El nuevo modelo de financiación autonómica que la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, presentó el pasado viernes llega bajo la promesa de que todas las comunidades mejorarán su situación con respecto al sistema actual, vigente desde hace diecisiete años y que caducó en 2014. Para ello, el Gobierno ha prometido aumentar el tamaño de la ‘tarta’, es decir, de los fondos de que podrán disponer las autonomías. Sin embargo, la propuesta del Gobierno ha cambiado el modo en que se reparte ese ‘pastel’ entre los distintos territorios.
Con el nuevo modelo, Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña, Murcia y Castilla-La Mancha aumentarían su participación en los ingresos autonómicos, mientras que el resto de territorios perdería peso (a excepción de Aragón, que se quedaría en la misma posición en la que se encuentra ahora). Salvo Cataluña, las otras cuatro se consideran infrafinanciadas por el sistema actual, al recibir hasta 1.000 euros por habitante ajustado menos que aquellas que salen más beneficiadas.
La nueva propuesta de Hacienda contempla inyectar 20.975 millones de euros a la enorme hucha de los recursos con los que cuentan las comunidades autónomas en 2027 respecto a lo que contemplaría el sistema inicial. Si tomamos como referencia el reparto de esos casi 21.000 millones que Hacienda ha desglosado por comunidades y lo aplicamos a los últimos datos disponibles del sistema (la liquidación de 2023), se observa que Castilla y León y Galicia son las autonomías que más peso pierden.
En concreto, Castilla y León pasaría a recibir del 6,22 al 5,62% de los fondos en este ejercicio teórico y Galicia del 6,73 al 6,25%. Tras ellas aparecen Madrid, que ve reducida su cuota en tres décimas (del 14,84 al 14,52%) y Extremadura (del 2,78 al 2,44%). Un segundo grupo de autonomías, formado por Canarias, Cantabria y Asturias, pierden dos décimas cada una de peso en el reparto, mientras que La Rioja y Baleares ceden una décima en su participación en los ingresos.
Ese terreno que han cedido dichos territorios ha beneficiado solo a cinco territorios (el efecto en Aragón es neutro): las cuatro comunidades que forman el grupo de las ‘infrafinanciadas’ con el sistema vigente (Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia y Castilla-La Mancha) y Cataluña, que cuenta con una financiación por habitante prácticamente en la media del país.
Comunidad Valenciana, que ganaría ocho décimas de cuota (pasaría de recibir el 10,67% de los recursos al 11,49%) es la que sale más beneficiada, seguida de cerca por Cataluña (del 17,29 al 17,90%) y Andalucía (del 17,81 al 18,45%), que incrementan en seis décimas su participación. Completan la lista Murcia (del 3,22 al 3,51%) y Castilla-La Mancha (del 4,65 al 4,81%), que ganan tres y dos décimas, respectivamente de peso en el reparto.
Es una propuesta que se aleja completamente de la idea de un concierto para Cataluña similar al foral, que avanza positivamente en algunos asuntos, y que «aborda el problema de infrafinanciación de algunas comunidades, entre las que destacan la valenciana y Murcia», sostiene a La Información Económica Santiago Lago, economista senior de Funcas y miembro de la comisión de expertos creada en 2017 por el gobierno de Mariano Rajoy para elaborar una propuesta de reforma.
Sin embargo, entiende que a la vez altera «de forma sustancial» el reparto, sobre todo para Cataluña, entre las que ya estaban con una financiación por habitante ajustado en la media o por encima. «En la medida en la que el resto de autonomías no ha participado en la definición de esa redistribución, va a generar respuestas contrarias y resistencias, además de la oposición de Junts», apunta Lago.
«En el momento en que tocamos piezas del modelo y especialmente la ordinalidad, hay que mirar primero a las comunidades que estaban bien posicionadas en el statu quo del 2009», apunta a este diario Diego Martínez López, catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide e investigador de Fedea. Por otra parte, el experto coincide en que el sistema es relativamente continuista respecto al anterior. No implica una enmienda a la totalidad, como podían dar a entender los acuerdos políticos para la investidura en Cataluña o la de Pedro Sánchez.