La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha vuelto a rectificar al juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno. En un auto, la Sala impide al magistrado analizar los correos electrónicos que la … mujer de Pedro Sánchez envió o recibió desde su cuenta oficial de mail de La Moncloa desde julio de 2018 a la actualidad al entender que la decisión del juez no está justificada y es desproporcionada. Le pide que dicte una nueva resolución en forma de auto «con la motivación oportuna».
En un auto, al que ha tenido acceso ABC, los magistrados recuerdan que fue en septiembre cuando Peinado acordó por providencia -algo que le afea- solicitar a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno que remitiera al juzgado copia de los correos electrónicos recibidos y enviados por Gómez. Y aclara que la resolución fue recurrida tanto por la Fiscalía como por la defensa de la esposa del presidente y por su asistente Cristina Álvarez.
Remarca que la citada resolución, por utilizar la forma de providencia, «no hace mención a ninguno de los requisitos exigidos» para una diligencia de esa trascendencia, algo que «viene a dar la razón a los recurrentes». Así, entiende la Sala que la medida «carece de la justificación necesaria, e incumple los principios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad».
La Sala sigue así el criterio del fiscal, que señalaba que la resolución de Peinado adolecía «de la más elemental motivación» porque la regulación sobre medidas de investigación tecnológica indica que se debe aportar un análisis de la especialidad, idoneidad, excepcionalidad, y de la necesidad. «Existe también una total omisión de referencia a la gravedad del hecho, a la intensidad de los indicios respecto de la persona en cuestión y a la relevancia del resultado perseguido con la medida y a la proporcionalidad», lamentaba, para sumar que se estaba ante «una decisión absolutamente desmesurada en su alcance pretendido a todos los correos electrónicos enviados y recibidos a lo largo de ese periodo de tiempo».
La UCO tiene ya los correos
Se da la circunstancia de que Peinado recibió en noviembre y desde La Moncloa la copia de los correos electrónicos de Begoña Gómez y los remitió a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que los analizara. Así constaba en una providencia en la que explicaba que la documentación había sido entregada en una memoria USB.
«Remítanse los mismos a la UCO (sección de delitos económicos) para que procedan al análisis e informe sobre los que tienen relación con la causa», acordaba Peinado, que precisaba que después daría a las partes traslado tanto del informe como de los correos sobre los que se informe, «para preservar el derecho a la intimidad». Ahora, el juez deberá rectificar y mandatar a la UCO que cese en ese análisis.
Si bien esto supone un revés en la investigación de Peinado, hace sólo dos días trascendió que esa misma sección avalaba que el juez Juan Carlos Peinado investigue a Begoña Gómez y a su asesora Cristina Álvarez por el delito de malversación.
El presidente de Deloitte como testigo
Esta tarde han comparecido ante el instructor Juan Carlos Peinado como testigos el presidente de Deloitte, Héctor Flórez, así como Juan Pedro Gravel y Carmen Sánchez, dos de los responsables de Estrategia y Transformación Tecnológica cuando Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, dirigía la cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
La consultora, junto a Google y Telefónica, apoyó el proyecto de la mujer de Sánchez, pensando, según han sostenido sus responsables en la causa, que su trabajo sería para beneficio de la Universidad pública. En una de las peticiones de información del Juzgado de Instrucción 41, Deloitte especificó que su trabajo consistió en la «prestación de soporte y asesoría a la oficina del proyecto».
Esta tarde, ante el magistrado Peinado, Flórez y Sánchez -quienes estaban citados a partir de las 18 horas- han afirmado no tener conocimiento directo del proyecto, según fuentes jurídicas presentes en su declaración, mientras que Gravel se ha referido a varias reuniones mantenidas entre miembros de la consultora, Begoña Gómez y la coordinadora de estudios de la Complutense, Blanca de Juanes.
Según las citadas fuentes, el consultor Gravel ha afirmado que las reuniones para el desarrollo del proyecto de la cátedra fueron quincenales o cada tres semanas y que la asesora de Gómez en la Moncloa, Cristina Álvarez, investigada como ella por malversación, asistió a algunas de ellas. Gravel ha sostenido que él entendió que Álvarez era una «colaboradora» de la Universidad. Para las acusaciones, se trata de un indicio más de que Álvarez desempeñó funciones distintas a las previstas en el puesto de Coordinadora de Programas para el que fue designada por la Secretaría General de Presidencia, sino que respondían al interés profesional o privado de la mujer de Sánchez.