Facua-Consumidores en Acción ha acusado a la Dirección General de Tráfico (DGT) de «favorecer un fraude masivo» en la comercialización de balizas de emergencia V-16 que carecen de la conectividad obligatoria a partir de 2026.
El secretario general de la asociación, … Rubén Sánchez, ha denunciado la que considera como «gravísima pasividad» de la DGT por no actuar ante el uso «ilícito» de su logotipo por parte de empresas.
Según Sánchez, se están anunciando balizas como «homologadas por la DGT» sin especificar que no cumplen con el requisito de conectividad con Tráfico, que será obligatorio a partir del 1 de enero de 2026.
Facua exige a la DGT la puesta en marcha de un «protocolo de alerta pública» que informe de forma clara y «de manera inmediata» a todos los conductores sobre la obligación que entrará en vigor en 2026. Sánchez afirmó que la DGT ha actuado «rematadamente mal» al permitir este «fraude comercial a gran escala».
La organización argumenta que los consumidores están comprando estos dispositivos masivamente inducidos por un «error, manipulación, o fraude». Facua insta a los usuarios a reclamar la devolución del importe de todas las balizas compradas a lo largo de este año si fueron vendidas con el reclamo de «homologada por la DGT» y no se aclaraba de forma visible que carecían del sistema de conectividad a través de tarjeta SIM obligatorio a partir de 2026.
Balizas V-16 en el punto mira
La venta de estas balizas es lícita, pero deben aclarar que no cumplen los requisitos futuros. La organización considera que la falta de aclaración sobre la conectividad constituye un «acto de engaño» y vulnera diversas normativas, incluyendo: El artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal. Los artículos 20 y 60 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (obligación de informar sobre características esenciales). El Real Decreto que regula las propias balizas.
Facua ha hecho un llamamiento a los consumidores que hayan sido víctimas de este engaño a que presenten una denuncia ante la autoridad de consumo de su comunidad autónoma o ante la Dirección General de Consumo. Por su parte, Facua trasladará al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 los casos detectados de balizas con «información incompleta o engañosa» para solicitar que se abran expedientes sancionadores. Las balizas no conectadas se pueden usar como complemento al triángulo hasta el 31 de diciembre.
Vox pide en el Congreso que no sean obligatorias
Coincidiendo con la denuncia de Facua, el Grupo Parlamentario Vox ha registrado una proposición no de ley en el Congreso para pedir la suspensión de la obligatoriedad de las balizas de emergencia V-16 por no contar con «justificación técnica» y suponer «un gasto adicional para millones de familias».
Así lo ha explicado su portavoz, Pepa Millán, quien ha afirmado que se trata de «una imposición» del Gobierno, «que además únicamente va a afectar a los vehículos matriculados en España».
Desde el punto de vista técnico, Pepa Millán ha indicado que «esta baliza que pretende imponer el Gobierno presenta limitaciones relevantes de eficacia, que no ha sido suficientemente acreditada ni ante estudios independientes ni informes periciales ni ensayos en condiciones reales de tráfico».
En la iniciativa presentada para su debate en la Comisión sobre Seguridad Vial, Vox pide suspender la obligatoriedad de la baliza V-16 «hasta que existan estudios técnicos y forenses independientes y concluyentes que acrediten su eficacia en condiciones reales de visibilidad, climatología adversa y seguridad vial».
Asimismo, los de Santiago Abascal reclaman que se continúe permitiendo el uso de los triángulos de emergencia para señalar incidencias o accidentes en carretera.