En el origen del “escándalo inmobiliario real” –la última investigación del Parlamento británico que está sacudiendo a la familia real británica–, se suele encontrar el expríncipe Andrés. El tercer hijo de la reina Isabel, despojado de todos sus títulos y honores tras el escándalo Epstein, vivió durante más de 20 años sin pagar prácticamente nada en Royal Lodge. Una mansión de 30 habitaciones en la finca de Windsor de la que, también por el caso Epstein, acaba de ser desalojado (en unos meses tendrá que mudarse a una vivienda más modesta en Sandringham, en la finca privada del rey Carlos III). Ahora, según informa el Corriere della Sera, los diputados quieren aclarar las cosas: ¿qué daños ha sufrido el erario público por el lujoso alojamiento del expríncipe? El escándalo inmobiliario de la monarquía no solo afecta a Andrés, el Parlamento británico ha anunciado una investigación urgente sobre el uso y el mantenimiento de todas las residencias de la Corona británica.

Los diputados de Westminster están tratando de averiguar cuánto pagan realmente los miembros de la familia real y, sobre todo, por qué residen en lujosas mansiones que, en la práctica, pertenecen al Estado, aunque nominalmente pertenezcan al rey como parte de The Crown Estate: las propiedades de la Corona tienen un valor equivalente a 17.000 millones de euros y se gestionan como bien público en beneficio, en teoría, de los contribuyentes. De ahí la necesidad de arrojar luz sobre los demás inquilinos reales. Entre ellos, Guillermo y Kate Middleton, que se han mudado recientemente a Forest Lodge, una residencia en el parque de Windsor con ocho dormitorios y seis baños. Se trata de una vivienda valorada en unos 18 millones de euros que, según los agentes inmobiliarios londinenses, podría alquilarse por una cifra que oscila entre los 35.000 y los 115.000 euros al mes. Según se ha filtrado, Guillermo y Kate pagan un “alquiler de mercado” por su nueva residencia. Sin embargo, se desconoce cuál es la cifra exacta.

También está en el punto de mira el príncipe Eduardo, hermano menor del rey Carlos, que vive con su esposa Sofía en Bagshot Park, una mansión de 120 habitaciones. Cuando la pareja se mudó allí en 2007, habría pagado unos 6 millones de euros. Desde entonces, habría pagado un alquiler puramente simbólico. Sin embargo, el Parlamento insiste en que esa residencia podría reportar grandes beneficios a las arcas del Estado. Lo mismo ocurre con la princesa Alexandra, prima de Isabel II, que vive en Thatched House Lodge, ubicada en Richmond Park, por la módica suma de 250 euros al mes. No es casualidad que la investigación, que comenzará en el nuevo año, se centre principalmente en la práctica del peppercorn rent, una expresión que se refiere al alquiler que pagan los miembros de la familia real a un precio simbólico, equivalente a un grano de pimienta (peppercorn).

Como explica el Corriere della Sera, la investigación parlamentaria podría incluso llamar a declarar a los miembros de la realeza, aunque no están obligados a hacerlo y pueden enviar a funcionarios del Palacio en su lugar. Pero todo este asunto vuelve a poner en el punto de mira las oscuras finanzas de los Windsor, ya objeto de un sensacional libro-investigación publicado la semana pasada, que documenta cómo la monarquía británica es la más cara de Europa y, por sí sola, grava a los contribuyentes más que todas las demás cabezas coronadas del viejo continente juntas.

Artículo publicado por Vanity Fair ‘Italia’ y traducido por Isabel Escribano Bourgoin. Acceda al original aquí.