En plena transición hacia un nuevo orden internacional, todavía muy incierto, las campañas de desinformación se consolidan como una fuerza motriz maliciosa capaz de moldear la opinión pública, sembrar desconfianza en las instituciones y dividir a la sociedad. Desde 2023, sus efectos se perciben como una de las principales amenazas para la seguridad nacional en España, con una tendencia al alza en los próximos cinco años, según los expertos.
Con el único afán de desestabilizar, países como Rusia y organizaciones a su servicio aprovechan cualquier oportunidad para difundir información falsa o manipulada. La celebración de elecciones, conflictos geopolíticos como la guerra de Ucrania, el control de los recursos energéticos, los movimientos migratorios o las catástrofes naturales les sirven de catapulta para generar desconfianza.
Vladímir Putin aprovechó la tragedia de la dana en Valencia, que se saldó con 229 muertos, para lanzar teorías conspirativas y «proyectar una imagen de país sumido en el caos». Esta dinámica se ha repetido a lo largo de 2025 pero con cambios «cualitativos» en los objetivos.
Según el informe anual del Departamento de Seguridad Nacional, se han detectado estrategias para «influir» en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en las Fuerzas Armadas. «Actores vinculados al extremismo, antieuropeísmo y afines a Rusia buscan erosionar su neutralidad institucional», apuntan, aprovechando el relato de un supuesto “declive moral” de la sociedad europea y un aumento de la inseguridad. Su propósito, subrayan, es «alinear a los servidores públicos con tesis desestabilizadoras».
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En el caso de las Fuerzas Armadas, se han identificado también campañas que buscan destruir su crédito social, con el cuestionamiento de su propia capacidad operativa. En misiones exteriores, destaca el informe, se ataca la legitimidad del mandato y la eficacia de las operaciones militares.
A estas injerencias y a los intentos de condicionar la opinión de policías, guardias civiles y militares se ha añadido otra innovación de carácter más general: la difusión de falsos consensos sociales para «legitimar discursos marginales y fracturar la percepción de la realidad compartida». Una sofisticación que va más allá del «ruido» de los mensajes falsos y que apela a un mundo inexistente que se presenta como auténtico.
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Seguridad Nacional menciona a Rusia como el actor que continúa desarrollando campañas desinformativas contra España, Europa y regiones de su interés en África e Iberoamérica. El Kremlin, afirma, ha explorado diferentes entornos, hasta la fecha con menor incidencia, como TikTok o Discord, para ejecutar sus estrategias y se ha valido de la inteligencia artificial para ampliar el volumen de mentiras. Gracias a la IA ha conseguido una penetración mayor y mejorar su apariencia de veracidad.
A lo largo de 2025, con la evidente finalidad de polarizar, la desinformación ha profundizado en narrativas antieuropeas e identitarias, con una mayor hostilidad al colectivo LGTBIQ+ y la promoción de discursos ultraconservadores, especialmente durante las elecciones en Europa del Este. Se ha insistido en explotar las emergencias o las catástrofes, también en este caso para desacreditar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Y se ha tratado, de nuevo, de sacar partido con la vinculación de migración con inseguridad con los sucesos de Torre Pacheco (Murcia), en julio de 2025, como caso paradigmático de desinformación, orquestada para producir episodios violentos. «Se registró un aumento de actividad digital sobre inmigración ilegal donde la intensidad narrativa precedió a la escalada de violencia física, estableciendo una correlación directa entre la saturación cognitiva en redes y la materialización de riesgos para la seguridad pública», explica el texto.
En plena transición hacia un nuevo orden internacional, todavía muy incierto, las campañas de desinformación se consolidan como una fuerza motriz maliciosa capaz de moldear la opinión pública, sembrar desconfianza en las instituciones y dividir a la sociedad. Desde 2023, sus efectos se perciben como una de las principales amenazas para la seguridad nacional en España, con una tendencia al alza en los próximos cinco años, según los expertos.