El presidente del Consejo General de Economistas de España (CGE), Miguel Ángel Vázquez Taín, y el presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF-CGE), Agustín Fernández, han advertido este miércoles de la inseguridad jurídica que ha generado para las empresas la decisión del Gobierno de aplazar un año la entrada en vigor del sistema de la Hacienda para la verificación de facturas electrónicas (Verifactu).
«La mayoría de los empresarios ya habían planificado sus recursos y organizado la adaptación de sus sistemas confiando en los plazos inicialmente establecidos, por lo que un cambio tan tardío complica su organización interna y genera dudas sobre la estabilidad del marco normativo», han alertado.
Aunque reconocen que la prórroga a enero de 2027 puede ofrecer un respiro a empresas que aún estaban en fase de adaptación para implementar Verifactu, ambos avisan de que, para la gran mayoría del tejido empresarial, esta prórroga supone «reprogramar tareas, revisar inversiones tecnológicas y asumir costes adicionales derivados de ajustes de última hora«. Estos cambios, según los máximos responsables del CGE y del REAF, «afectan especialmente a los negocios con menos capacidad administrativa y menor margen para absorber imprevistos».
En este contexto, han puesto de manifiesto que es imprescindible que los plazos de entrada en vigor de las normas no se modifiquen a última hora y que estas se mantengan estables en el tiempo para permitir a las empresas y empresarios planificar con seguridad y adaptar sus procesos sin incertidumbres. El sistema, pensado para enviar automáticamente a la Agencia Tributaria el registro de facturas y reforzar la trazabilidad y la lucha contra el fraude, estaba previsto lanzarse en 2025, pero se retrasó antes en otro par de ocasiones por las dificultades técnicas, el coste de implementación para pequeños negocios y la presión de las patronales.
«Nosotros valoramos positivamente la medida de dar más tiempo a las empresas, especialmente a pymes y autónomos, para adaptarse a esta transformación», asegura en cambio Jesús Molina, Head of Partners de Dojo, proveedor de herramientas pago, que recuerda que hasta noviembre de 2025, solo el 8% de pymes y autónomos lo había implementado, según Ipsos. “No obstante, es importante tener claro el horizonte. Si la adopción no se ejecuta en 2026, los comercios se alejarán de las directrices europeas que buscan armonizar la fiscalidad y el control contable”.
El decreto ley que el Consejo de Ministros que ha sido publicado este miércoles en el BOE —e incluido en el marco de los compromisos del Gobierno con Junts—pese a suponer un “alivio” al tejido empresarial, ha generado un profundo malestar en gestores, asesorías y consultoras que llevaban años trabajando para preparar a sus clientes para Verifactu.
“Hemos dedicado tres años a preparar a cientos de pymes, y sin anuncio previo nos trasladan que habrá un año más”, afirma Yannick Charton, CEO de Valio Consulting, firma de aseosría contable y fiscal que denuncia la incertidumbre generada por este nuevo aplazamiento y el golpe para los profesionales que sí habían cumplido con la exigencia de adaptación. “Se ha invertido tiempo y esfuerzo en acompañar a nuestros clientes, estableciendo alianzas tecnológicas para llegar al último día del año con todo en orden. Y a menos de un mes nos anuncian otra prórroga”.
Charton advierte, además, que la prórroga llega en un momento en el que muchas empresas ya habían asumido el esfuerzo económico y operativo de adaptarse: “Gran parte de las pymes han dejado atrás sus sistemas informáticos tradicionales para pasarse a soluciones tecnológicas nuevas. Es una vergüenza que, por un hecho político, hayamos trabajado más en fidelizar clientes probando programas y proponiendo soluciones que en atender a nuevos clientes”, denuncia.
Es una vergüenza que, por un hecho político, hayamos trabajado más en fidelizar clientes probando programas y proponiendo soluciones que en atender a nuevos clientes
«Esto es de locos. Miles de autónomos, empresas y asesores llevamos meses gastando dinero, tiempo y energía en adaptarnos. Software, formación, consultorías, hardware… todo. Y ahora dicen que no hace falta», protesta por su parte el autónomo Hugo lago. «Más de 700 millones de euros tirados a la basura. Y lo peor no es el dinero, es la sensación de desastre, improvisación y falta total de seriedad. Los que cumplimos somos los que pagamos el precio. Porque en este país, planificar sale caro, y improvisar siempre sale gratis. España, a nivel jurídico, es un circo»
«Cuando muchos autónomos ya hemos pagado los programaspara adaptarnos, nos dicen que no… que ahora en 2027… Dan ganas de quemarles el chiringuito», dice por su parte otro autónomo, Juan Lozano. «Los autónomos y empresas hemos invertido mucho tiempo y dinero para cumplir con verifactu y ahora ya no hace falta. Esta es la forma de gobernar de estos inútiles, a salto de mata de todo y sin que les importen las consecuencias de su incompetencia para millones de personas», añade el usuario Frodobolson.