El subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, ha confirmado que el día de la dana advirtió a los miembros del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), pocos minutos después de empezar la reunión del órgano que dirigía la crisis, de que tenían capacidad … para enviar un mensaje a los móviles, aunque no recuerda si utilizó el término ES-Alert.
Lo hizo a las 17.15h para la zona de Utiel y Requena, como se le escucha decir en uno de los vídeos entregados a la juez de Catarroja. También a las 17.38h, cuando el foco ya estaba puesto en la situación de la presa de Forata. Es decir, tres horas antes de que se lanzara el aviso de las 20.11h. Las dudas sobre el alarmismo que pudiera generar y sobre aspectos jurídicos o incluso correcciones lingüísticas acabaron retrasando la alerta. Él asesoraba y proponía como experto, pero la última palabra era política.
Así lo ha relatado Suárez, alto funcionario de la Generalitat con décadas de experiencia, en su declaración como testigo este jueves ante la magistrada que instruye la causa penal sobre la gestión de la barrancada con 230 muertos. Llevaba más de un año esperando para dar su versión. El interrogatorio se ha prolongado durante alrededor de ocho horas, por lo que se ha decidio suspender la sesión y continuar el 17 de diciembre.
Se trata del técnico de más alto rango en el Centro de Coordinación de Emergencias y su testimonio era clave, pues conoce todas las decisiones que se tomaron durante la jornada del 29 de octubre y en la reunión del Cecopi, como el envío del ES-Alert tardío, que centran la investigación. Los dos imputados en la causa -la exconsellera Salomé Pradas y su entonces ‘número dos’ Emilio Argüeso- y otros cargos políticos vienen defendiendo que no se habló de la alerta hasta las 19h.
Fuentes jurídicas señalan a ABC que el testigo ha relatado que la situación era crítica en Utiel desde mediodía y la UME tenía dificultades para acceder y rescatar a las personas atrapadas en los tejados, pero el aviso de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sobre la posible rotura de la presa de Forata centró el foco y generó un fuerte impacto alrededor de las 17.30h. La Confederación no hizo referencia en ningún momento al barranco del Poyo, cuyo desbordamiento provocó la mayoría de las muertes.
Suárez preguntó a la CHJ qué proponían -esperando que explicaran cómo actuar o qué escenario podría darse- y se limitaron a responder que eran ellos -la Generalitat- los encargados de tomar medidas porque tenían las competencias en Protección Civil. La situación, ha sostenido, era «tensa».
Con un listado de municipios afectados en la mano, algunos con posibles inundaciones de hasta siete metros de altura, volvió a poner sobre la mesa la necesidad de alertar a la población utilizando ese sistema. A las 17.45h ya tenía un borrador listo, manuscrito en su libreta, que ha aportado a la causa, y minutos después avisó en un grupo interno de que se iba a mandar un ES-Alert. El texto pedía subir a zonas altas, una recomendación que se omitió en la versión final de las 20.11h, pero se recuperó en el segundo remitido más tarde, a las 21h.
Sin embargo, el ex inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y jefe operativo de la emergencia, José Miguel Basset, indicó que no le gustaba porque había que tener cuidado con generar alarmismo y con el carácter inmediato que transmitía. Nadie más le apoyó. De hecho, nadie dijo nada excepto Basset, ha aseverado, aunque ha precisado que no hubo discusión entre ellos. Suárez y Basset son las personas sobre las que los imputados -escudándose en su falta de experiencia- han derivado la responsabilidad en la toma de decisiones el día de la catástrofe.
La ex consellera responsable de emergencias y al mando del Cecopi Salomé Pradas decidió entonces -18.07h- hacer un receso para valorar las diferentes opciones. Se cortó la señal de vídeo y audio para quienes seguían la reunión telemáticamente, en su mayoría representantes de organismos estatales.
De acuerdo con lo detallado en su extensa comparecencia, Suárez pidió a la responsable de prensa de Emergencias que le consiguiera el mensaje que se mandó en Madrid por la borrasca Filomena y empezó a preparar el envío del mensaje con los técnicos.
Pradas, su entonces ‘número dos’ también investigado Emilio Argüeso, el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó -que no era miembro del Cecopi pero asistió-, y el director general Alberto Martín coincidieron en que antes de lanzarlo había que avisar a los alcaldes afectados por el posible desbordamiento del río Magro. Se convocó una videoconferencia con ellos a las 18.45h, pero nadie pudo conectarse.
Cambios en acentos y palabras
A las 19.07h ya había un mensaje preparado en la plataforma y se reanudó el Cecopi. Ese texto pedía a la gente que permaneciera en sus domicilios, lo que motivó otro debate sobre si se tenía competencia para confinar a la población. Pradas -que quería que todos estuvieran de acuerdo con las decisiones que se tomaban- hizo una llamada para trasladar esa consulta jurídica.
Siguiendo con el relato de Suárez, a las 19.30h ya no sólo se hablaba de Forata, sino de una situación de crisis generalizada en la provincia, por lo que no podía emitirse sólo el mensaje a la comarca de la Ribera. Empezaba a llegar información de otros puntos. La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, apuntó de que había caído el puente de Picanya sobre el barranco del Poyo.
Alrededor de las 19.45h, Pradas dio el visto bueno al mensaje y lo puso por escrito en una tarjeta, algo desconocido hasta ahora. Es ahí cuando se emplaza en el texto a evitar desplazamientos y pide que se cambie ‘se solicita suspender’ por ‘se ruega evitar’ para que no fuera «impositorio».
Una vez en el sistema, bajo la supervisión de Pradas y Mompó, se hicieron también algunas correcciones en la versión en valenciano, que retrasaron unos minutos más su envío. Se pidió quitar el acento a València y sustituir ‘tipus’ por ‘tipo’ y ‘aquest’ por ‘este’.
Llamadas al 112 y correo de la CHJ
El subdirector general de Emergencias de la Generalitat también ha recalcado que no tenían constancia en ese momento de que los bomberos que vigilaban el barranco del Poyo en Chiva se habían retirado alrededor de las 15 horas.
Se le ha interrogado, además, por una cuestión clave: por qué las miles de llamadas al 112, que trazaban el curso de la tromba de agua por la provincia, no llegaron al Cecopi. Suárez ha defendido que entonces no se hacían los análisis de estas comunicaciones que sí se han establecido ahora. Es precisamente esa información de análisis la que, a su juicio, faltó durante toda la reunión. A pesar de ello, ha negado que el Cecopi fuera una burbuja.
Ha afirmado que no tuvo conocimiento de la llegada, a las 18.43h, de un correo electrónico de la CHJ advirtiendo del brutal caudal del Poyo y ha incidido en que siempre se comunicaban por correo o por teléfono con el organismo estatal para que les interpretaran los datos, pero no solían consultar el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH).
Tampoco la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) aportó la pluviometría, los datos de lluvia caída, aunque sus responsables si fueron explicando la evolución del episodio durante ese encuentro.
En paralelo, Jorge Suárez ha confirmado, como ya declaró otro funcionario esta misma semana en sede judicial, que ambos decidieron conservar las imágenes de las cámaras de seguridad del Centro de Coordinación de Emergencias de l’Eliana y no se borraron pasado el plazo legal de un mes porque entendían que había un interés social. De hecho, a él le encargaron un informe con la llegada de cargos al edificio -de ahí que se conozca que el expresidente Carlos Mazón llegó a las 20.28h- que no fue aportado al procedimiento judicial.