La Fiscalía Anticorrupción sigue en sus trece en el conocido como caso Montoro, en el que un juez de Tarragona investiga si el exministro de Hacienda con el PP Cristóbal Montoro cobró a través del despacho Equipo Económico, que él mismo fundó en 2008, de … empresas gasistas a las que prometió conseguir cambios legales a su favor cuando era miembro del Consejo de Ministros. La representante de la acusación pública Carmen García Cerdá ha elevado al juzgado un nuevo informe en el que echa por tierra el aluvión de escritos presentados por las diferentes defensas que, en síntesis, pedían tumbar la causa por diferentes irregularidades en la instrucción.
En su informe, al que ha tenido acceso ABC, Anticorrupción se opone al archivo de las pesquisas descartando que exista una intención política en el origen de las mismas sino que se apoyan en «actuaciones graves de corrupción». Así, defiende la legalidad de la entrada y registro en una empresa radicada en Tarragona donde se aprehendieron correos electrónicos que fueron determinantes para dar con esta supuesta trama.
Sostiene que, en lo relativo a la actividad de la consultora fundada por Montoro, Equipo Económico, en contra de lo que dicen las defensas de los imputados, «la prueba recabada ha evidenciado» que no desarrolló una labor de asesoramiento jurídico, apuntando que «la investigación ha permitido conocer de dónde salían las redacciones y el trabajo». «Los propios correos intervenidos evidencian que toda la información requerida la trabajaba la sociedad Ernst & Young SL y, posteriormente, Equipo Económico hacía suyo el informe para interceder ante los funcionarios del Ministerio de Hacienda, cobrando por ello», dice.
En sus veinte páginas de informe, García Cerdá indica que las defensas en sus recursos solicitan la nulidad también porque han sufrido indefensión, pero les recuerda que no justifican ni concretan suficientemente ese aspecto. Y sobre la alegación de que el juez instructor Rubén Rus no es el competente, sosteniendo que actuó con «arbitrariedad al asumir la Instrucción del asunto», incide en que, aunque entiende que «importune a las defensas el resultado de la investigación practicada en la causa, pese a su complejidad y circunstancias, »las actuaciones han seguido un escrupuloso y exquisito comportamiento para respetar, como no puede ser de otra forma, tanto las normas procesales como los derechos de los investigados, evitando injerencias y daños colaterales«.
Niega un procedimiento «inquisitorial»
Lamenta así, que parece que la única finalidad que se persigue con la ingente cantidad de escritos de las defensas es «no sea la averiguación de la verdad (…) sino conseguir la nulidad de unas actuaciones practicadas con total profesionalidad y respeto a los principios procesales y constitucionales».
Por otro lado, insiste en que los informes de los Mossos d’Esquadra y la Agencia Tributaria constatan la «indiciaria existencia» de una organización, los pagos de las gasísticas a Equipo Económico «previos a cada actuación administrativa a favor» y la elaboración «a la carta de aquellas mercantiles» de impuestos.
En cuanto a que la causa haya estado mucho tiempo bajo secreto, la fiscal explica que esto tampoco ha generado indefensión. «Se tacha de procedimiento inquisitorial realizado a espaldas de las partes manifestando que no han podido proponer prueba alguna, ni ser informados de los hechos supuestamente delictivos que se les atribuyen, ni ser oídos sobre su versión de los mismos, ni hacer valer los recursos. (Pero) se les ha dado traslado de todas las actuaciones, se les han notificado autos de imputaciones ajustados a derecho, se les están respetando plazos procesales para recurrir», argumenta.
Así, defiende la utilidad de ese secreto de las actuaciones porque ha servido para analizar la documentación y los correos requeridos tanto a Hacienda como a la Agencia Tributaria y a la Dirección General de Tributos, lo que ha ayudado al «esclarecimiento de los hechos y la determinación de sus partícipes».
Competencia de los mossos
Sobre la competencia de los mossos para intervenir como policía judicial, algo que también atacaron las defensas, la fiscal indica que la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y el Estatuto de Autonomía de Cataluña «legitiman la intervención» de este cuerpo en la causa. «Le permiten ejercer la investigación criminal, que no se pone en duda, y actuar fuera de la comunidad autónoma de Cataluña en colaboración con la Guardia Civil, como así ha ocurrido cuando las diligencias de investigación se llevaron a cabo en Madrid, que lo fue para la práctica de los requerimientos de documentación», abunda.
Además, García Cerdá aprovecha para entrar a valorar el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que aseveraba que no hubo desvío de fondos desde Equipo Económico en esas operaciones con las empresas gasistas investigadas. La fiscal critica que el atestado de la UCO «tiene un alcance reducido» porque solo analiza diez cuentas de entre las más de 200 que fueron entregadas. «Así que ninguna conclusión puede extraerse del mismo», lamenta.
Cabe recordar que en esta causa el juez investiga precisamente presuntos favores fiscales a empresas gasísticas desde el Ministerio de Hacienda que dirigía Cristóbal Montoro con la intermediación de Equipo Económico.