El estrecho plazo de 15 días con el que el Supremo espoleó al Gobierno para que se hiciera cargo de los menores extranjeros solicitantes de asilo sigue abriendo grietas administrativas de difícil resolución. Aunque muchos de esos chavales, alrededor de 500, han sido trasladados ya de Canarias a la Península para incorporarse a centros estatales que se han reacomodado en un tiempo récord, la pregunta ahora es cómo se ejercerá la tutela, que sigue manteniendo la comunidad, a miles de kilómetros de distancia, una vez que ha cedido la guarda al Gobierno y sus pupilos viven ahora en otras comunidades. Mientras, muchachos que no han alcanzado la mayoría de edad siguen llegando estos últimos días en cayucos hasta las costas de El Hierro procedentes de Mali, lo que garantiza que habrá más peticiones de protección.

La consejera de Bienestar Social de Canarias, Candelaria Delgado, asegura que se han comunicado con las fiscalías de las comunidades a las que han trasladado a los adolescentes para que cuiden de que todo esté correcto en esos nuevos centros. “La labor de las fiscalías es inspeccionar, pero también tenemos técnicos de la Consejería que se trasladarán hasta allí”, ha declarado a este periódico Delgado. ¿Se lo ha pedido a las fiscalías expresamente? “Es su deber, yo no pido, comunico. La Fiscalía nos recuerda a veces por escrito que esa es su labor”, añade Delgado. Asegura también que la Fiscalía canaria ha informado a las demás de que “lo mejor sería cambiar la tutela”, que tendría que recaer en las comunidades, por ley, no en el Estado.

“Creo que Canarias no tiene capacidad para ejercer esa tutela”, dice Isabel Lázaro, catedrática de Derecho Internacional Privado. “Si en situaciones de normalidad se ejerce relativamente, en una situación como esta…”, añade. Tener la tutela de un niño significa estar pendiente de sus estudios, de que lleve una vida digna y en el caso de extranjeros, de que obtengan los papeles que regularicen su estancia en España, entre otras cosas. “Canarias no controla a los propios, ya hemos visto los últimos escándalos de lo que pasa en algunos centros, cómo acudirá a vigilar lo que pasa en otros sitios. No es un sistema que esté previsto de ese modo”, sostiene Lázaro, que pertenece también al patronato de Save the Children. “No me gusta el auto del Supremo, yo creo que no entiende el sistema de protección internacional, que es donde hay que enganchar el asilo, que no puede ir en contra ni restar competencias a las comunidades autónomas. Da la impresión de que el tribunal no conoce bien cómo funciona el sistema”, recalca la experta, en referencia a la guarda que ahora ejerce el Gobierno mientras que los servicios los presta la comunidad de residencia, ya sean educativos, sanitarios o de otra índole.

Tutela y guarda

Lo lógico sería que Canarias cediera la tutela en favor de esas comunidades, porque el Estado, por ley, no puede ejercerla, “pero en lugar de llegar a acuerdos para ceder la tutela cede solo a guarda”. Lázaro, que ha estudiado de cerca situaciones anteriores parecidas en Ceuta y Melilla, cree que la explicación está en el dinero que reciben las comunidades por mantener la tutela de esos niños. El Estado se ha hecho cargo tradicionalmente de dar protección internacional, cubriendo necesidades básicas, como la vivienda, pero solo cuando se trata de adultos o familias, no en el caso de menores desamparados, y muchos de los que ahora llegan a Canarias solos solicitan esa protección porque provienen de Mali, donde soplan las balas, no se trata únicamente de una migración económica.

Lázaro entiende la difícil situación por la que atraviesa Canarias. Como ella, son pocos, si es que hay alguno, los que no estén de acuerdo en las complicaciones que acarrea la llegada recurrente de migrantes a esas costas. Canarias recibe muchas expresiones de solidaridad, pero no la ayuda que necesita, lamentan sus autoridades. Prueba de ello son los obstáculos que están poniendo algunas comunidades para acoger a muchos menores (entre los que no han solicitado protección internacional) para una distribución equitativa del peso. 2.800 chicos tienen que ser reubicados en otros territorios, pero ese proceso está en mantillas, apenas han salido 17 hacia la Península, según la consejera Delgado.

Después de varios avisos, el último auto del Supremo que urgía al Gobierno a hacerse cargo definitivamente de esos menores ha causado disfunciones y más de un disgusto en algunas familias y cuidadores de los centros de acogida canarios que aún se están corrigiendo. En el atropellado proceso para sacar de las islas a cientos de adolescentes no siempre se ha tenido en cuenta el arraigo que algunos de ellos ya tenían en Canarias, integrados en institutos educativos, equipos de fútbol y familias que les amadrinan. Algunos que fueron trasladados desde otras islas hasta Las Palmas, único lugar donde el Estado tenía hasta ahora un centro de acogida en todo Canarias, han sido devueltos a sus pueblos tras las protestas incesantes de las familias y educadores. Aunque ello incumpla en alguna medida lo dictado por el Supremo, parece que se ha priorizado el interés superior del menor.

Fuentes conocedoras de todo el proceso aseguran que se han dado situaciones chocantes, enviando a chiquillos a Valencia cuando tenían familia en Málaga, por poner un ejemplo con ciudades ficticias. O mandando a Extremadura a quien cursaba estudios náuticos, o separando a hermanos. Todo ello, aseguran, se ha ido reconduciendo. Pero lo que preocupa ahora es que esos traslados imprevistos sean otra estación en la vapuleada vida de esos muchachos: si su solicitud de asilo fuera denegada deberían volver a Canarias, quizá cuando ya se hayan adaptado de nuevo a la Península. ¿Cuántos han salido sin tener reconocido todavía el derecho a protección internacional? La consejera canaria de Bienestar Social asegura que todos los trasladados lo tienen ya.

Menores en tránsito

En los centros del Estado en Canarias, tanto el Canarias 50 como dos más que se han adaptado para ello, quedan aún decenas de menores, muchos de ellos en tránsito, porque algunos de esos lugares no reúnen las condiciones que se requieren, están ahí para evaluar las circunstancias de los muchachos y garantizar que no se rompa abruptamente su arraigo en las islas antes de ser derivados a la Península, un destino que muchos de ellos desean, como han expresado a este periódico algunos de los jovencillos que pasaban la tarde, esta semana, a las puertas del Canarias 50, unas instalaciones en la capital de las islas concebidas en principio para adultos, que no disponen de aulas de estudio. Otros, que ya tienen edad para salir, cogen cada día las guaguas —autobuses— para acercarse al instituto en sus pueblos, si no hay muchos kilómetros por medio, y seguir, en la medida de lo posible, con su vida anterior.

De los dos nuevos centro habilitados por el Gobierno en las islas para quienes no desean marchar y poder así cumplir con el decreto del Supremo ―que tampoco tuvo en cuenta esta circunstancia—, uno de ellos también está considerado de tránsito. “Si se inspeccionan los centros de menores de esta comunidad, cerraríamos todos, porque ninguno cumple”, reconoce la propia consejera, en referencia a aquellos establecimientos creados en momentos de emergencias que siempre tienen más, muchos más de los 12 niños que estipulan las normas, no así los de los cabildos, recuerda Delgado. A pesar de ello, la consejera confía en que los lugares donde se está recibiendo a estos muchachos en la Península son los adecuados, porque “todos han tenido que pasar los filtros que para estos centros imponen las comunidades”.