La relación entre RTVE y Mediapro es cada vez más prolífica. La televisión pública se ha convertido en uno de los principales clientes de las productoras del grupo propiedad de Orient Hontai Capital, con decenas de acuerdos durante el último año, el primero con José Pablo López al frente de la Corporación. Según los datos consultados por El Confidencial, solo en 2025 se suscribieron al menos una veintena de operaciones, con una factura que ronda los 50 millones de euros.
El catálogo es amplísimo, incluyendo contenidos, servicios técnicos y financiación de películas del grupo. El Terrat, Globomedia, Big Bang, K2000, Overon, Mediapro Cine… El ente público ha comprado numerosos programas con costes millonarios y la previsión es que la tendencia sea la misma en 2026. López ya advirtió en las comisiones de control parlamentario en el Congreso y el Senado de su apuesta por las producciones externas y justificó las distintas ampliaciones de capital para hacer frente a la falta de medios. La última, como informó este periódico en septiembre, fue de 40 millones de euros.
Malas Lenguas es uno de los ejemplos. Dirigido por Jesús Cintora, se ha consolidado como uno de los platos fuertes de la parrilla política diaria de TVE, pese a las numerosas denuncias internas por presunta manipulación y mala praxis. La televisión pública ha dedicado ya más de 7 millones de euros para la continuidad del programa producido por Big Bang Media, que se emite tanto en La 1 como en La 2.
El Terrat, fundada por Andreu Buenafuente, es otra de las destacadas. RTVE y la productora suscribieron contratos por valor de 15 millones de euros de dinero público por contenidos como Futuro Imperfecto o Goyas Golfos, entre otros. Pero también para emisiones fugaces como Cuánto, cuánto, cuánto, que contaba con un presupuesto de más de 6 millones, pero fue cancelado a las primeras de cambio por mala audiencia.
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Globomedia o K2000 hicieron lo propio con producciones de distinta temática y formato. La factura de los primeros superó los 10 millones de euros por 59 segundos, Barrio Esperanza, Melodiva, La pirámide o La garita, mientras que los segundos apalabraron 600.000 euros por la película Laponia. La Corporación pública, además, destinó casi un millón de euros para adquirir los derechos de largometrajes de Mediapro Cine y otros 677.500 para la emisión de series como The Famous Five y Caminantes.
La cuenta del último año incluye también la compra de servicios técnicos a Overon y Unitecnic, otras dos empresas del grupo Mediapro. Según la documentación analizada por El Confidencial, sobre este extremo consta otra veintena de acuerdos, por valor de 6 millones de euros aproximadamente. Destacan servicios de almacenamiento, equipamiento, adquisición de software, soporte para sistemas de grabación o equipos de trabajo y servidores para postproducción y redacción.
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La relación entre la Corporación pública y el socio privado es enorme. La colaboración alcanza también a los derechos compartidos para la emisión del Mundial de fútbol de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, o la Eurocopa de 2028, en Reino Unido e Irlanda. Mediapro, según las fuentes consultadas, asume 18 de los 57 millones de euros en un caso y 17 de 50 millones en el otro. En ese sentido, RTVE también compró por 5 millones de euros los resúmenes de la liga de las temporadas 2025-26 y 2026-27.
Críticas de la plantilla
La apuesta por las producciones externas es una de las principales denuncias de los sindicatos y el Consejo de Informativos, que aseguran que existe un desprecio absoluto por los trabajadores de la casa desde la llegada a la presidencia de José Pablo López. CCOO emitió un comunicado para cerrar el año donde censuraba las dinámicas de la Corporación, con el argumento de que penaliza el trabajo propio, multiplica el gasto y merma la independencia y el control editorial en la cadena.
«La gestión de invitados, colaboradores y participantes la están haciendo las productoras. Esto introduce sesgos evidentes y resta control a RTVE», puntualizó en alusión a los profesionales que ya no dependen del ente, desde guionistas a reporteros gráficos y técnicos.
El Consejo de Informativos, que lleva ya varios meses de ‘Viernes Negros’ por la gestión de la dirección, criticó esta semana la externalización de servicios informativos, pese a que incumple la Ley 17/2006 de la radio y la televisión de titularidad estatal. «Esta vez, los programas de producción externa, que ya demuestran día a día no cumplir con los criterios de rigor periodístico necesarios en la televisión pública, serán los encargados de profundizar en el delicado contexto internacional con el que ha empezado 2026. No se nos pasan por alto las implicaciones que todo esto tiene en el panorama político nacional y el rédito electoral que se puede sacar«, dice.
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El organismo, con gran peso en el ente público, siempre se ha posicionado con los sindicatos y ha criticado en varias ocasiones el elevado gasto y las duplicidades de tareas. «El Consejo de Informativos denuncia este nuevo quebranto de la ley de radiotelevisión pública y exige que se dote a los Servicios Informativos de los medios y los recursos necesarios para hacer este trabajo de contextualización y profundización. Todo para seguir los criterios profesionales de una redacción independiente, no sujeta a contratos eventuales entre RTVE y productoras audiovisuales externas y privadas», asevera en el comunicado.
El clamor es generalizado. La sección sindical de Comisiones en Cataluña también se ha manifestado en esa línea durante los últimos meses, comparando el gasto millonario en productoras como El Terrat y la precariedad de determinados perfiles. «No hay dinero para la plantilla, pero sí para dárselo a la productora de Buenafuente, que no ha permitido que trabajadores/as de TVE en Sant Cugat participen en la realización de su programa», subrayaron.
CGT también emitió un comunicado esta semana por la externalización de los servicios informativos, con una crítica al programa Directo a la gente, producido por La Osa Producciones y Big Bang Media. «Estamos en contra de concebir la actualidad informativa como espectáculo de entretenimiento. Defendemos el servicio público«, apunta el sindicato, que denuncia el incumplimiento de la Ley 17/2006.
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