Al cumplirse cuatro años del desastre ambiental ocurrido como consecuencia del derrame de petróleo que impactó las costas de Ventanilla (Callao), Ancón y Santa Rosa (Lima), así como de Chancay y Aucallama (Huaral), la Defensoría del Pueblo manifiesta su profunda preocupación ante la persistente falta de rehabilitación de las zonas afectadas, lo que mantiene en la incertidumbre a pescadores artesanales, comerciantes y residentes locales para retomar sus actividades económicas y recreativas con seguridad.
Asimismo, la institución advierte que, pese a las múltiples acciones de supervisión y monitoreo ambiental realizadas por las entidades competentes, la recuperación integral del ecosistema marino-costero continúa pendiente, debido a que los planes de rehabilitación aún no han sido aprobados de manera definitiva, lo que alimenta un clima de desconfianza sobre la calidad sanitaria de los recursos.
Ello pudo ser corroborado en una supervisión conjunta desarrollada en noviembre pasado en diversas zonas comprendidas desde Ventanilla hasta Aucallama, con la participación de diversas entidades y cuyos resultados muestran que, si bien en varias zonas no se superan los estándares ambientales de calidad para agua de mar, persisten concentraciones de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) en sedimentos que superan niveles de fondo en determinadas playas, lo que confirma la necesidad de una intervención de rehabilitación efectiva y sostenida.
Otro aspecto importante es el referido al proceso de compensación a las personas afectadas. En ese sentido, a finales de 2025, la Federación de Pescadores Artesanales Ancestrales exigió la instalación de una mesa de trabajo multisectorial para determinar de la magnitud real del daño y su temporalidad, evidenciando que la crisis continúa a pesar del tiempo transcurrido. Asimismo, mantienen sus demandas iniciales sobre la identificación de personas afectadas, la continuidad de las compensaciones económicas y la rehabilitación de las zonas impactadas
Si bien para la Defensoría del Pueblo resulta significativo el Registro Único Consolidado de Personas Afectadas, creado a partir de la Ley 32534, publicada el 16 de diciembre de 2025 y que comprende los derrames o fugas de hidrocarburos ocurridos en el litoral peruano que hayan sido declarados en emergencia ambiental desde el 1 de enero de 2022, resulta fundamental considerar la recomendación emitida por la institución para la modificación del anexo 4 del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, que busca una intervención estatal más robusta que garantice la participación activa, transparente y en condiciones de igualdad de los afectados en cada uno de los procesos de compensación, asegurando criterios técnicos, objetivos y sustentados en cada etapa.
Finalmente, desde la Defensoría del Pueblo, se recuerda que los planes de rehabilitación constituyen el instrumento central para garantizar la recuperación ambiental efectiva del litoral afectado, conforme al marco normativo vigente y a los Principios de Prevención, Reparación Integral y Responsabilidad Ambiental. Su aprobación oportuna y ejecución efectiva resulta indispensable no solo para restaurar los ecosistemas marinos y costeros, sino también para proteger los derechos fundamentales de las personas que dependen de estos territorios.
En ese sentido, la Defensoría del Pueblo exhorta a las entidades competentes a culminar de manera diligente y articulada la evaluación de los planes de rehabilitación, y a la empresa responsable a cumplir plenamente con las exigencias técnicas formuladas a fin de asegurar que, a cuatro años del derrame, la remediación ambiental deje de ser una promesa pendiente y se convierta en una realidad verificable. La Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso de mantener labores de supervisión en las zonas afectadas y a las instituciones competentes, con el objetivo de salvaguardar la integridad y los derechos de la población perjudicada.