pretender financiar desde el Estado a las comunidades autónomas con «el dinero que les roban a los españoles de sus bolsillos». Pero el no más doloroso, porque supone un jarro de agua fría a las aspiraciones de la Moncloa, no es el de PP ni el de Vox ni el de UPN, todos ellos claramente enmarcados en la oposición. Josep Maria Cruset, de Junts, ha hecho añicos las ensoñaciones del Ejecutivo. Si mantiene la legislatura hasta el 2027, como aún defiende, será sin presupuestos y sin aprobar grandes reformas.
«¿Cómo piensa aprobar la senda de estabilidad si ha presentado exactamente la misma que le tumbamos el año pasado? ¿Sabe la situación de bloqueo en la que se encuentra su Gobierno?», preguntaba el diputado independentista a la vicepresidenta primera. El año pasado, el Ejecutivo vio cómo PP, Vox y Junts ya le tumbaban en julio los objetivos de déficit. En septiembre, antes de la segunda votación, Hacienda los retiró para evitarse un segundo tirón de orejas. Pero ahora la estrategia ha cambiado y aunque iba a una derrota segura, ha persistido.
«Más allá de su realidad paralela, en la que todo es bonito, de color rosa y tienen mayoría parlamentaria, existe la realidad», se quejaba Cruset, quien ha concluido con una retahíla de ataques a la ministra: «Usted no quiere aprobar los presupuestos, lo que quiere es que el PP le tumbe los presupuestos para poder hacer campaña en Andalucía. Todo el mundo ha visto que su soberbia política ha bloqueado la legislatura. Hoy todo el mundo va a ver cómo su soberbia política va a dejar a su país sin presupuestos un año más».
Para más inri, ni siquiera la abstención de la derecha separatista catalana habría salvado esta vez la senda de estabilidad porque Ábalos, que declaraba a la misma hora en el Supremo por su implicación en el caso Koldo, no ha votado. Tampoco lo han hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni la diputada de Sumar Aina Vidal, pero es que además han optado por la abstención tanto Podemos como la parlamentaria de Compromís en el Grupo Mixto, Àgueda Micó.
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha lamentado que se deba votar la senda de estabilidad desde que PP y PSOE reformaron juntos en 2011 el artículo 135 de la Constitución y ha dicho que su grupo no podía aceptar los objetivos presentados por insuficientes: «Da la impresión de que estos presupuestos no son otra cosa que la campaña electoral del PSOE. Vienen desganados y sin negociar nada». Micó, por su parte, ha justificado su abstención en que no se valora la «infrafinanciación» de la Comunidad Valenciana a la hora de establecer los objetivos de déficit y deuda pública.
En la carrera de obstáculos hacia los presupuestos, que promete acabar en un estrepitoso fracaso, el Gobierno se ha encontrado también con críticas incluso de varios grupos que han arropado la senda de estabilidad del 2026 al 2028. Teresa Jordà, de ERC, ha pedido más herramientas para Cataluña y ha criticado el aumento del gasto militar en el último año; Idoia Sagastizabal, del PNV, ha abogado por una reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y ha pedido que los objetivos sean asimétricos en función de la situación de cada comunidad autónoma; y tanto Néstor Rego como Cristina Valido, de BNG y Coalición Canaria, han dicho que la propuesta es mejorable, pero que la apoyaban para favorecer la negociación presupuestaria y no contribuir a la «parálisis».
(INFORMACIÓN EN ELABORACIÓN)