El Real Madrid presentó la pasada semana a su último fichaje, Franco Mastantuono, la joven perla argentina que se entrenó en solitario en Valdebebas y esperó hasta cumplir 18 años para ser inscrito oficialmente por restricciones de la FIFA.
Alcanzada la mayoría de edad, Franco Mastantuono se enfundó el día 14 la camiseta blanca con el dorsal 30. Fue inscrito con ficha del Castilla, a pesar de haber costado 45 millones de euros y de que el club disponía de una plaza en el primer equipo.
«Le había pedido al presidente si podía usar el número 30, es un número muy especial para mí. Es el que usaba en River y seguía teniendo la ilusión de seguir llevándolo. Por suerte, así se dio», expresó Mastantuono en su presentación.
La explicación técnica reside en la normativa española: los clubes de LaLiga solo manejan 25 fichas profesionales numeradas —del 1 al 25—, por lo que la inscripción en el filial es un recurso administrativo para gestionar dorsales y plantilla.
Según el artículo 125 del Reglamento General de la RFEF veta que la relación de dependencia filial sirva para eludir el espíritu de la norma, calificando como fraude de ley cualquier pacto interpretado en ese sentido.
Pese a ello, la práctica es cotidiana. Equipos de Primera recurren a inscripciones en filiales por razones contables y salariales; la polémica crece cuando el protagonista es el Madrid por la magnitud mediática y económica del fichaje, pero no por excepcionalidad jurídica.
En la práctica, cualquier club podría presentar una denuncia, pero sería una acción con pocos visos de prosperar: la generalización del mecanismo y la doble vía legal de alternancia entre filial y primer equipo reducen el recorrido sancionador.
Además, el propio club tendría una defensa sencilla: alinear a Mastantuono en el Castilla o acreditar que su uso responde a criterios de plantilla evita la tesis del fraude, complicando una condena por alineación indebida prevista en el artículo 248.
Precedentes cercanos avalan esta tesis. Casos de jugadores de alto precio inscritos inicialmente en filiales, como el de Vinicius, muestran que la resolución disciplinaria suele dirimirse a favor de criterios administrativos y deportivos combinados.
La lógica económica subyacente es el Fair Play Financiero y el límite salarial de LaLiga, que empujan a clubes a fórmulas contables para inscribir incorporaciones sin agravar el tope salarial, una práctica tolerada y regulada dentro del marco normativo.
Ejemplos de los últimos años lo confirman: Dario Essugo, Fábio Silva y Julián Araujo (Las Palmas), Sergi Altimira y Chadi Riad (Betis), Samu Omorodion (Alavés), Sergio Camello (Rayo) o Lucien Agoumé y Hannibal Mejbri (Sevilla) son solo algunos de los jugadores que fueron inscritos con ficha de filial en sus clubes pese a formar parte del primer equipo desde el inicio.
Por tanto, sostener que el Real Madrid —que no obtiene ningún beneficio— está incurriendo en una irregularidad sólida es exagerado: la combinación de norma, práctica habitual y alternativas administrativas hace que una denuncia, improbable, tenga escaso recorrido jurídico y pocas opciones de prosperar.
Así pues, la hipótesis de una impugnación tiene más fuerza en los titulares que en los tribunales deportivos: jurídicamente, su recorrido es realmente muy corto.