La jueza de la DANA, Núria Ruiz Tobarra, investiga también la muerte de ocho residentes en las viviendas tuteladas gestionadas por la Generalitat Valenciana en la localidad de Picanya, según una providencia notificada el viernes a las partes a la que ha tenido acceso laSexta.
En el escrito, la magistrada reclama a la Conselleria de Servicios Sociales y Instituto Valenciano de Vivienda documentación sobre las decisiones que adoptaron aquel día y que impidieron poner a salvo a las ocho víctimas mortales en dichas casas.
Esta decisión ha sido tomada después de la solicitud de la defensa de una familiar de las ocho víctimas y, tras la cual, ambas entidades tendrán que aclarar al juzgado en el plazo de tres días «si los residentes en las viviendas para mayores recibían prestaciones asistenciales, y en su caso, de qué tipo, con qué periodicidad, si estaban sometidas a algún tipo de contraprestación, y si la eventual asistencia a los residentes iba acompañada de dispositivos de teleasistencia».
Además, también se ha requerido al centro de día situado junto a las dichas viviendas que informe, en el mismo plazo, «si los residentes o usuarios de dicho Centro de día fueron desalojados y, en su caso, de qué información disponían para haber procedido a dicho desalojo».
Las víctimas todas eran personas de avanzada edad (entre 78 y 98 años), pero todavía eran autosuficientes para vivir de manera independiente.
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