• El 84 % de los letrados rechaza la obligatoriedad de los MASC y la mayoría califica con un cero la Ley 1/2025 en sus primeros meses de aplicación.
  • El estudio, elaborado por la revista OTROSÍ del ICAM a partir de una encuesta a más de 1.000 profesionales de la abogacía, revela que solo 1 de cada 10 intentos de MASC finaliza con acuerdo y advierte de una fuerte dispersión de criterios judiciales que aumenta la inseguridad jurídica.
  • “La abogacía madrileña no está en contra de los MASC ni de la modernización de la Justicia. Al contrario. Lo que decimos, con este estudio en la mano, es que la eficacia no se decreta por ley”, señala el decano del ICAM, Eugenio Ribón.

La exigencia de acreditar un intento de acuerdo extrajudicial antes de presentar demanda, introducida por la Ley 1/2025 de Eficiencia Procesal, no está logrando los efectos esperados en el ejercicio profesional. Así lo constatan los resultados de la primera encuesta sobre el impacto real de esta norma en sus primeros meses de aplicación, realizada por la revista OTROSÍ del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) entre un total de 1.164 letrados y letradas. El sondeo revela un rechazo generalizado a la implantación obligatoria de los MASC como condición para acceder a los tribunales: el 84 % de los encuestados valora negativamente la medida. Además, solo el 10 % de los intentos de resolución anticipada del conflicto ha terminado con acuerdo, según los datos recabados.

La encuesta, compuesta por diez preguntas y realizada entre septiembre y octubre de este año, recoge una muestra representativa de los distintos perfiles profesionales de la abogacía madrileña: letrados del Turno de Oficio (21%), de grandes despachos (4%) y mayoritariamente de medianas firmas y ejercicio individual (89%). El 82 % de los encuestados ya ha tramitado procedimientos afectados por la nueva norma, lo que aporta una base sólida de experiencias reales al estudio.

“Este estudio no es un ejercicio de crítica retórica, sino una herramienta de trabajo para mejorar el sistema. Los datos nos dicen que, tal y como está configurado y aplicado, el sistema de MASC no está logrando los objetivos de eficiencia y está generando cargas adicionales para la ciudadanía y para la abogacía”, señala Eugenio Ribón, decano del ICAM, encargado de exponer los resultados del estudio este lunes en la sede del Colegio madrileño en el marco de la presentación del último número de la revista OTROSÍ.

Desajustes con la práctica y disparidad de criterios

Lejos de reducir la litigiosidad o aliviar las cargas procesales, la percepción mayoritaria entre la abogacía madrileña es que se han introducido más trabas que soluciones. El 90 % de los profesionales considera que los nuevos trámites ralentizan los procedimientos, mientras que únicamente el 4,3 % cree que han agilizado la tramitación judicial. Uno de cada dos abogados (50,7 %) afirma haber tenido dificultades para acreditar el intento de acuerdo ante el juzgado, lo que en muchos casos ha supuesto la inadmisión de demandas.

De la encuesta también se infiere que la tasa real de éxito de estas vías extrajudiciales sigue siendo residual: solo el 10 % de los conflictos se resolvió con acuerdo previo. En el resto de los casos, los intentos de acercamiento fracasaron, convirtiendo la fase previa en una carga procesal sin efectos prácticos. La abogacía madrileña cuestiona, además, la utilidad de imponer formalmente la negociación sin contar con una estructura reforzada de medios, plantillas o criterios homogéneos.

Uno de los principales puntos de fricción identificados en la encuesta es la diversidad de criterios judiciales a la hora de aplicar la nueva ley. El 71 % de los encuestados considera que los requisitos de procedibilidad se interpretan de forma muy dispar, mientras que solo un 4 % cree que existe uniformidad en su aplicación. Esta fragmentación genera inseguridad jurídica y expone a los profesionales a una suerte de ruleta procesal, de manera que la admisión de una demanda depende del criterio particular de cada juzgado

Mecanismos elegidos y percepción de eficacia

A la hora de escoger el mecanismo de solución más viable, los colegiados se decantan mayoritariamente por fórmulas ya consolidadas en la práctica profesional: el 44% opta por la oferta vinculante y el 34,5 % por la negociación directa. En cambio, fórmulas como la mediación (8,2%), la conciliación (10,6%) o el derecho colaborativo (1,6%) siguen teniendo una implantación residual.

Este patrón revela que el sistema se está apoyando en herramientas ya existentes, sin lograr un cambio cultural profundo. Los medios considerados “más sofisticados” apenas se utilizan, probablemente por falta de incentivos, escasa formación específica o dudas sobre su eficacia.

A ello se suma que el 90% de los encuestados indica que la ley ha generado más retrasos en la tramitación judicial. Solo el 4,3% afirma haber percibido mayor agilidad desde la entrada en vigor de la norma, lo que refuerza la impresión de que la Ley de Eficiencia no está cumpliendo con su promesa de desjudicialización efectiva.

Una ley que no convence: balance general

La percepción global del funcionamiento del nuevo sistema se sintetiza en el dato de satisfacción: más de la mitad de los profesionales encuestados otorgan a la norma una nota de 0 sobre 10. La media apenas alcanza el 1,6, y la mediana es directamente 0. Esta valoración, transversal a todos los perfiles profesionales, resume con claridad el estado de ánimo de la abogacía madrileña: desconfianza, sobrecarga y falta de resultados.

“Una de las principales conclusiones es que el sistema no ha sido diseñado ni implementado con la participación adecuada de quienes tienen que aplicarlo. Y sin esa legitimación técnica, sin el conocimiento directo de quienes ejercen el Derecho cada día, los proyectos bienintencionados acaban resultando estériles”, apunta Ribón. Si no se corrigen las disfunciones detectadas, “la obligatoriedad de los MASC puede convertirse en un obstáculo de acceso a los tribunales, especialmente para quienes cuentan con menos medios”, añade.

Para tratar de evitarlo, el ICAM reforzará tres líneas de actuación complementarias para hacer frente a las disfunciones detectadas por la abogacía en la aplicación de la Ley de Eficiencia Procesal. En el plano institucional, el Colegio utilizará este diagnóstico como base para reclamar ajustes normativos y criterios claros y homogéneos, con el fin de evitar que los MASC obligatorios se conviertan en una barrera de entrada a los tribunales. En este sentido, el Colegio madrileño reclamó ya en el mes de junio la suspensión inmediata de la Ley Orgánica 1/2025 en todos aquellos procedimientos en los que se ventilen derechos e intereses de niños, niñas y adolescentes.

En paralelo, se intensificará el apoyo técnico a la colegiatura mediante el desarrollo de herramientas prácticas orientadas a los profesionales: guías actualizadas, modelos homologados, sistemas de certificación y formación basada en casos reales. El objetivo es que ningún abogado o abogada se vea desprotegido ante la inseguridad jurídica que hoy generan los requisitos de procedibilidad. Finalmente, el Colegio se compromete a mantener un seguimiento periódico de la aplicación de la ley y del funcionamiento de los MASC, con el fin de aportar datos actualizados y propuestas solventes que puedan contribuir a una mejora del sistema.

mediaICAM, un dato positivo

La encuesta de OTROSÍ también revela un dato positivo en términos de conocimiento institucional: un 70% de los encuestados afirma conocer la existencia del Departamento sobre MASC del ICAM (mediaICAM), lo que refleja el arraigo progresivo de este servicio como recurso de referencia para la abogacía madrileña. Este nivel de conocimiento pone de relieve la labor de difusión realizada por el Colegio y ofrece una base sólida para seguir ampliando el alcance del departamento, reforzar su visibilidad y acercar aún más sus herramientas al ejercicio diario de la profesión. “La abogacía madrileña no está en contra de los MASC ni de la modernización de la Justicia. Al contrario: llevamos años utilizando la negociación, la mediación y otros instrumentos para evitar conflictos innecesarios y buscar soluciones más rápidas y satisfactorias para las partes. Lo que decimos, con este estudio en la mano, es que la eficacia no se decreta por ley. Si un sistema se diseña sin escuchar a quienes lo aplican, si se imponen requisitos formales sin garantizar seguridad jurídica, si se incrementan los trámites sin reducir la litigiosidad, el resultado no es eficiencia: es burocracia añadida y frustración”, concluye Ribón.

El I Estudio del ICAM sobre el impacto real de la Ley 1/2025 en el ejercicio de la abogacía ha sido impulsado por la revista OTROSÍ, que incluye en sus páginas un amplio reportaje a partir de los resultados y con la valoración de los diferentes operadores jurídicos.