Ámsterdam, Países Bajos – Greenpeace Internacional está profundamente preocupada por la última acción militar ilegal del presidente Donald Trump contra Venezuela, que viola tanto el derecho internacional como sus poderes constitucionales como presidente de los Estados Unidos.
Afirmando tener el control de facto sobre el país, Trump declaró que Estados Unidos estaría «muy involucrado» en la industria petrolera del país.
“Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo crudo del mundo. Las propias palabras de Trump dejan claro que el control y la explotación de esas reservas es su prioridad actual. En una era de acelerado colapso climático, poner el ojo en las vastas reservas petroleras de Venezuela de esta manera es imprudente y peligroso. El único camino seguro hacia adelante es una transición justa que nos aleje de los combustibles fósiles, que proteja la salud, salvaguarde los ecosistemas y apoye a las comunidades en lugar de sacrificarlas en aras de beneficios a corto plazo”, advirtió Mads Christensen, Director Ejecutivo de Greenpeace Internacional.
En este momento crítico, los derechos, la seguridad y los intereses del pueblo venezolano deben ser lo primero. Los venezolanos deben tener derecho a decidir pacíficamente su propio futuro, sin coacción ni violencia. No se debe permitir que la situación sea explotada por gobiernos o empresas extranjeras con fines de lucro a corto plazo o ganancias extractivas.
“La comunidad internacional debe actuar ahora con decisión para defender el derecho internacional y evitar más daños. Los gobiernos deben rechazar la intervención militar unilateral, exigir una desescalada inmediata y reafirmar la prohibición de la Carta de las Naciones Unidas sobre el uso de la fuerza para obtener beneficios políticos o económicos. Los esfuerzos diplomáticos deben dar prioridad a la protección de la población civil, la supervisión independiente de los derechos humanos y los riesgos medioambientales, y la rendición de cuentas por cualquier violación”.
“Es fundamental que los Estados se resistan a los intentos de aprovechar la crisis para expandir los combustibles fósiles y, en cambio, movilicen apoyo financiero, legal y político para una transición justa que beneficie al pueblo venezolano, y no a los intereses petroleros”, afirmó Christensen.
El pueblo venezolano ha soportado años de agitación política, dificultades económicas y un profundo sufrimiento social, en gran parte intensificados por la dependencia extractiva y la presión externa. Es evidente que la estabilidad no vendrá de los yacimientos petrolíferos ni de la fuerza militar. Es hora de trazar un camino diferente. Mediante la movilización de financiación climática, el alivio de la deuda y el apoyo internacional para una transición justa hacia la energía limpia, los gobiernos pueden ayudar a lograr mejoras reales en los medios de vida, proteger los ecosistemas y apoyar una recuperación basada en la dignidad, la autodeterminación y un futuro libre de combustibles fósiles, moldeado por las personas y no por los beneficios económicos.
Consulta el comunicado en idioma original