- La mayoría de los analistas prevé que la Corte continuará la racha de anular las leyes de financiación de campañas, que comenzó hace 15 años con el caso Citizens United v. Federal Election Commission.
- Los propios antecedentes de la Corte en materia de financiación de campañas demuestran por qué los tribunales no son los entes adecuados para esta tarea.
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La Corte Suprema tiene programado escuchar este martes los alegatos orales de una demanda judicial en contra de las reglas federales que desde hace décadas limitan cuánto dinero pueden gastar los partidos políticos a nivel nacional en coordinación con sus candidatos.
La mayoría de los analistas prevé que la Corte continuará la racha de anular las leyes de financiación de campañas, que comenzó hace 15 años con el casoCitizens United v. Federal Election Commission. Cabe recalcar que el sistema de financiación de campañas debe reformarse, y es justo preguntarse si las reglas de coordinación con los partidos siguen siendo válidas hoy en día, en vista de los cambios que han sucedido en el panorama político desde que fueron promulgadas. Pero evaluar este tipo de consideraciones políticas es deber del Congreso, no de la Corte Suprema.
Los límites sobre los partidos políticos que coordinan sus contribuciones con los candidatos han existido desde 1974. La justificación detrás de estas reglas es simple: hay límites relativamente estrictos sobre cuánto dinero puede donar una persona o un grupo directamente a un candidato, lo cual brinda una importante salvaguarda contra posibles sobornos y la percepción de prácticas corruptas.
En cambio, los partidos políticos están sujetos a límites mucho más débiles, en gran parte debido a varias decisiones anteriores de la Corte Suprema. De este modo, si los candidatos y los partidos políticos pueden coordinar sus donaciones, se abre un vacío legal que los donantes pueden explotar para evadir los límites más estrictos que existen sobre los candidatos.
Según este simple razonamiento, la Corte confirmó las reglas, que ahora están en disputa, en 2001 en contra de una demanda judicial con respecto a la Primera Enmienda conocida con el nombre de Federal Election Commission v. Colorado Republican Federal Campaign Committee.
Sin embargo, en el caso actual, National Republican Senatorial Committee v. Federal Election Commission, la parte demandante espera, sin duda, que la nueva composición de la Corte, ahora controlada por una supermayoría conservadora, llegue a un dictamen diferente.
Sus argumentos coinciden en gran parte con los que la Corte rechazó la última vez. Pero agregan un nuevo giro, porque señalan que el panorama político ahora es muy distinto. Hoy en día, los partidos políticos deben competir no solo entre ellos, sino también con grupos externos de donaciones, como los supercomités de acción política, o súper-PAC, que pueden recaudar y gastar cantidades ilimitadas de dinero gracias a la causa Citizens United.
Quienes disputan las reglas tienen razón en este último punto. En la actualidad, los partidos políticos sí enfrentan un panorama más complicado. Pero esta demanda le está solicitando un recurso a la rama de gobierno equivocada.
A pesar de todos sus defectos, los partidos políticos cumplen un rol fundamental en la democracia de los Estados Unidos. Históricamente, se han desempeñado como poderosos motores de participación cívica y han logrado la alianza de muchos actores políticos dispares en pos de verdaderas agendas de gobierno.
Además, sus esfuerzos de recaudación de fondos son relativamente transparentes y, dado que son actores políticos duraderos, suelen valorar su credibilidad y reputación con el electorado más que los súper-PAC y otros grupos externos, cuya existencia posibilitó la causa Citizens United.
Estos otros grupos han adquirido un fuerte protagonismo en las elecciones de los últimos 15 años. Por lo general, los donantes más adinerados ahora utilizan los mismos súper-PAC que financian para inyectar decenas o incluso cientos de millones de dólares en determinadas elecciones.
Y los grupos denominados de fondos de financiación anónimos, que no divulgan la identidad de sus donantes, siguen contribuyendo con sumas más astronómicas para influenciar el voto de la ciudadanía anónimamente: más de $4.300 millones en las elecciones federales desde 2010, lo cual incluye $1.900 millones durante tan solo el ciclo electoral de 2024.
Es evidente que se precisan reformas para revitalizar los partidos políticos como, por ejemplo, incrementar o incluso eliminar los límites sobre los gastos coordinados de los partidos políticos.
Pero todo esfuerzo tendiente a desregular el gasto de los partidos debe venir acompañado de un paquete más amplio que establezca un sistema de límites de contribución razonables y exigibles para todos los actores políticos. De lo contrario, flexibilizar las restricciones actuales sobre los partidos incrementa los riesgos de corrupción que la Corte bien señaló en el caso de Colorado de 2001.
La pregunta más trascendental es quién debe decidir estas regulaciones. Tal como lo puso de manifiesto el Brennan Center en nuestro informe de amicus curiae, la respuesta no es la Corte Suprema.
Los propios antecedentes de la Corte en materia de financiación de campañas demuestran por qué los tribunales no son los entes adecuados para esta tarea. En el caso Citizens United y los que le siguieron, la Corte se basó en hipótesis y supuestos infundados, en lugar de basarse en registros fácticos sólidos. Como era de esperar, estas invenciones han provocado consecuencias indeseadas (pero previstas) para la democracia estadounidense.
Por ejemplo, a pesar de las muchas garantías que dio la Corte de que los grupos externos no plantean ningún riesgo de corrupción porque operan “de forma independiente” con respecto a los candidatos, los súper-PAC se han convertido en vectores de corrupción, ya que aceptan contribuciones ilimitadas y a menudo anónimas, y trabajan codo a codo con los comités de campaña.
Las elecciones federales están inundadas de miles de millones de dólares que provienen de fuentes anónimas de financiación, después de que la Corte haya supuesto erróneamente que las reglas de divulgación serían suficientes para garantizar la transparencia de las donaciones.
Lo que quizá resulte más alarmante es que la confianza en el gobierno se ha venido abajo, a pesar de la afirmación infundada de la Corte de que esta venta de acceso e influencia “no provocaría que el electorado pierda su fe en la democracia”.
Una enorme mayoría de las personas, de todas las banderas políticas e ideologías, cree que los grandes donantes poseen demasiada influencia sobre la política y que a los políticos les importan más las corporaciones y la clase adinerada que su propio electorado.
El Congreso está mucho mejor equipado para evaluar las complejas consideraciones políticas que entran en juego a la hora de regular la financiación de las campañas. La rama legislativa puede llevar a cabo audiencias, analizar una amplia gama de pruebas y proponer marcos exhaustivos que equilibren las distintas prioridades e intereses.
Además, dada su íntima familiaridad con las realidades de recaudar fondos, los miembros del Congreso tienen una perspectiva única sobre los riesgos de corrupción y los peligros que plantea tener una fuerte concentración de riqueza y poder.
Desafortunadamente, el Congreso ha estado desaparecido en acción. En parte, ello puede deberse a que la intervención indebida de la Corte Suprema en temas de financiación de campañas ha ahogado la innovación en las políticas. Sin embargo, sea cual fuera la causa, la inacción del Congreso debe acabar. Desde hace demasiado tiempo, existe un fuerte descontento general entre el electorado de los dos partidos con respecto a la enorme influencia que ejerce el dinero sobre la política.
Traducción de Ana Lis Salotti