Familiares de seis jóvenes asesinados durante la primavera de 2017 en protestas contra la represión en Venezuela han solicitado este miércoles en Madrid que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) «acelere» la investigación de la denuncia contra el Gobierno venezolano interpuesta en febrero de 2018 por crímenes de lesa humanidad. Asimismo exigen al tribunal que emita una orden de detención contra Nicolás Maduro y su cadena de mando para que los asesinatos de sus hijos no queden impunes.
En la sede madrileña del bufete de abogados que lleva el caso en La Haya de ‘Venezuela 1’ (por encarcelamientos, torturas, violaciones y asesinatos) se han congregado las madres, padres, tíos y hermanos de Neomar, Armando, Paúl René, Daniel, Diego y David, abatidos por policías o militares de la guardia nacional en las calles venezolanas. «Nicolás Maduro debe pagar por todos estos asesinatos. Merecen reparación y justicia», han defendido.
Isabel De Figeiredo, madre de Diego Fernando Arellano, ha explicado en qué circunstancias perdió para siempre a su hijo el 16 de mayo de 2017. «Fue a protestar por las condiciones en Venezuela, le dieron un tiro y me lo mataron, como quien mata a un perro«, ha descrito. «Nunca tuvo afiliación política, era biólogo, era una persona interesada por los animales. Tenía 31 años y estaba empezando a situarse en la vida. En Venezuela el régimen chavista fue deteriorando las condiciones del país —de convivencia, de economía, de política—», ha dicho.
Acusan a Maduro de asesinato
Ahora que Maduro ha sido detenido y está procesado en EEUU por narcotráfico, la madre de Diego ha reivindicado que también sea procesado internacionalmente por el asesinato de decenas de jóvenes que salieron inermes a las calles a participar en protestas contra el régimen entre abril y julio de 2017. «Pido justicia por mi hijo. Nadie me lo va a devolver, pero ¡caramba!, que antes de que yo me vaya de este mundo pueda ver que los que lo mataron por lo menos son castigados».
El hermano de Paul René Moreno, Carlos Moreno, ha insistido en que lo que reclaman es «que se juzgue a Maduro». «Y a un sistema completo que nos quitó un pedazo de nuestras almas, que sigue torturando, que machaca la economía y atropella a las familias, a todas», ha continuado.
De su hermano, Moreno ha recordado que era un estudiante de medicina de 24 años que se había apuntado al servicio altruista de los cascos blancos de la Cruz Verde —que asistían médicamente a los heridos en las protestas — cuando fue arrollado mortalmente en una manifestación. «Tenía una vida por delante, era estudioso, exageradamente motivado para llevar salud y aportar su grano de arena a esa Venezuela que soñamos, que no ha comenzado todavía», ha resumido su hermano.
Retrasos en la Corte Penal Internacional
Los familiares han denunciado que la Fiscalía del CPI está retrasando en exceso la investigación de los crímenes debido a que el Gobierno de Venezuela pidió juzgar internamente cada caso. Sin embargo, ellos creen que la orden internacional de detención de Nicolás Maduro, con independencia de la situación actual como reo de EEUU, permitiría procesarle en La Haya por lo que consideran «una política criminal para perseguir a la población civil» a base de «ejecuciones extrajudiciales» de estos jóvenes «con disparos certeros en cabeza, pecho y cuello».
El abogado que representa la causa en La Haya, Juan Carlos Gutiérrez, ha explicado que en estos momentos está en el tejado del fiscal del CPI, Karim Khan, «presentar los casos, individualizar a los posibles responsables y emitir las órdenes de aprehensión».
Por su parte el catedrático Blas Imbroda, letrado penalista acreditado en la Corte Penal Internacional, ha criticado duramente la demora de más de ocho años en la investigación de la Fiscalía —»en absoluto aceptable» — y ha exigido a la Corte Penal Internacional una autocrítica.
Los letrados han recordado que mientras la causa por lesa humanidad en Venezuela lleva más de ocho años en la Corte, en otros casos, como los relacionados con la invasión de Rusia en Ucrania y la guerra de Israel contra Gaza se han dictado órdenes de aprehensión inmediatas contra Vladimir Putin o Benjamín Netanyahu.