«Ante esta formidable crisis de vivienda, una intervención del mercado centrada en bonificaciones fiscales a los propietarios no la vamos a apoyar nunca». Así de taxativo se mostró este viernes el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy (Sumar), después de que el PSOE abriera el jueves la puerta a modificar su planteamiento inicial —un 100% de bonificación en el IRPF para los caseros que no elevaran el precio de su alquiler al vencer el contrato— para contener a sus socios de izquierdas, que se han mostrado extremadamente críticos con la medida que presentó el presidente Pedro Sánchez el lunes pasado y que han exigido prorrogar los contratos que venzan en 2026 al mismo precio durante tres años.

Tras unos primeros días en los que el ala socialista del Gobierno se mostró inflexible con su idea de aprobar por decreto esta medida, la negativa tajante de sus socios y la constatación de que, sin ellos, cualquier decreto está abocado a ser tumbado en el Congreso han obligado al PSOE a moverse. Este jueves, fuentes de la formación, que controla el Ministerio de Vivienda, se mostraban dispuestas a revisar su planteamiento, aunque sin renunciar a su línea roja: incentivar vía IRPF a los propietarios para evitar subidas de rentas. «Sumar nunca ha estado tan cerrado», admitía una fuente socialista, que se declaraba sorprendida por la oposición de los de Yolanda Díaz.

En concreto, el PSOE valoraba ofrecer a sus socios una rebaja en el porcentaje de bonificación —que Pedro Sánchez fijó inicialmente en el 100%— o modular las deducciones en función de si se trata de grandes o pequeños propietarios. No obstante, Sumar recibió la idea con poco entusiasmo, si bien fuentes de la coalición aseguraban este jueves  que lo que debía hacer el ala socialista del Gobierno antes de nada era enviarles una propuesta por escrito para poder evaluarla, y se quejaban de que todo lo que conocían sobre la propuesta de vivienda del PSOE era a través de los medios de comunicación.

Este viernes, no obstante, Bustinduy elevó el tono y cerró la puerta la posibilidad de que Sumar aceptara cualquier tipo de rebaja fiscal a los propietarios para incentivar la congelación de los precios del alquiler. Lo primero, dijo, porque sería «ineficaz», ya que los caseros podrían ganar mucho más dinero elevando el precio una vez vencieran los contratos firmados en 2021 que lo que iban a poder deducirse con estas bonificaciones. Y lo segundo, sobre todo, porque el «drama» que supone para los inquilinos la «crisis» de acceso a la vivienda no puede parchearse con una medida que suponga ofrecer más dinero público a los propietarios, en opinión de Sumar.

«Según datos recabados por el Ministerio de Derechos Sociales, la renta media de los caseros en España es 23.000 euros superior a la de los inquilinos, en términos anuales», explicó Bustinduy, que expresó su rechazo frontal a «destinar recursos públicos para hacer esa brecha aún mayor». «La intervención del mercado debe ser para los inquilinos, con una solución plenamente constitucional como la prórroga de los contratos», espetó el ministro, que insistió en que, con dicha medida, «no pierde nadie», puesto que «los caseros van a seguir percibiendo sus rentas del alquiler como lo han hecho hasta ahora, y ya están en máximos históricos».