Tras dos semanas de largas vacaciones vuelve Pedro Sánchez a la faena para toparse con el problema de siempre: la gobernabilidad. Reunión en la cumbre con Oriol Junqueras para dos asuntos clave: uno, la financiación singular de Cataluña; dos, y como primer paso, la quita parcial de la deuda. Ambos líderes podrían llegar a acuerdos de entrada, el problema es que serán en realidad papel mojado mientras Puigdemont no dé el visto bueno, y no parece que el huido esté por ponérselo fácil ni al socialista ni al republicano. Míriam Nogueras ya ha adelantado que «o concierto o nada», algo que parece imposible en las actuales circunstancias, pues hay otros socios territoriales ( Compromís, la Chunta, el BNG ) que tiene reparos no solo hacia un hipotético acuerdo de cupo a la vasca, sino incluso hacia la financiación singular, que debe permitir a Cataluña recaudar el cien por cien de los tributos que se cobran en esa comunidad. De manera que cabe el acuerdo entre Sánchez y Junqueras, pero habrá que ver las posiciones que después adoptan tanto Junts como los socios minoritarios, amén de que buena parte de los territorios del PSOE también observan con desconfianza este proceso.
Más fácil podría ser la primera parte de la negociación, referida a la quita de la deuda con el FLA, y que pasa por la condonación de 17.104 millones, lo que equivale a un 22 por ciento de la deuda catalana. La pretensión de los neoconvergentes es lograr una quita total, que supondría llegar a 73.000 millones, pero es cierto que tendrían difícil oponerse a una condonación parcial, sobre todo si se plantea como primer paso para una acción ulterior plena. Eso sí, la condición sine qua non, y en esto sí podrían ir los puigdemones en serio, es que la medida no fuese dentro de un decreto ómnibus, con otras varias decenas de cuestiones inconexas. O se trata de un decreto expreso, o no habrá apoyo. Ya votaron en contra en otras ocasiones de asuntos tan delicados como la revalorización de las pensiones o la prórroga de las rebajas en el transporte. No tuvieron problema alguno en hacerlo y en justificarlo. Por eso solo un decreto ad hoc podría hacer algo presentable este apoyo al Gobierno ante su electorado. No les falta razón, aunque la realidad es que los votantes de Junts empiezan a estar más preocupados por otras políticas, como lo muestra el trasvase de votos a la ultra Orriols y su Aliança Catalana. Los partidarios de Puigdemont, entre ellos mucha clase media alta, pequeños comerciantes, pymes y autónomos, están más preocupados por la inmigración, la inseguridad y la okupación, que por una independencia que ha dejado de estar en las primeras preocupaciones de los catalanes.
El apoyo a la quita puede ser factible, en la medida en que también los restantes socios pueden exhibir que sus territorios salen beneficiados. Lo que ocurre es que se trata de un asunto puntual, que no elimina los interrogantes que empañan la actual legislatura. Junts ha cortado con Moncloa y, amén de apoyos puntuales como en la deuda o la financiación, no volverá al pacto salvo que, poniendo un precio altísimo, Sánchez quiera pagarlo. Y tal asunto, amén de la vuelta del huido, no puede ser otro más que el referéndum, una consulta como primer paso para el Estado plurinacional, con dos naciones reconocidas (Cataluña y País Vasco) dentro de la Confederación Ibérica, que permitirían a vascos y catalanes tener una independencia cuasi de facto, y a Sánchez exhibirlo como un mero acuerdo político de territorialidad, que garantizaría que «España no se rompe».