Ramón Jiménez de Oliva, abogado defensor de la empresa Quorum Social 77, asegura que «con más certezas que suposiciones», el cierre del centro de menores de Arinaga se debe a una «denuncia falsa» de varios extrabajadores y menores «que fueron expulsados» hace tiempo. 

Una teoría que choca con la expresada por la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, que aseguró este viernes que «fueron nuestros inspectores los que pusieron en conocimiento de la Fiscalía las posibles vejaciones a los menores, así que nuestra labor inspectora está funcionando». Una evidencia que remachó al recordar que en mayo ya se cerró del centro de acogida La Fortaleza I, en la localidad de Bandama, también gestionado por Quorum Social 77, «porque también detectamos irregularidades en esa ocasión».

«Uno de los informes que pusimos sobre la mesa fue el dictamen de uno de los pediatras que atienden a estos niños», insistió la consejera en referencia a la operación policial del jueves en Arinaga.

63 millones de presupuesto

Al respecto, y sobre la posibilidad apuntada por varias organizaciones y partidos políticos –como Izquierda Unida Canaria (IUC)– de rescindir el contrato con Quorum Social, ya que en dos meses se ha visto envuelta en sendas investigaciones por posible vulneración de los derechos fundamentales de los menores migrantes sin progenitor, Delgado aseguró que «solo rescindiré el contrato si el juez dictamina que hay delito por parte de lo que es la estructura de la empresa y no porque lo hayan cometido trabajadores concretos», máxime cuando esta asociación se hace cargo de unos 1.900 niños en el Archipiélago y recibe de la Consejería un presupuesto anual cercano a los 63 millones de euros.

También quiso salir al paso la consejera Delgado de las críticas tanto del ministro de Política Territorial y máximo dirigente del PSOE canario, Ángel Víctor Torres, como su viceportavoz regional, Elena Máñez, al afear al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que esta situación se debe al hacinamiento de los centros de menores debido a que el Ejecutivo de Pedro Sánchez aún no ha puesto en marcha el proceso para que los menores migrantes no acompañados sean acogidos por el resto de las autonomías.

Torres y Máñez señalan que «no se puede justificar la vulneración de derechos de los más vulnerables y la posibilidad de que se cometan hechos delictivos diciendo que los centros están saturados, como aseguró el presidente Clavijo, porque la competencia para evitar que eso ocurra es de Canarias».

Sin experiencia

Por el contrario, Delgado insiste en que «desde hace más de un año estamos denunciando no solo que los centros están saturados y los menores hacinados, sino que nos encontramos en apuros para que encontrar a personas que no solo tengan la formación adecuada, sino experiencia profesional para atender a estos menores».

En medio de este rifirafe político, el letrado defensor de la empresa investigada insiste en que «estamos a ciegas» debido al secreto de sumario, pero quiso poner «el honor de la presidenta y de la empresa, que lleva 15 años prestando sus servicios, por encima de cualquier trabajador concreto» en el caso de que al final se demostrara que se hubiera cometido delito. Por eso, no avala que si los supuestos malos tratos se circunscribían al interior del centro, se procediera a un registro policial de las oficinas e incluso se requisaran los teléfonos personales.

«Hasta que no se levante el secreto solo podemos pensar que como no encontraron nada en el centro, buscaron a ver si se encontraba algo en los despachos; pero tampoco, porque las dos personas detenidas ni siquiera pasaron después a disposición judicial y quedaron en libertad», concluye De Oliva.

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