El Gobierno afirma que la luz bajará hasta un 10% en 2026. Un anuncio que se fundamenta en que, con la situación actual, se va a beneficiar de la caída del mercado mayorista de la electricidad. Una previsión que compensa sus planes. Si nada lo impide, el Ejecutivo subirá un 11% los cargos del sistema eléctrico, la parte fija de la factura destinada a financiar su política energética. Gracias a esa subida, podrá otorgar 1.567 millones adicionales en 2026 a las plantas de generación renovable que dependen de fondos públicos.

Una cosa compensa a la otra. Aunque solo la subida de los cargos está asegurada. El Ministerio para la Transición Ecológica incrementará su parte de la factura y, además, espera que la CNMC haga lo propio con los peajes. Aun así, defiende que los hogares pagarán un 4,6% menos y que la industria electrointensiva verá reducida su factura hasta un 9%, porque así lo reflejan los futuros de la electricidad.

La medida figura en el proyecto de orden de cargos de la cartera que dirige Sara Aagesen, actualmente en consulta pública. La propuesta establece que, en 2026, los cargos subirán un 11,2%, pasando de 15,50 euros/MWh a 17,23 euros/MWh. Esta subida se suma a otros componentes regulados de la factura eléctrica que también aumentarán el próximo año.

Los peajes fijados por la CNMC crecerán un 1,7%, hasta una media de 28,05 euros/MWh, mientras que los costes por restricciones operativas, o también llamado ‘planes anti apagones’, podrían alcanzar los 17 €/MWh si no se aplican medidas correctoras. El coste combinado de peajes, cargos y restricciones puede suponer alrededor del 40–50% del total de una factura de la luz y rondaría cerca de 65 €/MWh, uno de los niveles más altos registrados.

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Un escenario que, según denuncian diversas fuentes del sector, agrava el problema de la escasa elasticidad de la demanda. Pese al avance de la electrificación, la demanda neta crece a ritmos inferiores al 1% anual. El aumento del consumo es necesario para que haya más contribuyentes a esta bolsa de cargos y peajes, de la que se financian tanto las redes eléctricas como las nuevas tecnologías que requieren impulso público para su consolidación.

Unos ganadores de la subida

En el sector, además, ha generado malestar el destino del aumento de fondos previsto por el Gobierno para 2026. Según explican sus detractores, hay un incremento del 11% en la contribución al régimen retributivo de las instalaciones de renovables, cogeneración y residuos (RECORE).

Se trata de un sistema público que garantiza una rentabilidad razonable a 62.000 plantas renovables y cuyas condiciones ya fueron mejoradas por el Gobierno en octubre ante el desplome de los precios eléctricos. El gasto público destinado a estas plantas pasará de 4.192 millones en 2025 a 5.760 millones en 2026.

¿Se va a compensar?

Un incremento que el Ejecutivo defiende argumentando que se verá parcialmente compensado por tres factores clave: primero, la reducción de 507 millones en la anualidad para amortizar el déficit eléctrico histórico, aunque este ahorro no se nota en la factura porque se destina íntegramente al RECORE; segundo, la utilización de 520 millones del superávit acumulado del sistema eléctrico; y tercero, una previsión de crecimiento de la demanda del 3,6%, considerada excesivamente optimista por los analistas, dado que el aumento real sigue por debajo del 1%.

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Y, sobre todo, por el optimismo del Ministerio respecto a la caída de los precios eléctricos para el próximo año. Sus cifras se basan en los futuros del OMIP, el operador ibérico, que sitúan el coste de la electricidad para 2026 en 56,7 euros/MWh, muy por debajo de los 64,96 €/MWh de media en 2025.

Un descenso motivado por el bajo precio del gas, la débil demanda y el fuerte impulso de las renovables. Tres factores que, ante cualquier bandazo del mercado nacional o internacional, podrían variar radicalmente los futuros, tal como se ha visto en los últimos cinco años.

El Gobierno afirma que la luz bajará hasta un 10% en 2026. Un anuncio que se fundamenta en que, con la situación actual, se va a beneficiar de la caída del mercado mayorista de la electricidad. Una previsión que compensa sus planes. Si nada lo impide, el Ejecutivo subirá un 11% los cargos del sistema eléctrico, la parte fija de la factura destinada a financiar su política energética. Gracias a esa subida, podrá otorgar 1.567 millones adicionales en 2026 a las plantas de generación renovable que dependen de fondos públicos.