El Ministerio de Sanidad ha puesto el foco en un objetivo clave antes del pico de gripe: lograr que las comunidades autónomas aprueben un protocolo común de respuesta ante los virus respiratorios. Tras el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), la ministra de Sanidad, Mónica García, se mostró confiada en un acuerdo político y técnico el próximo 3 de diciembre. «Creo entender que lo aprobarán en la Comisión de Salud Pública«, afirmó, aludiendo al compromiso expresado por las comunidades durante la reunión, aunque dejando claro que han sido dos comunidades las que han intervenido instando «en la misma línea que el Ministerio» a la aprobación del reglamento.
La ministra abrió su comparecencia recordando que el CISNS no se ha limitado a la gripe. Explicó que «hemos aprobado 10 nuevos acuerdos» y que se han realizado transferencias «por el importe de más de 24 millones de euros» a las comunidades autónomas y al INGESA, destinados a vigilancia del cáncer, enfermedades raras, resistencia antimicrobiana, salud laboral y refuerzo de los sistemas de vigilancia epidemiológica.
Un protocolo que el año pasado se quedó en recomendaciones
García subrayó que la intención del Ministerio es cerrar un documento compartido que marque el paso en todo el territorio. Recordó que el año pasado ese objetivo no se alcanzó y que el Ministerio se vio obligado a presentar el texto solo como guía orientativa. La ministra fue directa al señalar responsabilidades políticas: «El año pasado esto no pudo ser posible porque las comunidades del Partido Popular se negaron a tener este protocolo común para poder afrontar la gripe».
El nuevo intento parte de la experiencia de la última temporada, que dejó un impacto importante en salud pública. Según los datos del Instituto de Salud Carlos III que citó la ministra, «la gripe causó unos 1.800 fallecimientos, el virus influenza respiratorio alrededor de 1.000 y la COVID unas 500 muertes». En total, recordó, «3.300 personas fallecieron por estos virus respiratorios», además de decenas de miles de hospitalizaciones y casi 2.000 ingresos en UCI vinculados a gripe.
Por ello, Sanidad insiste en la idea de anticipación. García recalcó que «necesitamos abordar la epidemia estacional de la gripe con anterioridad y necesitamos tener un protocolo común que dé confianza y seguridad a los ciudadanos y ciudadanas», con el objetivo de minimizar tanto la morbimortalidad como el colapso de los sistemas sanitarios.
Madrid analizará «a nivel técnico» el protocolo antes de apoyarlo
La viceconsejera de Sanidad, Laura Gutiérrez, explicó que «en el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de hoy se ha introducido un punto adicional informativo sobre recomendaciones para el control de las infecciones respiratorias». Añadió que el Ministerio les ha comunicado que «nos remitirán un protocolo, un documento al respecto» y que la posición de la comunidad es clara: «ese documento evidentemente tendrá que ser estudiado y analizado en el seno de la Comisión de Salud Pública».
Gutiérrez subrayó que deberán ser los equipos técnicos quienes determinen la idoneidad de las medidas propuestas, recordando que la Comisión reúne «a todos los directores generales de salud pública» y que allí corresponde «estudiarlo y analizarlo a nivel técnico para ver qué medidas son las más adecuadas».
La curva de la gripe ya ha superado el umbral epidémico
La situación epidemiológica añade urgencia al debate. La ministra explicó que España ya «ha pasado el umbral epidémico, que son 37 casos por 100.000 habitantes» y que actualmente «estamos en unos casos de 40 por 100.000 habitantes». La incidencia, matizó, se ha adelantado unas semanas y presenta diferencias territoriales, con un inicio más intenso en el norte del país.
Aun así, García defendió que el sistema sanitario está todavía en una fase en la que se puede influir en la evolución de la epidemia. «Estamos a tiempo», aseguró, insistiendo en que «es el momento de incidir, es el momento de actuar y es el momento en el que las comunidades tienen que valorar poner esas medidas de contención». El objetivo central, dijo, es evitar repetir picos como los de temporadas recientes, «en que se llegó a cifras de 400 casos por 100.000 habitantes».
Mascarillas: de la recomendación a la obligación según el nivel de riesgo
Uno de los puntos más sensibles del protocolo es el uso de mascarillas en centros sanitarios y residencias. La ministra defendió un modelo basado en indicadores objetivos, pero adaptable a la realidad de cada territorio. «La flexibilidad significa que se adapta a los escenarios reales de todas y cada una de las comunidades», explicó. Sin embargo, marcó un límite claro: «Lo que no se pueden negar las comunidades es a tomar esa serie de medidas, porque esa serie de medidas son las que contienen la epidemia».
En este esquema, el uso de la mascarilla no será uniforme en todo momento, sino gradual. García precisó que «el uso de la mascarilla será una recomendación o será una obligación en función del escenario que cada una de las comunidades vaya adquiriendo». Y, si se alcanza un nivel de riesgo alto, consideró lógico que los territorios apliquen las medidas previstas: «Si estamos en un escenario de máximo riesgo en el que la mascarilla, según el protocolo, tiene que ser obligatoria, entiendo que las comunidades no se van a negar a seguir ese protocolo».
La ministra trató de trasladar la idea de sencillez práctica a la población: «Llegas a un centro sanitario, te pones la mascarilla, sales del centro sanitario y te la quitas». A su juicio, se trata de una medida simple que «protege a los pacientes, protege a los profesionales y te protege a ti mismo». También apeló a la responsabilidad individual: «A partir de ahora el que tenga síntomas de catarro se debería poner de manera responsable una mascarilla».
Un documento técnico continuista, pero actualizado con las alegaciones de las CCAA
En cuanto al contenido del protocolo, García confirmó que no se parte de cero. «Es en esencia el mismo protocolo», explicó, en referencia al texto trabajado el año anterior. Eso sí, aclaró que «durante estos meses desde el año pasado a este año en la ponencia se han ido incorporando todas las alegaciones de las diferentes comunidades», incluidas cuestiones metodológicas ligadas a las series históricas de incidencia.
La ministra resumió el núcleo del documento en tres pilares «básicos»: «Mascarillas que tengan que ser o recomendadas o obligatorias, la campaña de vacunación y las medidas higiénicas». Subrayó que se trata de medidas avaladas por la evidencia científica y diseñadas para ser «flexibles y adaptables» a la realidad epidemiológica de cada territorio, pero con criterios comunes en todo el país.
En materia de vacunación, recordó que la temporada pasada se alcanzó un 68,27% de cobertura en mayores de 80 años, un 58,27 % en mayores de 65, un 48,16% en niños y un 39,54% en profesionales sanitarios. Reconoció que «sería deseable» superar el 65% en todos estos grupos, especialmente entre el personal sanitario.
Hospitales y presión asistencial: la lección de la pandemia
Preguntada por la capacidad de los hospitales para asumir un repunte de ingresos, García apeló al aprendizaje de la COVID-19. Afirmó que «el histórico nos dice que los hospitales nunca están preparados» cuando no se actúa antes para contener la transmisión. Por ello, insistió en que la clave está en «poner toda la carne en el asador de la prevención y de las medidas de contención» para evitar llegar a situaciones de saturación que obliguen a suspender cirugías o reordenar servicios.
Homologación de títulos: más expedientes resueltos que egresados
En la parte final de la rueda de prensa, la ministra abordó otra cuestión relevante para el sistema sanitario: la homologación de títulos de especialista formados en el extranjero. Reconoció que existe «un decalaje como de tres o cuatro meses» en los expedientes que tramita el Ministerio de Sanidad, pero subrayó que se ha acelerado el ritmo de resolución al pasar de un sistema de revisiones cada dos meses a otro «en el que se homologan los expedientes cada 15 días».
García destacó que están «ahora mismo en una situación en la que se están homologando más títulos de gente que se está formando», algo que, admitió, «da para una reflexión». A su juicio, este volumen de homologaciones abre una vía para que las comunidades autónomas refuercen plantillas y aprovechen «todos estos profesionales que están homologados» para aliviar la presión asistencial y mejorar la cobertura en especialidades deficitarias.
Un mensaje final: evitar la laxitud tras la pandemia
Como cierre, la ministra ligó todas estas medidas a una cuestión de confianza pública y de responsabilidad política. Recordó que «no nos podemos permitir que después de una pandemia el mensaje que traslademos a la ciudadanía es que vamos a ser laxos a la hora de proteger la salud de nuestros ciudadanos». Por eso insistió en que este es «el momento de actuar» y de que las comunidades aparquen sus discrepancias para aprobar un protocolo común que permita «parar la curva de la epidemia» y reducir el impacto de la gripe y otros virus respiratorios en los próximos meses.
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