El mundo político ya huele a elecciones. España entra en una ronda de comicios autonómicos ―Extremadura el 21 de diciembre, Castilla y León, después Andalucía, tal vez Aragón― que empiezan a preparar el terreno para la gran partida: la de las generales y la de todas las demás autonómicas y las municipales. En teoría son en 2027, pero por mucho que Pedro Sánchez y los suyos insisten en que apurará la legislatura, pocos acaban de creerle del todo.
En los pasillos del Congreso se especula mucho ―generales y andaluzas juntas en junio de 2026, generales ese otoño, en el arranque de 2027, superdomingo con autonómicas, municipales y generales juntas en mayo de ese año―, y aún más en el turbulento ambiente de esta semana, con la entrada en la cárcel de otro ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, que ha empezado a cargar contra el presidente y su familia. Pero a falta de moción de censura, de momento inviable, aunque el PP parece dudar con la idea de presentarla incluso para perderla, es el presidente el único que puede usar la bala de plata de la convocatoria electoral, y según su entorno más cercano no tiene ninguna intención de hacerlo.
Sánchez ha dado una orden clara a los suyos, en unos días de mucha zozobra por la dureza de la imagen de Ábalos, que fue su mano derecha y corazón del sanchismo, entrando en la cárcel: “Calma. No nos podemos dejar llevar por la ansiedad del PP”. En la cúpula del Gobierno señalan que fue mucho peor el golpe de Santos Cerdán en junio. “Esto es doloroso, Ábalos ha decidido ir contra su partido, pero no tiene nada, no está soltando nada comprometedor, son mentiras como lo de la reunión de Sánchez con [Arnaldo] Otegi, que nunca se produjo, o vaguedades como lo de la influencia de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa, que ya han mirado varios jueces y no hay nada”, señala un ministro.
Aun así, en el mundo político se respira ambiente electoral. Si no aún de generales, sí con la cadena de autonómicas que marcarán un estado de ánimo y darán números claros de la situación real. En Extremadura, el varapalo para el PSOE se espera muy duro. En Castilla y León los socialistas podrían resistir mucho mejor, y en Andalucía el PP podría perder la mayoría absoluta y tener que pactar con Vox, que prevé subir en todas partes.
La cúpula de Vox mostraba esta semana en los pasillos del Congreso su euforia. Están crecidos con el acuerdo en la Comunidad Valenciana, donde el PP les da todo lo que pedían a cambio de la investidura de Juan Francisco Pérez Llorca. Están convencidos de que van a ser decisivos en casi toda España en los próximos meses, con la vista puesta en serlo también en La Moncloa. Vox se guarda la carta de volver a entrar en los Gobiernos autonómicos y en su día, después de las generales, si suman con el PP, exigir una vicepresidencia para su líder, Santiago Abascal. De momento le basta con ser decisivo y obligar al PP, como en la Comunidad Valenciana, a comprar toda su agenda extremista en inmigración o cambio climático.
En el PP no logran frenar a Vox, pero cada vez lo tienen más asumido y lo que les preocupa de verdad es que la derecha sume. El PP está más interesado en la derechización de la sociedad española, que ve imparable, que en la propia fuerza de Vox. Siempre que no haya sorpasso, claro. “En Extremadura el CIS da a la derecha [PP y Vox] casi un 60%. Cuando logramos gobernar allí con Monago, hace 15 años, no llegaba al 40%. En los grandes feudos socialistas de antaño ahora la discusión no es si gobernará la izquierda o la derecha, sino si lo hará el PP con Vox o sin él”, resumen en la cúpula de Feijóo, donde se dicen tranquilos “disfrutando de la caída del régimen”.
Mientras, en el PSOE y en Sumar creen que este ascenso de Vox en toda España, que debilita al PP, también hará que los ciudadanos reaccionen ante gobiernos cada vez más negacionistas del cambio climático, más xenófobos, más intolerantes, porque Vox tendrá cada vez más peso en las decisiones del PP. La izquierda intentará así repetir el fenómeno de 2023, cuando la llegada de Vox a los gobiernos autonómicos y ayuntamientos catapultó a Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, que tuvieron un resultado mucho mejor del esperado.
Los propios discursos de los líderes ya empiezan a sonar a campaña. Este sábado, Feijóo, una vez más, volvió a pedir a los socios de Sánchez, en especial a Junts, que le apoyen una moción de censura solo para convocar elecciones: “si usted está con la decencia, deje que se convoquen elecciones en España. Yo no quiero ser presidente del Gobierno de España. Lo que quiero es que me elijan los españoles en las urnas, no a través de ninguna moción, sino a través de las urnas”.
Sánchez ve imposible que prospere esa moción de censura, porque ni Junts ni nadie puede asumir el coste de votar con el PP y Vox para tumbar al presidente. En el Gobierno creen que Feijóo cometió un error de libro al ir a Barcelona a pedir públicamente a los empresarios que presionen a Junts para que le apoye en una moción. Junts reaccionó de forma airada, alejándose aún más del PP. También suele suceder con el PNV. “¿El PP aún no se ha enterado de que no gobierna porque genera un enorme rechazo en media España? ¿No ve que ha roto los puentes con todos? Y en vez de reconstruirlos, los rompe más», señala un ministro.
Pero aunque esté completamente decidido a agotar la legislatura, y convencido de que tiene capital político y sobre todo dinero para gestionar y buenos datos económicos para hacerlo, aunque sea sin Presupuestos, Sánchez también empieza a lanzar discursos para activar a los progresistas, preparando el terreno. Desde Malta, en una cita de la Internacional Socialista que él preside, Sánchez llamó a los progresistas de todo el mundo al optimismo, a no caer en la resignación frente a la ola de ultraderecha. Puso de ejemplo la victoria del socialista demócrata Zohran Mamdani en Nueva York: “Su victoria es una señal de dónde reside hoy la energía, en aquellos que ofrecen esperanza y no miedo. La historia no está escrita, no está programada por algoritmos, pertenece a la gente. No importa cuán oscuro sea el invierno, siempre llega la primavera, y tiene nuestro nombre, el nombre del socialismo”, clamó.
Lo cierto es que el ambiente electoral de las autonómicas y la sombra de las generales al final del camino está afectando mucho a la legislatura. Todos empiezan a colocarse para las urnas, y cada vez es más difícil llegar a acuerdos. “Empezamos a entrar en tiempo de descuento de la legislatura, pero no por el caso Ábalos, por decantación natural”, admite otro miembro del Gobierno. Todos, ya sea Junts, ERC, PNV, Podemos o incluso Sumar, que está dentro del Ejecutivo, van mostrando públicamente cada vez más sus diferencias con el PSOE.
Y, sin embargo, por debajo hay mucha negociación para rematar asuntos antes de que sea demasiado tarde. El PNV, que cada vez muestra más dudas de la viabilidad de la legislatura, está negociando el llamado cierre del Estatuto, el traspaso definitivo de competencias pendientes. ERC, muy crítica con el Ejecutivo, está negociando el remate de la financiación singular con María Jesús Montero, que ha prometido un nuevo modelo de financiación autonómica para febrero. Y con Junts está todo parado en superficie, pero el Gobierno sigue moviéndose para avanzar en todos los asuntos que interesan a los independentistas y soñar con un desbloqueo a partir de febrero.
“Cada vez es más difícil, pero nadie quiere tumbar al Gobierno. Nos quieren débiles, pero nos quieren vivos. Hay muchas cosas pendientes aún”, remata un miembro del Ejecutivo. “El mes de septiembre volvimos con mucha fuerza y logramos dominar la agenda con Gaza y temas de gestión relevantes. En octubre también lo conseguimos, aunque menos. Y en noviembre hemos vuelto a perder la agenda por el caso Ábalos. Pero vamos a volver. El PP sigue perdido con manifestaciones que no van a ninguna parte”, resumen en La Moncloa.
Esta misma semana, Sánchez anunció una subida salarial del 11% para los funcionarios hasta 2028, un hito importante, pero quedó totalmente opacada por la entrada en prisión de Ábalos. Aun así, en La Moncloa creen que, aunque en el debate mediático no aparezca, todas esas decisiones positivas llegan a los ciudadanos. “Hay 3,5 millones de funcionarios y sus familias que sí se han enterado de esa subida”, resume un ministro, que descarta, como todos, el adelanto electoral. El argumento es, sobre todo, económico, pero también político: los datos van bien, el Gobierno tiene margen para gastar, hay muchas políticas para implementar, en especial la de vivienda, que ahora está en plena discusión con Sumar para hacer nuevos anuncios.
Por eso este ministro remata: “Ningún Gobierno convoca elecciones creciendo al 2,9%. ¿Pero por qué íbamos a querer ir a elecciones, si tenemos cuatro años de mandato y muchísimas cosas por hacer, si podemos seguir mejorando la vida de millones de personas, si vamos a subir más el salario mínimo, si volveremos a subir las pensiones, si tenemos decenas de planes para desarrollar? Lo mejor que tenemos es el Gobierno, y la mejor respuesta es gobernar. Que se olviden de eso”.
Pero como siempre, una cosa son los planes que se hacen en política y otra la realidad, que viene marcada por las elecciones. De momento el baile empieza en Extremadura, pero de una manera o de otra ya no parará hasta 2027.