Madrid
La actuación de España ante la llegada del buque MV Hondius, en el que se detectó el brote de hantavirus, ha generado mucha polémica entre la población, que temía enfrentarse a una situación parecida a la vivida con el COVID-19, y también en parte del espectro político, con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, negándose a que el barco fondeara en Tenerife horas antes de la llegada de la embarcación. Pero, ¿por qué la OMS eligió a España en lugar de a Cabo Verde o a Marruecos para atender la emergencia sanitaria?
La OMS eligió a España principalmente porque cuenta con capacidad logística, sanitaria y de seguridad más que suficiente para ello, y también por solidaridad internacional. Además, Cabo Verde no podía atender con garantías esta operación y Canarias era el puerto más cercano y seguro para ello.
Un país preparado para algo así
De hecho, el director general de la OMS, Tedros Adhanom, ha incidido varias veces en que España, y concretamente Tenerife, estaban sobradamente preparadas para atender la emergencia, y también ha repetido en distintos momentos que «esto no es el COVID-19» y que el riesgo para la población es muy bajo.
Bien es cierto que, en un primer momento, Sanidad mostró reticencias a que la evacuación se llevara a cabo en España y pretendía que los pasajeros del MV Hondius fueran atendidos en Cabo Verde y que, posteriormente, el barco navegara directamente a Países Bajos, de donde procedía.
Negarse a realizar esta operación hubiera desprestigiado a España
Fue entonces cuando la OMS pidió a España que llevara a cabo el operativo, y el país aceptó por cumplimiento del derecho internacional, espíritu humanitario y obligación moral y legal de auxiliar a los pasajeros del buque, en el que además viajaban 14 españoles.
Además, Sanidad estableció una serie de condiciones para llevar a cabo el operativo, un total de cuatro. En primer lugar, exigió la creación de un protocolo de actuación para los casos confirmados y sus contactos, elaborado de forma conjunta por la OMS y el ECDC. Asimismo, reclamó el refuerzo de las capacidades de diagnóstico, la organización de una repatriación coordinada por la Comisión Europea y la OMS que garantizara la seguridad en los traslados y evitara cualquier riesgo para la población, y, por último, una comunicación clara, coordinada y constante entre todas las instituciones implicadas.
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En el plano legal, España tiene firmados tratados internacionales vinculantes y, aunque incumplirlos no supone una sanción directa, sí implicaría un desprestigio para el país, que ahora mismo se encuentra bajo la atenta mirada de la comunidad internacional.
En definitiva, y como ha expresado la ministra de Sanidad, Mónica García, este operativo es «muy importante no solamente para España, sino también para las autoridades sanitarias internacionales, ya que es la Organización Mundial de la Salud la que ha confiado en España para ello».