Madrid (EFE).- Catalunya en Comú ha presentado una querella criminal ante el Tribunal Supremo contra el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, por un presunto delito de revelación de secretos relacionado con la sentencia del juicio al ya ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz.
Según ha explicado la formación catalana en un comunicado este jueves, la acción judicial se basa en la afirmación que hizo el magistrado durante un curso organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), «en pleno período de deliberaciones» sobre la sentencia de García Ortiz.
Arrieta, que presidió el tribunal durante el juicio y que es el ponente de la sentencia condenatoria, finalizó su participación en el curso afirmando: «Con esto, señores, concluyo que tengo que poner la sentencia del fiscal general», a lo que siguieron risas de los asistentes, según el vídeo difundido este miércoles por Televisión Española.
Esta afirmación constituye, según la denuncia, una revelación explícita de información reservada sobre el estado interno de las deliberaciones, el cambio de ponente respecto de la magistrada inicialmente designada, la existencia de una mayoría formada y la orientación del fallo.
Secreto de deliberación
Para los Comunes, estos datos están protegidos por el secreto de deliberación, recogido en el artículo 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y cuya vulneración afecta al derecho fundamental a un juicio imparcial.
Apunta también que la participación simultánea de tres magistrados del tribunal -además de Arrieta, Juan Ramón Berdugo y Antonio del Moral- en un acto organizado por una de las partes acusadoras «compromete gravemente la apariencia de imparcialidad» del órgano judicial, en contra de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que exige no solo la imparcialidad real, sino también la apariencia de imparcialidad.
La querella ha sido interpuesta por el abogado y eurodiputado de los Comunes Jaume Asens, ante la Sala Especial del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Tribunal Supremo «en defensa del interés público y del principio de igualdad ante la ley».
En su opinión, casos como éste «no deben quedar sin control judicial cuando afectan al corazón mismo del sistema democrático: la independencia y neutralidad de los tribunales».
La Sala del 61 es el órgano competente para enjuiciar a magistrados del propio Tribunal Supremo y deberá decidir ahora sobre la admisión o no a trámite de la querella de los Comunes.